Acuicultura y reconstrucción nacional

Hace años se viene planteando que la regulación acuícola chilena necesita reformarse. Las cifras hablan por sí solas: de las 1.315 concesiones salmonicultoras otorgadas desde 1981, sólo 17 fueron con posterioridad a 2017, mientras que más de 1.500 solicitudes de concesiones acuícolas permanecen pendientes.

Las relocalizaciones -mecanismo creado en 2010 para permitir trasladar concesiones existentes a zonas de mejor condición ambiental o productiva, sin necesidad de tramitar nuevas concesiones- han tenido apenas dos casos exitosos en 15 años, lo que las transforma, de facto, en letra muerta.

Esta urgencia de reforma no obedece a un mero capricho, sino a una profunda convicción sobre la relevancia de la acuicultura para Chile y el mundo. Con USD 6.840 millones exportados en 2025 -segunda exportación no minera del país- y sin alternativas productivas comparables, la acuicultura es un pilar del desarrollo del sur austral.

Potencial nacional
Pero su importancia trasciende fronteras: en un mundo que deberá alimentar a 10.000 millones de personas, el salmón de cultivo es una de las fuentes de proteína animal de menor impacto ambiental, emitiendo 5,1 kg de CO2 equivalente por kilogramo comestible frente a 39 del vacuno. Discutir su regulación no es defender a un gremio exportador: es preguntarse si Chile está a la altura de su propio potencial.

El Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno del Presidente José Antonio Kast incluye tres modificaciones para reactivar el sector. La principal elimina la obligación de someter al SEIA las relocalizaciones de concesiones que no impliquen cambios sustantivos -exigencia que se aplica únicamente a la salmonicultura-. La segunda agiliza la realización del Informe Ambiental (INFA), necesario para iniciar la producción en una concesión.

La tercera, y más estructural, sustituye el régimen de caducidad por una patente incremental por no uso, evitando que los titulares se vean forzados a operar en condiciones económicamente inviables sólo para mantener su vigencia, y reconociendo de paso la incapacidad estatal de hacer cumplir las causales vigentes: de las 667 concesiones en causal de caducidad entre 2022 y 2026, sólo el 7% fueron efectivamente revocadas.

Estas medidas representan el primer impulso explícito para destrabar la industria en más de una década y, en ese sentido, son bienvenidas. El debate que viene, sin embargo, debería apuntar más lejos.

Las moratorias vigentes desde 2010 y 2016 en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes -introducidas por resolución exenta y, por tanto, levantables por el Ejecutivo- son la principal amarra del sector y merecen un pronunciamiento explícito.

Ventana de oportunidad
La certeza jurídica de largo plazo dependerá también de incorporar plazos perentorios con consecuencias reales al proceso de otorgamiento de concesiones, de modo que ningún gobierno futuro pueda volver al inmovilismo. Y para que la expansión beneficie al país en su conjunto, convendría avanzar hacia mayor competencia mediante subastas, mayor retribución a las comunidades locales, o preferencias para quienes utilicen tecnologías de menor impacto ambiental.

La ventana para pavimentar una ruta de crecimiento sólida y sustentable para la acuicultura chilena finalmente se abrió. Quizás es la mejor oportunidad que se tendrá en mucho tiempo, por lo que hay que cuidar que los cambios que se introduzcan den certezas de largo plazo.

De lo contrario, podríamos desperdiciar la posibilidad de consolidar la senda de crecimiento acuícola nacional.