¿Competencia o colaboración?

En el contexto de la discusión del proyecto de ley de reconstrucción del gobierno, es pertinente el debate que ha tenido lugar en estas páginas entre María José Abud y Hernán Larraín, por un lado, y Fernando Claro por el otro. Los primeros afirman que la sostenibilidad en el tiempo de reformas estructurales pasa por alcanzar amplios acuerdos en el Congreso. El segundo señala que más que la magnitud de las mayorías políticas, es el apoyo de la opinión pública lo que les da estabilidad de largo plazo a las reformas. ¿Quién tiene razón? Veamos.

La política tiene una dimensión de colaboración y diálogo para construir acuerdos en el Parlamento, y otra de competencia por conectar las ideas y propuestas de cada sector en la opinión pública. En las últimas décadas se pueden encontrar ejemplos de cómo la primera dimensión fue fundamental para construir buenas reformas, pero también los hay donde por no competir y pasar directo a los acuerdos, se viabilizaron reformas negativas en distintos ámbitos.

Cuando se iniciaba nuestra frágil democracia, la colaboración a través de la democracia de los acuerdos fue el camino adecuado para aprobar reformas que consolidaron la economía social de mercado y activaron el mejor período de la historia de Chile en términos de progreso y disminución de la pobreza. Después de más de una década discutiendo y postergando una necesaria reforma de pensiones, la colaboración, el diálogo y las mesas técnicas fueron también el camino pertinente para construir un acuerdo que aumentó y consolidó el ahorro individual y la PGU como pilares fundamentales de todo sistema de pensiones que aspira a mejorar las pensiones con sostenibilidad en el tiempo.

Sin embargo, en la década pasada se sucedieron reformas educacionales y tributarias con amplios acuerdos en el Congreso, que restringieron la provisión privada de educación e hicieron más gravoso y complejo el sistema tributario chileno, especialmente para la inversión. Reformas que, salvo algunas excepciones, no solo no lograron los objetivos que decían perseguir, sino que profundizaron el estancamiento o deterioro de la calidad de la educación y el crecimiento.

Estas reformas fueron viabilizadas porque antes un sector político instaló, sin competencia en la opinión pública, que la iniciativa privada y sus utilidades (calificadas como rentas excesivas e inmerecidas, más que como una legítima retribución al riesgo asumido y al capital invertido), eran una de las fuentes principales de las desigualdades injustas que persistían después de años de progreso. Estas ideas no fueron confrontadas ni oportuna ni eficazmente.

Yendo a otras latitudes, cuando le tocó asumir a Margareth Thatcher en una Gran Bretaña sumida en el estancamiento, rechazó la búsqueda de consensos en el centro por considerarlo una receta para la vacuidad, para optar, en vez, por competir para conectar sus ideas y propuestas con la ciudadanía, y con ese piso, avanzar en su agenda de transformaciones con los votos dispuestos a sumarse.

Entonces, en el contexto actual —(i) cuando Chile lleva más de una década estancado, con un desempleo y crecimiento que hasta el mes pasado mostraban sus signos de agotamiento; (ii) cuando hay bastante consenso en que para producir un necesario punto de quiebre en la economía, se requieren en un plazo acotado ciertas reformas quirúrgicas y sustantivas en ámbitos como el tributario, “permisológico” y laboral, y iii) cuando buena parte de la oposición está desempolvando un discurso maniqueo y amenazando con bloquear el proyecto de ley de reconstrucción con un tsunami de indicaciones—, ¿cuál es el camino a seguir?

Entrar en modo competencia para consolidar el apoyo ciudadano que estas reformas procrecimiento ya lograron en la elección pasada, y, con ese piso, dialogar con quienes quieran sumarse al proyecto de ley de reconstrucción con propuestas y mejoras que no diluyan su esencia ni eternicen su discusión. De paso se consolidaría un principio que a ratos pareciera relativizarse: en democracia, basta que las reformas se aprueben con los quorum que establece la Constitución, para que gocen de plena legitimidad.