La Tercera

¿Cómo gastar bien?

Por: Verónica Ducci y María Turner

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El rechazo de la partida de educación en la discusión del proyecto de ley de Presupuestos 2027 revivió la ya casi olvidada polémica de «Yo elijo mi PC».
Como moneda de negociación, el ministro Quiroz dio pie atrás y prometió reponer sus fondos. En poco más de un mes, el programa fue eliminado, defendido, rechazado y, finalmente, rescatado.
Lo único que no cambió fue la evidencia: en 2022, Dipres evaluó el programa y no encontró impacto en notas, asistencia ni resultados Simce.
Había, por tanto, buenas razones para revisarlo.
Sin embargo, pasaron tres años sin ajustes y, en abril de este año, Hacienda lo calificó «sin observaciones».
No se trata de un caso aislado: algo similar ocurrió con el intento de poner fin a la franquicia Sence y con el congelamiento de los corredores viales del Gran Concepción, decisiones que no prosperaron o debieron revertirse al poco andar.
Tampoco es un patrón nuevo: entre 2000 y 2009, solo el 7% de las evaluaciones de Dipres terminó en el cierre o reemplazo de un programa.
¿Por qué los esfuerzos por gastar mejor siguen chocando contra un muro?
En parte, porque partimos de un diagnóstico equivocado.
Se cree que basta con apretarse el cinturón y «hacer la pega».
Pero ordenar el gasto no es un simple ejercicio de planilla: requiere un análisis profundo de economía política.
Cerrar, rediseñar un programa, o poner término a un beneficio social tiene costos visibles e inmediatos, que recaen sobre niños y familias.
Mantenerlo también tiene costos, aunque menos visibles: los beneficios que se pierden al mantener recursos en programas que no funcionan, en lugar de destinarlos a otras necesidades.
Por eso, la voluntad no basta.
Se requiere un diseño institucional que le haga la vida fácil a quien quiera tomar decisiones técnicamente sólidas pero políticamente costosas, y difícil a quien prefiera postergarlas.
¿De qué reglas hablamos? Subir la vara al diseño de regulaciones y programas públicos, con estándares exigentes fijados por una autoridad especializada y con participación previa de los sectores afectados.
Establecer mecanismos de revisión periódica que permitan cuestionar la continuidad de regulaciones y compromisos de gasto.
Hoy, cerca del 83% del gasto está fijado por ley, lo que restringe el margen de decisión para cada discusión presupuestaria.
Revisar esas prioridades requiere instituciones y procedimientos que permitan hacerlo de manera sistemática, y no solo cuando hay una crisis fiscal.
Y, por sobre todo, contar con una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, independiente del gobierno de turno, que evalúe regulaciones y programas.
Frente a sus recomendaciones, la autoridad tendría que responder públicamente: corregir, rediseñar o terminar un programa, o explicar por qué decide mantenerlo pese a una evaluación desfavorable.
Así, el Ejecutivo y el Legislativo contarían con una contraparte técnica y legitimada, para que cada peso que gasta el Estado tenga el mejor uso posible, y vaya en beneficio de quienes más lo necesitan.
Solo así gastar bien dejará de ser una apuesta personal contra el muro y pasará a ser una posibilidad real.
Gastar bien no puede depender de la voluntad de una autoridad de turno: tiene que ser la regla.

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