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“Alternativas institucionales para la inversión”

La columna de Rafael Palacios y José Antonio Valenzuela

Por: José Antonio Valenzuela y Rafael Palacios

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“Nuestra economía necesita dinamismo. Existe consenso técnico y, aparentemente, político respecto de la necesidad de reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental y de permisos sectoriales”.

Chile se encuentra hoy ante una oportunidad tan histórica como fugaz. Tenemos una de las mayores reservas de litio del mundo, depositada en la fuente de mejores condiciones geológicas y de menores emisiones del mundo. Al mismo tiempo, nuestra capacidad para generar energía solar y eólica ha crecido exponencialmente, lo que nos transforma en candidato a ser uno de los principales productores de hidrógeno verde en el mundo, y un protagonista de la transición energética.
Sin embargo, los procesos de evaluación y aprobación de los proyectos que podrían llevarnos a ese futuro verde adolecen de serias falencias ampliamente diagnosticadas. Este año las inversiones aprobadas llegaron a su nivel más bajo en 16 años y la evaluación de proyectos por más de 7.600 millones de dólares continua trabada. Actualmente, la puesta en marcha de una planta desaladora, instalación esencial para aprovechar estas oportunidades, puede tomar hasta 12 años, lo que lleva al propio ministro Marcel a manifestar que: “hay momentos en que, cuando uno ve la trayectoria y la experiencia de ciertos proyectos, casi desespera.”
Nuestra economía necesita dinamismo. Existe consenso técnico y, aparentemente, político respecto de la necesidad de reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental y de permisos sectoriales. Esto es una parte esencial del Pacto Fiscal que busca entregar más certidumbre para la inversión, con miras a retomar una extraviada senda de crecimiento. Sin embargo, es voluntarista esperar que se puedan aprobar e implementar estas reformas institucionales en la ventana de tiempo necesaria para viabilizar esas inversiones. La sola creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas demoró 13 años, plazo que nos deja fuera de juego en este partido.
Por ello, junto con avanzar decididamente en estas reformas, necesitamos evaluar otras alternativas institucionales que permitan procesar, de forma excepcional y transitoria, la complejidad de los grandes proyectos de inversión, especialmente en sectores que imprimirán dinamismo a nuestra economía y la impulsarán hacia la carbono neutralidad. Aplicar el silencio administrativo positivo es una de ellas, aunque producto de la falta de densidad normativa de nuestro ordenamiento jurídico en materia de ordenamiento territorial y de normas ambientales de calidad primarias y secundarias, deja al inversionista en una posición vulnerable ante cualquier clase de impugnación litigiosa.
Por ello, otra opción es habilitar al Estado para que, por un plazo determinado, pueda celebrar contratos especiales de inversión, de operación o concesiones administrativas con inversionistas en estas áreas estratégicas. Estos instrumentos podrían establecer las exigencias normativas aplicables a las fases de construcción y operación de los proyectos, así como las medidas de mitigación, compensación y reparación que deban implementarse. Recaería en el Estado, entonces, la responsabilidad de coordinar entre sus múltiples agencias, la determinación de las exigencias que autoricen a los inversionistas a utilizar, por ejemplo, bienes nacionales de uso público o estatales. Esto permitiría concretar la vieja aspiración de la ventanilla única, pues, por parte del Estado, sólo existiría una contraparte (Corfo, por ejemplo) en la que recaería la obligación de cumplir con los términos, plazos, disposiciones y sanciones acordadas en este instrumento jurídico.
Un camino como el planteado permitiría reemplazar burocráticos permisos y autorizaciones por declaraciones y garantías contractuales, cuya contravención aparejaría severas multas o sanciones. Otros podrían ser cumplidos a través de certificaciones de terceros, cuya obtención sería necesaria para la firma del contrato. Pero, lo más relevante, es que el inversionista concentraría el grueso de su marco regulatorio un único instrumento, con la certidumbre y eficiencia aparejadas. A su vez, el Estado podría exigir rigurosas declaraciones y garantías ambientales, y cobrar sendas multas en caso de incumplimiento, pero al mismo tiempo concretar iniciativas en plazos sustantivamente más breves y honrar así su declarado sentido de urgencia.
Lo importante es salir de la inacción y pensar en formas de cruzar esta ventana de oportunidad que día a día se vuelve más estrecha. Los detalles se pueden perfeccionar y otras alternativas pueden surgir, pero no hacer nada a esta altura es irresponsable. Mientras sostenemos estos largos debates y mesas de diálogo, se descubrió entre Nevada y Oregón un yacimiento de litio que podría más que duplicar la cantidad de mineral del yacimiento más grande que se conoce. Es hora de despertar: Chile lleva demasiado tiempo dormido.

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