Mejor no hablar de ciertas cosas

Hace algunos días el senador Arturo Squella planteó la posibilidad de vender entre un 15% y un 25% de la propiedad de Codelco —manteniendo el Estado el control mayoritario del directorio y de los excedentes— para dejar entrar un poco de «oxígeno privado» a una empresa con más de US$26.000 millones de deuda. Una fórmula con precedentes en otras petroleras y mineras estatales del mundo, planteada, además, como pregunta abierta y no como programa de gobierno. La carga fue pequeña. La explosión, no.

Después de la detonación, zona de exclusión. El Gobierno descartó la idea. La oposición la rechazó en bloque. Chile Vamos tomó distancia. El Partido de la Gente se sumó al repudio. Sin hechos controvertidos, citadas las partes a oír sentencia. El juicio más rápido que se ha visto en la historia de Chile.

¿Por qué en nuestro país casi cualquier cosa admite discusión, excepto las que se refieren a la propiedad de Codelco? La diputada Gael Yeomans lo dijo sin ambages: le «parece inaceptable» que el presidente de un partido siquiera piense en la privatización de Codelco. Creación del Ministerio de la Verdad: nuevo ítem en la agenda de seguridad.

La nacionalización del cobre, en 1971, fue celebrada como un acto de soberanía. Tres años después, el DL 600 tuvo que salir a poner paños fríos, ofreciéndole al capital extranjero las garantías que la nacionalización le había quitado. Pero este detalle nunca alcanzó a instalarse en la memoria colectiva de la misma forma que sí lo hizo la épica del 71: el pequeño país que le arrebató sus minas a las grandes empresas y salió indemne. Más allá de si técnicamente fue o no la mejor decisión, lo que se fijó en nuestro imaginario no fue un balance de costos y beneficios, sino un relato de dignidad recuperada.

El tiempo, que normalmente actúa como un antibiótico a los consensos y pasiones, no ha encontrado la forma de tratar esta verdad fundacional. Tocar Codelco no se procesa como una reforma más, sino como una amenaza a un dogma de fe. Y los dogmas no se debaten: primero se aceptan, y después, se defienden, como el cuerpo protege lo que reconoce como propio, sin preguntarse si todavía le hace bien.

«El cobre es de todos los chilenos». Invocación que funciona como cierre de conversación, jamás como el inicio de alguna. Basta repetirla para que cualquier propuesta sobre el mineral, por moderada que sea, pierda el derecho a la discusión técnica y sea juzgada, de inmediato, en el competente y muy resolutivo tribunal de lo moral.

Pero el problema real de los dogmas no es solo que no resistan otras opiniones, sino que tampoco ceden ante los hechos. Y estos son incómodos. Hoy, cualquier indicador que se revise —costos, márgenes, deuda, flujos de inversión— expone una empresa exigida al límite. ¿Qué hacemos con eso? ¿De qué sirve la épica de la soberanía si el negocio, medido en sus propios términos, no funciona?

Por un lado, ni siquiera los dirigentes de la derecha —que en privado reconocen que la empresa necesita un cambio estructural— se atreven a defender la idea en público: saben que el costo político no es proporcional al argumento, sino al solo hecho de haberlo mencionado.

Por otro lado, para buena parte de la izquierda chilena, ceder aunque sea un 15% de Codelco no se procesa como una decisión de ingeniería financiera, sino como una derrota histórica. Codelco no es solo una empresa estatal más entre las treinta y tres que tiene el Fisco. Tocarla, se lee como la rendición final de un proyecto político que ya perdió casi todas sus otras batallas.

Mantenerla fuera del debate también conviene a quienes se benefician de su opacidad. El tabú no solo protege relatos de soberanía y carreras políticas. También ampara, de paso, a quienes han hecho del gatopardismo una forma de gobierno, mientras nuestra libra de cobre sigue siendo la más cara del mundo.

Si Codelco debe o no privatizarse, es una decisión de expertos. Pero hay una pregunta que todos nos debemos hacer: ¿Qué dice de la madurez de nuestra conversación pública que un tema quede completamente excluido del debate y censurado previamente por una norma que nadie escribió pero que todos acatan? ¿Y qué dice de nuestra política que la propiedad de una empresa minera termine funcionando, para ambos bandos, como el último territorio que nadie está dispuesto a ceder, más por lo que simboliza perder que por lo que efectivamente se pierde?

Sin esta discusión, perdemos todos.

Porque si algo es claro, es que el cobre, bajo tierra, no es de nadie. Lo único que sí es de todos los chilenos es el derecho a heredar, una vez que sale, lo mejor de él.