La guerra anticultural

“Excesiva, innecesaria y marginal en el total del presupuesto nacional”. Así calificó el senador Luciano Cruz-Coke el recorte de 10,1% a la partida de Cultura en el proyecto de Presupuesto 2027. No lo dijo un parlamentario de oposición ni un vocero del mundo de las artes, sino un exministro del ramo, sentado en la vereda del oficialismo.

El proyecto recorta casi 50 mil millones de pesos en Cultura, con caídas que poco tienen de ajuste fino: 57,9% en mejoramiento de bibliotecas, 45,3% en el Fondo del Patrimonio. En el oficialismo la lectura es disímil. La presidenta de la comisión de Cultura de la Cámara, del Partido Republicano, señaló que “las prioridades cambiaron”. El presidente de la UDI, en tanto, consideró legítimo recortar aquello que se percibe como proselitismo político. Este último parece un criterio justo, y cabe suponer que es el que explicaría ajustes puntuales y defendibles como el de los sitios de memoria.

Exigir criterios para el gasto es lo mínimo que se le debe a quien paga, y en cultura no debiera ser distinto. Cualquier fuerza política que se la tome en serio debería ser la primera en pedirlos. Tampoco la sospecha de proselitismo es una invención. Fue la izquierda la que primero teorizó la cultura como un territorio a ocupar, y una parte importante del mundo cultural, con independencia de sus simpatías políticas, ha hecho poco por disipar esa impresión, confundiendo demasiadas veces la obra con la consigna. La tijera, además, encuentra dónde cortar por una razón que ese mismo mundo haría bien en no esquivar; hace tiempo que defiende su financiamiento invocando su valor, en lugar de mostrar lo que devuelve. Rendir cuentas no exige convertir una poesía o un paper en retorno sobre la inversión, pero sí mostrar qué le llega al ciudadano. Muchas veces, el gasto parece pensado para que los artistas sostengan su oficio más que para que las personas accedan a sus obras. Politización y distancia explican la vulnerabilidad del sector.

Sin embargo, no explican el recorte. El ajuste cae con más fuerza sobre bibliotecas y patrimonio, que nadie ha acusado de militancia. Las bibliotecas muestran lo que se exige; préstamos, visitas, lectores inscritos, y aun así su programa de mejoramiento cae casi 60%.

Lo que sí explica este ajuste es una premisa distinta. Durante años, sectores de la nueva derecha sostuvieron que la izquierda se habría apropiado de las universidades, los centros de investigación, las editoriales y los escenarios. Hay quienes han hecho de ese diagnóstico un trabajo intelectual serio. Pero esta tesis tiene una consecuencia práctica: cuando la cultura se percibe como terreno del adversario, deja de ser un bien común que se administra y empieza a parecer una trinchera que se puede desfinanciar. Y una vez que el gasto cultural queda bajo sospecha terminan pagando justos por pecadores. Es el costo de haber convertido la cultura en un campo de batalla; no sólo se libra sobre sus instituciones, sino contra ellas. Y lo que queda a la vista no es una derecha que rechaza su captura, sino una que desconfía de la cultura misma. Cuesta encontrar argumentos para desmentirlo.

Cruz-Coke tiene razón, el recorte es marginal. Por eso mismo dice tanto. Si lo que se ahorra no alcanza para mover las cuentas fiscales; lo que deja es una señal. Y es una señal extraña para quien dice librar una guerra por la cultura, porque el territorio que se cree perdido se disputa, no se desprecia. Cabría esperar entonces que el gobierno dijera qué cultura quiere proteger. No lo hace. Cae, en cambio, sobre la herencia común, los libros y el legado, justamente lo que cualquier tradición conservadora tendría por irrenunciable. Para quienes llevan años llamando a dar esa batalla, quizás la cultura nunca fue lo que estuvo en juego.