Crisis 2: Economía

Desafío Economia sostenible de riquezas naturales:

Concesiones, mayor eficiencia en materia de permisos y fomento a la innovación

Varios de los grandes desafíos globales, como la carbono neutralidad, la electromovilidad y la alimentación saludable, están ligadas a nuestras principales actividades productivas.

Sin embargo, Chile no podrá responder a estas necesidades de forma oportuna, y desaprovecharemos inmensas oportunidades de prosperidad, si persiste la pérdida de dinamismo y la dificultad para llevar adelante nuevos emprendimientos y proyectos basados en nuestras riquezas naturales.

Es urgente desafiar esa percepción instalada de que la economía de recursos naturales es “extractivismo indeseable”, y que solo mediante la producción de bienes elaborados se obtiene valor agregado.

Junto con ello, se debe lograr un nuevo equilibrio en los procesos de permisos, entre estándares medioambientales exigentes y participación ciudadana oportuna por una parte, y certeza jurídica y predictibilidad de plazos y criterios por la otra.

En un país como Chile donde sus grandes proyectos de inversión están directamente vinculados a la transición energética y el cambio climático, el paradigma de los procesos de autorización del pasado puede transformarse en una piedra de tope para cumplir con las ambiciosas metas ambientales que el país se ha fijado.

Debemos transitar de la hostilidad al orgullo: Chile como pieza clave en la transición hacia la carbono neutralidad, la circularidad y la alimentación saludable.

La situación actual que debemos desafiar

Trabas,
tensiones y
percepciones instaladas

El debate sobre los recursos naturales se divide entre quienes creen que solo el Estado debe administrarlos con mínima participación privada y quienes piensan que deben ser propiedad privada sin regulaciones como royalties o estándares de sostenibilidad.

Desafíos en la gestión y regulación de los Recursos Naturales

Trabas, tensiones y percepciones instaladas

Solo es posible pensar en desarrollo si quienes planean invertir gozan de certeza jurídica y, al mismo tiempo, existe un piso de legitimación social sujeto a:

  • Estándares de sostenibilidad exigentes.
  • Aportes al fisco proporcionales al tamaño de las oportunidades otorgadas por el Estado que las acoge.

En lo referido a la propiedad de los recursos naturales y el rol del Estado, buena parte del debate transita entre dos extremos.

  • En una esquina están aquellos que sostienen que sólo el Estado puede administrar estos bienes, y que a lo mucho corresponde invitar a privados como socios minoritarios.
  • En la otra esquina quienes arguyen que las concesiones o derechos de uso de bienes comunes como el agua, los minerales o la superficie del mar no debieran admitir intervenciones regulatorias, tales como royalties, estándares de sostenibilidad, causales de caducidad o límites temporales, pues están protegidas por el derecho de propiedad.

En cuanto al valor agregado, encontramos también una percepción dicotómica entre dos posiciones extremas.

  • De un lado están quienes sostienen que lo único que hemos hecho a lo largo de nuestra historia económica es exportar “palos, piedras y frutas”. A juicio de quienes militan en este bando, venimos despilfarrando de forma sistemática nuestros recursos a causa de sub-aprovechamientos. Así, Chile sería una economía sofisticada solo en la medida que venda baterías de ion de litio o, por qué no, autos eléctricos en vez de carbonato de litio, como ocurre hoy.
  • En la otra esquina están quienes no prestan atención alguna a estrategias de más largo plazo y solo procuran vender a buen precio hoy, sin el más mínimo interés por sofisticar ahí donde convenga hacerlo hacerlo, o que desconfían de cualquier rol del Estado como generador de incentivos. Para ellos no hay ninguna decisión estratégica que podamos tomar como país, pues es el mercado y sus actores racionales quienes tomarán las decisiones correctas respecto a cómo y en qué invertir.

Un análisis ponderado requiere reconocer que cada caso es diferente. Es, desde luego, vital propender a identificar y luego aprovechar aquellas actividades que generan mayor valor agregado, pero ellas no necesariamente son las que se emplazan más cerca del producto final (“aguas abajo”), sino que muchas veces se puede producir altos niveles de valor agregado en los mismos procesos productivos (“aguas arriba”).

Por último, también encontramos dos posiciones opuestas en lo referido al impacto ambiental asociado a la economía de recursos naturales.

  • En un extremo encontramos, cada vez con mayor frecuencia, personas y agrupaciones que entienden toda iniciativa asociada a los recursos naturales como una que necesariamente depreda y es, por tanto, indeseable. Para ellos no hay beneficios sociales ni medida de mitigación que permita tolerar siquiera el riesgo de un impacto ambiental, y por lo tanto la única estrategia legítima es la oposición a rajatabla. Dentro de esto grupo hay quienes incluso plantean el decrecimiento como camino a seguir.
  • Existen otros que ven las exigencias ambientales en esencia como un obstáculo al desarrollo, cual molestia que ojalá se pudiese driblear sin que nadie se enterase. Para ellos todo tipo de estándar ambiental es un sinsentido, y todo proceso de autorización es burocracia innecesaria.
  • Sin embargo, no es posible enfrentar algunos de los desafíos ambientales más acuciantes de la humanidad, en particular el cambio climático, sin aumentos muy sustanciales en la provisión de ciertos recursos, como cobre, litio y hierro, madera, alimentos del mar y de la tierra. Al mismo tiempo, se requiere de cambios profundos a la forma en que muchas industrias producen, y el mayor desarrollo de la normativa ambiental ha permitido evitar daños irreparables a la biodiversidad y a las comunidades aledañas a proyectos de gran envergadura. En Chile, a diferencia de otros países que experimentan grandes tensiones en torno al cuidado de la naturaleza y el aprovechamiento de sus ventajas comparativas, los desafíos de adaptación al cambio climático y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero son funcionales a nuestro desarrollo económico. En nuestro caso entonces no estamos ante la disyuntiva entre crecer o reducir emisiones, el proceso de transitar a una matriz energética renovable, a la electromovilidad, y a una alimentación menos contaminante puede y debe generar crecimiento económico, empleo y fortalecer a las regiones del país.

Algunos antecedentes y datos

  • Chile es especialmente fuerte en áreas asociadas a recursos naturales. Por azar nos tocó el 30% de las reservas mundiales de cobre y las de litio de mejor calidad. Por esas cosas del destino, el desierto de Atacama posee la mejor radiación solar del mundo entero, y Magallanes es una de las zonas donde el viento sopla de forma más sostenida. Las plantaciones forestales maduran a una velocidad inusual, y la Patagonia chilena es una de las pocas grandes áreas de fiordos de aguas tranquilas que no se congelan en invierno, que es exactamente lo que requiere la acuicultura.
  • Contamos con miles de kilómetros de costa aptas para la desalación de agua marina y aptitud para explotar otras fuentes de energías renovables no convencionales como las “tierras raras” o el hidrógeno verde.
  • Sin embargo, las concesiones acuícolas se encuentran estancadas desde el año 2017 y la industria está en constante roce con las autoridades de turno. No podemos obviar que el desafío del cambio climático y la transición alimenticia que enfrentamos requiere de nuevas fuentes proteicas, de generación masiva y baja huella ambiental. En ese sentido, la salmonicultura patagónica puede adquirir un rol importante, pero si no se toman medidas para fomentar esta industria de manera sostenible la posición de segundo productor mundial podría verse en riesgo.
  • A su vez, el proceso de obtención de permisos para nuevos proyectos de inversión en el área de recursos naturales es cada vez más incierto y lento. El Observatorio de Productividad de la CPC catastraba a enero de 2024 un total de 199 proyectos de inversión ingresados al SEIA que acabaron en tribunales ambientales, por un monto de US$ 57.536 millones.
  • Del total de 170 causas con sentencia en primera instancia en algún tribunal ambiental, el tiempo transcurrido entre el y la sentencia es de 393 días corridos en promedio. En caso de que se presente un recurso de casación ante la Corte Suprema, el lapso se extiende en un promedio de 378 días corridos adicionales.
  • En ciertos casos, conciliar conservación y desarrollo parece una tarea casi inalcanzable. La omisión de seis especímenes de naranjillo en el estudio de impacto ambiental respectivo frustró un cuantioso proyecto de tierras raras en Biobío, en lugar de consensuar algún mecanismo de traslado. En Magallanes el proyecto de hidrógeno verde Faro del Sur, por un total de 325 MW de generación renovable y US$ 500 millones de inversión, fue retirado temporalmente por sus titulares, HIF y Enel Green Power, por exigencias inusuales respecto a las rutas de migración de aves. Mientras nuestro país impone estas exigencias para el desarrollo de tecnologías clave para combatir el cambio climático, BP anunció en Australia una inversión de $36 mil millones de dólares para producir 1,6 millones de toneladas de hidrógeno verde.
  • Previo a la dramática temporada de incendios del verano del ’23, el INFOR contabilizaba entre el Maule y Los Lagos 810.000 hectáreas con vocación forestal que carecen de uso agrícola, bosque nativo y títulos de merced, equivalente a 10.100 veces el Parque O’Higgins. Tras los siniestros del año pasado esa cifra aumentó aún más.
  • Otro ejemplo que evidencia la gigantesca oportunidad que hemos subaprovechado es el del litio. Los salares del norte chileno poseen las mejores condiciones naturales del mundo, pero debido a una regulación anacrónica que impide su concesión, como todos los otros minerales en Chile o como el litio en todos los otros distritos mineros del mundo, Chile perdió el liderato que ostentaba hasta mediados de la década pasada. Fuimos desplazados por Australia, un país con condiciones tan inferiores a las nuestras que cada tonelada producida exige emitir siete veces más gases de efecto invernadero.

41

Puntos de participación en el mercado mundial del litio

Ha perdido Chile, desde el 2004, debido a la falta de concesibilidad del mineral.

30%

De las reservas mundiales de cobre y litio

Están en Chile (y de la mejor calidad).

393

Días corridos en promedio

Es el tiempo transcurrido desde la presentación de un caso en el SEIA y su resolución. 

Pudiéndose extender a 378 días más si se apela en la Corte Suprema.

199

Proyectos de inversión ingresados al SEIA

Terminaron estancados en tribunales ambientales, a enero del 2024.

Esto implica que se dejaron de invertir US$ 57.536 millones.

propuestas
para romper la inercia

Debemos avanzar en políticas públicas que permitan conciliar la conservación ambiental con la generación de empleo y actividad económica.

Reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental y de permisos sectoriales.

En una primera etapa, avanzar hacia un sistema de evaluación ambiental en dos etapas, donde la primera de ellas permita determinar la viabilidad de un proyecto sin requerir grandes inversiones para el titular de un proyecto. Esta etapa, que concluiría en “términos de referencia vincultantes” sentaría las bases para una segunda etapa de evaluación en base a antecedentes definitivos del proyecto y de carácter técnico, con un nivel de incertidumbre sustantivamente más baja. Se requerirá también avanzar a un nuevo rol del ente evaluador compatible con el rol de adaptación ambiental que tienen buena parte de los grandes proyectos de inversión en el país.

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Modernizar el sistema de concesiones para el desarrollo de industrias basadas en bienes naturales.

En una primera etapa, establecer un régimen de concesiones o contratos de operación abierto y competitivo para el litio; y modernizar el régimen de concesiones de acuicultura, marítimas y desalación, entre otras.

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