Credibilidad fiscal

El gobierno del Presidente Kast ingresó su proyecto de reconstrucción nacional, una iniciativa de 40 medidas que combina la necesaria rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, reintegración total del sistema tributario, desregulación de permisos de inversión y contención del gasto público. El diagnóstico es correcto: Chile lleva una década creciendo al 2% anual, con desempleo en torno al 8,5% y una inversión que no despega. Las medidas de oferta que propone el gobierno apuntan en la dirección adecuada. Pero hay una condición sine qua non para que funcionen: la credibilidad fiscal.

La literatura económica es cada vez más precisa sobre este punto. Alesina, Favero y Giavazzi (2019) documentan que cuadrar el balance fiscal reduciendo el gasto —no con aumento de impuestos— tiene efectos negativos pequeños, incluso cercanos a cero, cuando viene acompañado de reformas estructurales creíbles que mejoran las expectativas. El mecanismo es simple: si las empresas y los hogares anticipan mayor crecimiento futuro gracias a un Estado más eficiente y una carga tributaria más competitiva, no recortan su consumo e inversión hoy. Así la rebaja del gasto público no deprime la demanda porque las expectativas la sostienen.

Blanchard (2023) va más lejos y argumenta que en economías con deuda pública elevada y déficits estructurales persistentes, puede operar un efecto no keynesiano: un ajuste fiscal creíble reduce la prima de riesgo soberano, baja las tasas reales de interés y estimula la inversión privada. Chile, con una deuda pública en torno al 40% del PIB y varios años consecutivos de déficit estructural, se acerca al umbral donde este mecanismo se vuelve relevante. Dicho en términos simples: si los mercados creen que las cuentas fiscales se van a ordenar, la economía puede acelerarse incluso mientras el Fisco se ajusta.

El problema es que ese mismo mecanismo puede operar en sentido contrario, y con igual fuerza, si se impone el pesimismo. Corsetti, Kuester, Meier y Müller (2013) muestran que si el mercado percibe que una reforma no se financia adecuadamente —que las rebajas tributarias no se compensan con reducción de gasto u otras fuentes de ingresos— la prima de riesgo soberano puede aumentar, elevando las tasas reales y neutralizando el impacto positivo sobre la inversión. La señal de precio que más importa en este escenario no es la tasa del impuesto corporativo: es el riesgo país.

Y aquí está la clave. Las rebajas tributarias propuestas implican un costo fiscal estimado en torno a US$ 3.000 millones anuales. El gobierno apuesta a que el crecimiento adicional que genere la reforma compense esa pérdida de recaudación en el mediano plazo, una lógica que no es descabellada, pero que exige que la secuencia sea creíble. Los mercados y los agentes privados tienen que creer hoy que el equilibrio fiscal se va a alcanzar. No en abstracto: con números, con plazos y con medidas de gasto que sean verificables.

La meta del gobierno de alcanzar equilibrio estructural al 2030 es un ancla relevante, pero insuficiente por sí sola. Lo que da o quita credibilidad no es el objetivo declarado, sino la consistencia entre las medidas de ingresos y las de gasto. ¿Es suficientemente creíble el financiamiento para que los efectos de expectativas actúen en la dirección correcta? Se debe recortar el gasto público e identificar programas ineficaces que deben ser eliminados, modificados o reemplazados, va en la dirección correcta.

El plan de reconstrucción tiene el potencial de ser exactamente lo que Chile necesita. Sin embargo, el detalle importa, ya que la credibilidad fiscal no es un tecnicismo: es la variable de la que depende que todo lo demás funcione.