Ambición en permisos

Chile no está creciendo y, para cambiar eso, se requiere una condición necesaria aunque no suficiente: atraer una inyección enorme de recursos en inversión. La Ley de Reconstrucción fue un excelente primer paso, pero no nos contemos cuentos, ya que la rebaja tributaria solo nos lleva al nivel promedio de la OCDE en la materia, para básicamente dejar de espantar inversión vía tributos, pero no empezaremos a atraerla masivamente.

Por eso debiéramos transformarnos en el país más atractivo del mundo para invertir en otra variable: predictibilidad y rapidez para autorizar proyectos, es decir, permisos.

Definido el objetivo, pasemos al diagnóstico. ¿Qué tan cerca estamos de ser atractivos en este ámbito? Los días totales que demora un gran proyecto en su evaluación ambiental pasaron de 553 en 2014 a 1063 en 2024, prácticamente el doble.

Luego empieza a correr otro cronómetro, el de las impugnaciones. Porque hoy un proyecto que pasó por las 3 instancias se le agregan, en promedio, algo más de 4 años de espera adicional. Si a eso sumamos casos emblemáticos de discrecionalidad judicial, como Dominga, que ha pasado 3 veces por el Comité de Ministros, o Collahuasi, donde se canceló el permiso de una faena en operación, concluimos que la inversión que hoy llega es a pesar de nuestras reglas y no gracias a ellas.

Se requiere ambición en las propuestas y, por sobre todo, sentido de urgencia. La Ley de Reconstrucción no basta, ya que los avances que incorpora en materia de permisos son muy acotados. A veces lo que pasa afuera de nuestras fronteras puede iluminar nuestro camino.

Hoy vale la pena mirar a Estados Unidos. Un proyecto de ley ingresado en septiembre muestra que se podría avanzar de forma decidida en reducir costos de transacción, sin debilitar estándares ambientales. La «Bipartisan American Affordability and Jobs Act» fue presentada por dos senadores republicanos y dos senadores demócratas. Concurren dos de los líderes de la causa ambiental, con dos defensores de las industrias energéticas fósiles.

¿Qué propone?

Primero, acotar el alcance de la evaluación ambiental, limitándola a un análisis de los efectos «razonablemente previsibles» y «causados próximamente» por el proyecto.

Segundo, plazos vinculantes, con sanciones a funcionarios que incumplen.

Tercero, invariabilidad regulatoria, congelando la línea de base científica al momento de ingreso del estudio.

Cuarto, y quizás lo más ambicioso, una profunda reforma judicial, con reducción de plazos para impugnar y limitación a quién puede impugnar una evaluación. También incluye restricciones a la posibilidad de anular un permiso o retrotraer la evaluación a una etapa inicial, y el mandato al evaluador de corregir el vicio mientras el proyecto continúa avanzando.

Junto con estos avances se incorporaría un estatuto nuevo e inédito, denominado «Project Certainty». Se trata de una prohibición de revocar permisos (salvo hipótesis muy excepcionales establecidas expresamente) ya otorgados y un sistema de seguros (muy similar al declarado inconstitucional por nuestro Tribunal Constitucional) que exige reinstalar el permiso revocado e indemnizar hasta un 50% de los costos del proyecto con cargo al Tesoro.

Por último, se busca avanzar en la regulación de industrias emergentes, donde destaca la obligación de nuevos data centers de hacerse cargo del mayor precio de la energía que generan en los lugares donde se instalan.

La inversión es móvil y sensible a los incentivos. Para atraerla no basta con tener recursos naturales y energía renovable barata, hay muchos otros factores que explican cómo fluye el capital. Los impuestos son importantes, pero son una palanca difícil de mover, y con trade offs costosos políticamente.

Los permisos funcionan distinto, si nos convencemos de su potencial, y los reformamos adecuadamente, todos pueden ganar, y esas mejoras pueden ser sostenibles en el tiempo. Cuando hay reglas claras y plazos breves, el Estado adelanta recaudación, nuevos empleos se crean antes y el retorno de la inversión aumenta. Todo esto es compatible con el estándar que se quiera definir.

Chile necesita una agenda ambiciosa en materia de permisos y generar un consenso respecto a su importancia, Estados Unidos muestra que, incluso en su época de mayor polarización, es un objetivo plausible.