Más allá del salmón:

La Ley Lafkenche persigue un objetivo legítimo: reconocer y proteger el uso consuetudinario –entendido como las prácticas tradicionales habituales por parte de una comunidad indígena– del borde costero. El problema no está en ese propósito, sino en su efecto sobre otras solicitudes en trámite: concesiones marítimas, de acuicultura y de áreas de manejo.

Hoy, todas ellas quedan suspendidas hasta que dicho uso sea verificado. Esa suspensión, lejos de ser breve o acotada, mantiene congelado por años a un amplio universo de solicitudes, por lo que vale la pena desmenuzar ciertas creencias y datos relevantes para la discusión pública.

En primer lugar, la ley no distingue especie ni actividad. Según datos de Subpesca y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas obtenidos por transparencia, solo 33 de las 824 solicitudes afectadas corresponden a salmonicultura; el resto son 276 acuícolas no salmoneras, 405 concesiones marítimas y 110 áreas de manejo (AMERB). Como consecuencia, la parálisis recae mayoritariamente sobre el resto de los usuarios del borde costero, que suelen quedar fuera de la discusión.

En segundo lugar, el proceso en que realmente opera la suspensión de solicitudes –la verificación del uso consuetudinario, a cargo de Conadi–, que no debería demorar más de un mes, ha promediado 28 meses, mientras que la aprobación promedio de los ECMPO toma casi siete años. El congelamiento dura, así, más que el horizonte de la mayoría de las inversiones.

Al respecto, las cifras muestran una realidad alarmante: poner en operación una concesión salmonera cuesta del orden de US$6 millones, por lo que solo las 33 solicitudes salmoneras congeladas ya equivalen a unos US$200 millones de inversión inmovilizada. Y esa cifra es apenas el piso: no incluye los cientos de otras solicitudes también congeladas, ni la inversión que ni siquiera llega a presentarse. Ese costo invisible probablemente supere todo lo anterior.

Podría pensarse que nada de esto afecta realmente, por ejemplo, a la industria salmonicultora, ya que no ha dejado de crecer en cuanto a millones de dólares exportados. No obstante, en ese análisis existe un fuerte sesgo de variable omitida: la producción física se mantiene estancada desde 2019.

El crecimiento observado corresponde al valor –impulsado por una mayor eficiencia– y al número de ejemplares –debido a la reducción de mortalidad y escapes–, y no a una expansión de la industria. Y el canal de la expansión está cerrado: de 1.315 concesiones salmoneras, apenas 17 se otorgaron tras 2017, frente a más de 180 en Noruega en el mismo período. El valor creció, pero eso no vuelve inocua la ley: agotado dicho margen de crecimiento, se hace imperativo tener más espacio para producir. Ese es justamente el canal que la normativa bloquea, revelando una restricción activa severa, no su ausencia.

La escala del espacio paralizado lo dimensiona: las solicitudes de ECMPO pendientes abarcan unos 2,3 millones de hectáreas, y más de la mitad del borde costero de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos tiene hoy una solicitud pendiente sin verificar. Y un dato reordena el debate: al congelar 110 AMERB, la ley suspende a pescadores artesanales en beneficio de una solicitud que ni siquiera ha sido verificada. El conflicto no es «pueblos originarios contra la industria salmonera», sino un instrumento mal diseñado que enfrenta entre sí a los usuarios del borde costero y posterga a comunidades con otras solicitudes igualmente válidas.

Nada de esto significa que la ley deba desaparecer. El proyecto que hoy tramita el Senado avanza en la dirección correcta, aunque de forma todavía incompleta. Desde Pivotes proponemos, en lo esencial: activar la suspensión solo tras verificar el uso consuetudinario y con un tope de un año; extender el análisis de superposición a las solicitudes en trámite, no solo a las ya otorgadas; eliminar el silencio administrativo positivo de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), que hoy aprueba ECMPO sin análisis técnico, por el mero hecho de no sesionar; y dotar a Conadi del personal que su mandato exige, hoy inviable con apenas cinco funcionarios en promedio por cada proceso de verificación.

Así, proteger el uso consuetudinario y devolver certeza jurídica al borde costero no son objetivos en tensión, sino las dos caras de una misma reforma. El primer paso es corregir un diseño que hoy no protege correctamente a nadie: ni a las comunidades con solicitudes genuinas, ni a los pescadores cuyas AMERB quedan congeladas, ni a las regiones que dependen de una inversión que no llega.