La batalla que no es cultural

Frente al estancamiento, el pesimismo y la desconfianza: batalla cultural. Izquierdas y derechas, unas más, otras menos, empuñan esta arma desde que en nuestro país comenzó a agrietarse el consenso postransición. Un sector la usa como manual de despliegue: «(…) esta batalla la tenemos que dar en los parlamentos, en las aulas, en los medios de comunicación»; el flanco contrario pide lo mismo con otras palabras: «(…) invertir dinero, contratar profesionales para disputar el relato, igual que hace la derecha con las AFP».

Detrás de la consigna hay casi un siglo de teoría. Fue Antonio Gramsci, destacado teórico marxista, quien sostuvo que la hegemonía no se impone; se construye controlando la educación, los medios y el sentido común. La izquierda entonces, heredera más directa de ese marco, fue la que primero llamó a tomarse esos espacios, mientras a la derecha se la ha acusado durante años de no querer (o no saber) dar esa pelea.

Pero hoy, ambos flancos la reclaman con el mismo lamento invertido. Esa coincidencia, lejos de tranquilizarnos, es motivo de sospecha. Porque si todos prefieren disputar el relato antes que revisar su gestión, es porque lo primero resulta más cómodo que lo segundo.

Es cierto, las ideas tienen consecuencias institucionales y cuando una gana terreno, arrastra el diseño que la expresa. La Constitución del 80 tradujo una hegemonía cultural directamente en las reglas del juego; el proceso constituyente, medio siglo después, intentó lo mismo desde la vereda opuesta. Podemos agregar a la lista las reformas de pensiones y del sistema político. Y esa disputa por el diseño se gana, legítimamente, con votos y también con relato.

Pero hay una pregunta que la batalla cultural, en la que se asoma de cuando en cuando algún intento refundacional, no solo no responde sino que incluso nos aleja de una posible luz al final del túnel: ¿confían los chilenos en esas instituciones, sea cual sea su diseño y el relato que las subyace?

La respuesta es no. Y la respuesta completa es que apostar exclusivamente a ganar la batalla cultural no cambiará esta percepción. Puede, incluso, profundizarla, sacrificando en el camino las pocas instituciones que aún conservan algo de credibilidad, premiando al más beligerante y no al más competente; dejando sin trinchera a quien antepone la legitimidad de una institución a las banderas que el gobierno de turno dice defender.

La última Encuesta OCDE sobre Confianza en las Instituciones Públicas (2025) es categórica: la confianza en el gobierno central cayó de 30,4% a 25,7% en dos años, muy bajo el promedio OCDE de 40%. Solo un 20% confía en la función pública, 24% en los tribunales, 11% en los partidos. El derrumbe no es del Ejecutivo de turno, sino de toda la arquitectura: el Congreso registra 16%; incluso las Fuerzas Armadas (55%) y Carabineros (49%), mejor evaluadas, están lejos de sus pares OCDE (66% y 63%). La satisfacción con trámites cayó a 48% (OCDE: 68%) y solo 36% percibe trato equitativo del Estado. La confianza no depende solo de resultados, sino de cómo las autoridades deciden, escuchan y rinden cuentas.

Este colapso no distingue entre binominal y proporcional, entre capitalización y reparto, entre una Constitución redactada por convención o por una comisión de expertos. Si el problema fuera cultural, la confianza subiría alternadamente en oleadas de cuatro años. No lo hace: cae sostenida y transversal, insensible al poder de turno. Esto solo se explica si lo que la erosiona no es quién controla el relato, sino algo que persiste bajo él: el desempeño real de nuestras instituciones.

No basta con pelear la batalla cultural sobre qué institucionalidad queremos si se descuida la batalla menos partidista, pero igual de decisiva, sobre si ella logra ser creíble en la práctica. Un Banco Central autónomo sobrevive no solo porque ganó una idea hace cuatro décadas, sino porque la propia clase política acordó sacarlo de la zona de guerra, y así pudo, gobierno tras gobierno, cumplir lo que prometía. El contraste lo muestran el Congreso y el Poder Judicial: ninguno logró ese mismo blindaje y, mientras en este crece la sospecha de que la justicia se compra; en aquél, amiguismo y clientelismo pesan hoy más que cualquier proyecto de ley.

Puestos en esta encrucijada, podemos seguir dando la batalla cultural, o podemos, por fin, ocuparnos de que las instituciones cumplan y así, produzcan el progreso y el bienestar que tanto ha prometido el relato sin poder entregar.