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Crisis en Educación: de esta urgencia nadie puede restarse

Columna de Paula Streeter

Por: Paula Streeter

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Para levantar y trasladar una caja pesada sin que se desfonde, es necesario ocupar ambas manos, agarrarla con fuerza, concentrarse en no tropezar y avanzar decididamente. De esta misma manera se requiere hoy tomarle el peso a la gran mochila que dejó la pandemia sobre la educación en Chile, la cual solo ha venido a profundizar las brechas ya existentes al respecto en el país. El Ministerio de Educación y el gobierno deben soltar aquellos temas no prioritarios que están copando su agenda, y que responden a cuestiones menores comparadas a los efectos del terremoto educacional que estamos viviendo.

En efecto, llama la atención que las definiciones de nuevas conmemoraciones del año escolar 2023 se hayan conocido antes que la prioridad que el gobierno le dará a la recuperación escolar. ¿Cuál es, entonces, la caja que realmente estamos levantando con fuerza?

La semana pasada se conocieron datos preocupantes: la deserción escolar aumentó en un 25% en tres años; un 39% de los estudiantes tiene una inasistencia del 15% (considerada grave, pues los expertos señalan que ya con un 10% hay daño en el aprendizaje); y además,  los datos económicos de los que ha alertado el Banco Mundial señalan que, si no se toman medidas urgentes, las próximas generaciones podrían ver un impacto en los ingresos económicos equivalentes a un 14% del PIB global actual. Este impacto es mayor en niñas que en niños, y en poblaciones de bajos recursos o entre minorías étnicas.

Distintos actores han hecho este llamado urgente al gobierno a hacerse cargo y agarrar con firmeza este enorme problema, cuyas consecuencias no son sólo económicas, sino que también sociales y, por supuesto, éticas. Este mes, el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones se reunió con el ministro Marco Antonio Ávila para presentarle una serie de propuestas y plantearle la necesidad de un Acuerdo Nacional para enfrentar esta crisis, que a su juicio justifica utilizar el 2% constitucional de emergencia.

Desde otra vereda, la Defensora de la Niñez Patricia Muñoz emplazó al Presidente Boric a afrontar con claridad lo que definió como «una tragedia país». Y el investigador Sebastián Izquierdo recuerda en columna de prensa que poner los datos económicos arriba de la mesa en este debate, «no busca reducir el problema solo a esta dimensión, sino reconocer el impacto que tiene la falta de acción estatal sobre esta materia y el deber ético que como sociedad nos corresponde asumir para evitar su consumación. Actuemos ya para proteger una debida formación orientada al máximo despliegue de los talentos de niñas, niños y jóvenes de Chile.»

Tanto desde sectores de la sociedad civil como del aparato público somos muchos quienes desde hace meses venimos señalando la catástrofe que estamos viviendo. Tal como ocurre después de un terremoto —de lo que tenemos experiencia como país—, las urgencias obligan a dejar de lado los temas no prioritarios, y todos —gobierno, oposición y sociedad civil— se activan para tomar y movilizar con fuerza «la caja» que corresponde.

Lo de inyectar recursos especiales para esta emergencia es un imperativo, ya que en el Presupuesto 2023 presentado por el gobierno ante el Congreso la prioridad que aquí se señala no se evidencia: si bien el dinero para Educación aumentó en un 4,6% respecto al año anterior, no aparece una glosa especial para enfrentar esta brecha (por el contrario, hay una caída de 14,1% en los recursos para programas de Mejoramiento de la Calidad de la Educación, dentro de los cuales destaca la reducción del financiamiento para Asesoría y Apoyo a Establecimientos Escolares en un 26,6% [ver informe de LyD]).

Independientemente de dónde se obtengan los fondos, se requiere definir en lógica colaborativa y junto a los actores clave lo de en qué utilizar esos recursos y cómo priorizar e implementar tales medidas. De esta urgencia nadie puede restarse.

Desde Pivotes, por medio de nuestra iniciativa EnFoco, llevamos ya algunas sesiones trabajando con representantes de distintos sectores para levantar iniciativas y priorizarlas para ponerlas a disposición del debate público. Hay consenso en torno a temáticas claves, como la necesidad de mayor autonomía a las comunidades educativas para innovar e implementar programas, avanzar en una mayor autonomía para uso de la Subvención Escolar Preferencial, enriquecer la oferta de las ATES (Asistencia Técnica Educativa), definir incentivos o acompañamiento para mejorar la asistencia escolar, entre otras.

Es hora de tomar la caja, movilizar acciones concretas que se hagan cargo de todos los llamados que se han hecho para denunciar esta catástrofe-país y, tal como señaló el Presidente, convertirla en una verdadera prioridad. Sin embargo, esta vez la urgencia requiere dejar atrás lo que hasta ahora nos ha impedido movilizarnos, y así ahora hacerlo rápido, aunque sin tropezar ni que la caja no se nos desfonde.

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