A no quedarnos cortos:

El actual gobierno llegó a La Moneda con la promesa de hacerse cargo de dos grandes emergencias: la económica, y la de seguridad. La primera fue abordada a través de la ley de reconstrucción, que tenía un foco claro en atraer inversión. No fue sorpresivo entonces que las propuestas apuntaran a dos de las principales variables para movilizarla, las reglas tributarias y las de permisos.

El pilar tributario fue aprobado en su totalidad, y el Tribunal Constitucional ya despejó el camino para su implementación, echando de paso por tierra la cuestionada idea del ‘seguro’ ante la invalidación de RCA. El ejecutivo perfilaba este mecanismo como el principal estímulo para alcanzar la anhelada certeza en materia de inversión, desafío en el que ya distintas administraciones han venido fracasando.

Sin perjuicio del debate público y el juicio de constitucionalidad respecto de esa idea, urge saber de qué manera el Ejecutivo piensa ahora hacerse cargo de tal desafío. Es cierto que se discute una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que fue impulsada por el gobierno del Presidente Boric, y que hoy el Ejecutivo continúa tramitando, pero ésta, de acuerdo a nuestro diagnóstico, difícilmente moverá la aguja para un gran inversionista local o extranjero. Es del todo necesario reforzarlo, y pensamos que todavía estamos a tiempo para hacerlo. En ese sentido, sugerimos algunas alternativas de soluciones que podrían generar un consenso técnico respecto a su eficacia que facilite su avance y con potencial para resolver los problemas asociados a largos plazos e incertidumbre del actual proceso.

Una alternativa es adelantar decisiones que hoy se toman al final de la evaluación, especialmente aquellas de índole política (previo informe de estas autoridades) y que no requieren de tanta información ingenieril del proyecto. La compatibilidad territorial, la definición de la línea de base, la identificación de los servicios y de los principales riesgos a evaluar pueden resolverse mucho antes de lo que se hace hoy, y despejar tempranamente la viabilidad de los proyectos. Estas definiciones podrían ser parte del actual primer ICSARA, evitando cambios estructurales al proceso. Esto ayudaría a transformar el resto de la evaluación en un proceso eminentemente técnico, con menor espacio para la incertidumbre política y, eliminar la única justificación real que tiene el Comité de Ministros como instancia de impugnación (control político).

Una segunda es fortalecer realmente el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), como responsable de evaluar ambientalmente las iniciativas, eliminando la figura de los Organismos del Estado con Competencias Ambientales. La verdadera rectoría técnica del SEA debe manifestarse en criterios hegemónicos de evaluación, con una planta de profesionales sólida y recursos adecuados para atraer talento y eficiencia en el proceso. Este cambio se puede lograr sin una sobrecarga a la billetera fiscal, sino traspasando recursos y funcionarios desde otros servicios que hoy tienen como principal función la de ser colaboradores del SEA en la evaluación de proyectos. Esta alternativa le permitiría también a diversos servicios públicos, enfocarse en una serie de otras tareas para las que sí han sido creados.

Finalmente, es importante racionalizar los procesos de participación ciudadana y especialmente indígena, estableciendo deberes que garanticen el ejercicio legítimo de tales derechos a todas las partes, aumentando también los requisitos de transparencia de modo de evitar las lógicas transaccionales alejadas de los reales impactos, que han transformado tales procesos en un verdadero negocio paralelo.

Recientemente la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, señaló en un foro que ‘el SEA ha recibido muchos golpes el último año y queremos volver a posicionarlo como un organismo técnico, experto, pero, por sobre todo, efectivo’. Vayan acá tres ideas que apuntan en tal dirección. Desaprovechar la actual fase de discusión legislativa sería un error. Tomarnos el tiempo para debatir estas u otras ideas, puede ser mucho más rentable para el país y sus ciudadanos, que conformarnos con ajustes que, seguramente, se quedarán cortos.