La Tercera
Aspirinas para las neumonías
En el debate de políticas públicas abundan los diagnósticos sobre los distintos desafíos del país, basados en rigurosa evidencia académica. Respecto al empleo formal, abundan los análisis que indican lo debilitado que está, y la importancia de mejorar la productividad y el crecimiento de la economía. En cuanto a la educación, hace no mucho, un grupo de destacados académicos publicaron una columna señalando la falta de claridad en las funciones de los Servicios Locales de Educación Pública y la necesidad de mejorar la coordinación para evitar la duplicidad de funciones con otros órganos del sistema.
Sin embargo, uno de los problemas que se perciben en el debate público es que los diagnósticos que evidencian problemas profundos suelen ir acompañados de propuestas tímidas y muy acotadas. No hay una verdadera correspondencia entre la magnitud del problema con las políticas públicas que se impulsan. La falta de osadía a la hora de proponer puede responder a diversos motivos: exceso de cautela ante la falta de certezas, evitar conflictos con grupos de intereses o no comprometer a las instituciones que representan. Estos motivos pueden ser atendibles, pero evitar los debates complejos puede comprometer la viabilidad de soluciones equilibradas y sostenibles, y favorecer un entorno propicio para reacciones populistas.
Si queremos fortalecer el empleo formal y la seguridad social, debemos atrevernos a plantear propuestas audaces que faciliten la contratación y el crecimiento de emprendimientos, la principal fuente de trabajos formales. Reducir los montos de la indemnización por despido, junto a un fortalecimiento del seguro de cesantía, apunta en esa dirección. Las altas indemnizaciones que enfrentan los emprendimientos chilenos se traducen en altos costos a la contratación, que impiden el crecimiento de éstos y que puedan competir con las grandes empresas incumbentes, dado que pagar estas prestaciones exige tener una relevante “caja”. Cualquier emprendedor confirmará que la falta de liquidez es de las principales restricciones que enfrentan las empresas en la etapa de crecimiento.
En materia de educación pública, ¿si los Servicios Locales de Educación cumplen exactamente el mismo rol de apoyo a los colegios que los Departamentos Provinciales de Educación (DEPROV), no deberíamos al menos debatir la eliminación de estos últimos? En los DEPROV trabajan 993 personas, suprimirlos es muy complejo, ya que es una decisión que afecta gravemente a casi mil familias, porque en el sector público no hay indemnización alguna. ¿No debería existir entonces alguna indemnización? Como no la hay, ¿está bien que la única solución a estos problemas sea que el Estado solo pueda crecer generando nuevos deberes de “coordinación”, incluso bajo la amenaza de seguir sobre interviniendo los colegios?
Si queremos mejorar el acceso al empleo formal y garantizar una educación de calidad, debemos atrevernos a revisar los problemas con coraje. Si seguimos evitando las soluciones difíciles para opinar sobre seguro o para evitar incomodar, seguiremos tratando las neumonías con aspirinas.
Por Elisa Cabezón y José Manuel Astorga, Pivotes