Confianza en las instituciones públicas:

Chile se está alejando del promedio de la OCDE en materia de confianza institucional. Mientras la confianza en los gobiernos centrales del bloque se estabilizó en torno al 40%, en Chile cayó de 30,4% en 2023 a 25,7% en 2025. El deterioro es transversal: solo un 20% confía en los funcionarios públicos del gobierno central —el nivel más bajo entre los países miembros de la OCDE—, mientras la confianza en el Congreso Nacional llega a 16% y en los partidos políticos a 11%.

El problema no se limita a las instituciones políticas. Las mayores brechas con la OCDE están en aquellas encargadas de aplicar las reglas y prestar servicios públicos: la confianza en los tribunales y el sistema de justicia alcanza 24%, 30 puntos porcentuales bajo el promedio del bloque, y la satisfacción con los trámites del Estado cayó de 51% a 48%. El estudio muestra además que uno de los principales determinantes de la confianza es cómo se toman las decisiones públicas: las personas valoran que el Estado decida con información, escuche a distintos actores y tenga capacidad de corregir el rumbo.

A partir de este diagnóstico, proponemos avanzar sobre dos causas estructurales en las que el Estado sí puede intervenir. Por una parte, modernizar el empleo público sobre la base del mérito y el desempeño, con concursos objetivos, mejores sistemas de evaluación y reglas más claras de ingreso y salida. Por otra, instalar un sistema integral de mejora regulatoria que haga más transparente y escrutable la toma de decisiones, mediante evaluación ex ante y ex post, participación temprana, una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y mayor apoyo técnico al Congreso. Un Estado que ejecuta mejor y decide de manera más transparente puede empezar a recuperar confianza.