EL MOSTRADOR

Litio: ¡avíspate, Chile!

Por: Elisa Cabezón

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¿Cuáles son las claves para tener un proyecto económico fructífero que entregue buenas rentas? Cualquier emprendedor exitoso te diría que son tres: que haya demanda, poseer ventajas comparativas y ¡avisparse!

En la industria del litio Chile tiene asegurada las dos primeras. La demanda ha crecido fuertemente por su uso en baterías, fundamentales para combatir el cambio climático. Según proyecciones de Cochilco, la demanda mundial se cuadruplicará para el 2035. Respecto de las ventajas comparativas, Chile tiene las mayores reservas del mundo (35,7% de las reservas conocidas) y cuenta con las condiciones más baratas de extracción: a través de las salmueras en los salares del norte.

A pesar de este idílico escenario geológico, que cualquier país pagaría por tener, Chile no está aprovechando la oportunidad y hemos quedado atrás en la carrera de producción del litio: durante el boom de precios de los últimos años hemos perdido el liderazgo mundial ante Australia y se proyecta que Argentina nos superará en el 2030. Y es que a Chile le falta el tercer ingrediente clave para cualquier proyecto exitoso. En buen chileno: “Hay que avivarse”.

La razón del rezago en el litio es clara: nuestra regulación establece que la entrada de nuevos productores dependa exclusivamente de la iniciativa y voluntad del Gobierno de turno, impidiendo el ingreso de manera competitiva. El litio, a diferencia del resto de los minerales, no es concesible. Solo puede ser explorado y explotado directamente por el Estado y sus empresas, y si bien el Estado puede entregar contratos de operación que permiten la participación de privados, no tiene ninguna obligación de hacerlo ni tampoco de asignarlos a través de una licitación competitiva.

La Estrategia Nacional del Litio anunciada en abril 2023, en lugar de corregir este tope regulatorio, mantiene la absoluta discrecionalidad del Gobierno en la producción. La estrategia busca involucrar al Estado en todo el ciclo productivo a través de alianzas público-privadas, y la entrada de privados depende de varias definiciones pendientes del Gobierno: ¿Cuáles serán las condiciones bajo las cuáles los privados podrán actuar? ¿Cuáles serán las implicancias de esta asociación público-privada? ¿Ceder en el control de la gestión? ¿Entregar el 50 + 1 de utilidades? ¿La licitación de CEOL de exploración será bajo condiciones competitivas?

Existe una fuerte demanda de litio y tenemos importantes ventajas en la producción. Pero en vez de avisparnos seguimos con la misma trampa regulatoria que impide que ingresen los competidores que ofrezcan la mejor tecnología, tanto en eficiencia como en sustentabilidad, y la mayor rapidez en extracción.

Una alternativa para terminar con este amarre legislativo es normalizar el estatus del litio y volverlo concesible como todos los otros elementos, lo que otorga derechos de propiedad transferibles, atrayendo inversión nacional y extranjera debido a la certeza jurídica que ofrece. En las principales naciones productoras del oro blanco, la actividad es impulsada principalmente por privados a través de concesiones mineras, señal de la eficiencia de este instrumento jurídico para impulsar la producción.

El mismo cobre chileno es un ejemplo de la efectividad de las concesiones para facilitar la competencia y la entrada de nuevos actores. Desde que es concesible, en 1982, hasta la fecha, la producción del metal ha aumentado 5 veces, siendo la actividad privada responsable del 90% del aumento, lo que ha permitido sumar importantes recursos fiscales, miles de empleos directos de calidad, y un sinnúmero de encadenamientos productivos. Una segunda vía para aprovechar la riqueza del litio es la licitación de contratos de operación bajo un esquema abierto y competitivo, y terminar con la entrega discrecional por parte del Gobierno de turno.

La entrada de actores bajo condiciones competitivas al mercado de litio chileno nos permitirá aumentar la producción de mineral y obtener mayores ingresos fiscales, que tanto necesitamos para nuestras políticas públicas y, además, nos permitirá exigir a los participantes condiciones ambientales más estrictas en la extracción del mineral. Pero seguimos dormidos. ¡Avíspate, Chile!

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