La Tercera
Niños y niñas pagan la cuenta
El 23 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Educación dictó la Circular N° 781, que modificó completamente el contenido mínimo obligatorio de los Reglamentos Internos de los colegios de educación básica y media. Su vigencia comenzaba el 1 de marzo de 2026, con plazo hasta junio para ajustar los reglamentos. Durante enero, cientos de establecimientos trabajaron para cumplirla; muchos encargados de convivencia y directores postergaron vacaciones, conscientes de que hacerlo en pleno año escolar sería inviable.
El 28 de enero, la Cámara despachó al Tribunal Constitucional el proyecto de ley sobre Convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, que volvía a regular ese mismo contenido mínimo. El 20 de febrero, la Superintendencia dictó la Circular N° 160, postergando la vigencia de la N° 781 sin eliminar su contenido, por lo que muchos colegios siguieron considerándola. La semana anterior, finalmente, fue derogada.
Un mes de trabajo perdido en enero, y varios días más en marzo y abril. Horas que pudieron destinarse a planificar clases y a diseñar estrategias de convivencia e inclusión, desperdiciadas por la descoordinación entre el Ministerio y la Superintendencia. No es un episodio aislado. Es la enésima muestra de autoridades que improvisan, regulan sin medir y trasladan el costo de su descoordinación a las comunidades educativas. Cada giro deslegitima al sistema que debería proteger derechos. Y la cuenta, una vez más, la pagan los niños y niñas del país.