ElPeriodista.cl
Pivotes alerta que judicialización de proyectos
puede sumar más de cuatro años a su tramitación
La judicialización de proyectos de inversión se ha convertido en un factor cada vez más relevante para los tiempos de tramitación en Chile. Más allá de los tiempos necesarios para obtener los permisos y una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), distintas iniciativas pueden permanecer años en litigio antes de iniciar su construcción.
Las cifras muestran que el fenómeno ha ido ganando terreno. Durante el primer semestre de 2026, los Tribunales Ambientales registraron un récord de 32 reclamaciones declaradas admisibles, la mayor cifra desde el inicio de sus operaciones. Según el monitoreo de la CPC, actualmente existen 67 causas en tramitación, vinculadas a 59 proyectos que en conjunto representan US$10.655 millones.
En un informe de Sofofa, en tanto, se identificaron 244 proyectos judicializados entre 2013 y 2026 y estimó que las iniciativas pueden permanecer casi un año y medio, en promedio, en Tribunales Ambientales. Los proyectos que han enfrentado estos procesos concentran cerca del 14% de la inversión y el 13% del empleo asociado a iniciativas en el sistema.
El escenario también ha sido analizado por Pivotes. De los 614 proyectos que ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante Estudios de Impacto Ambiental desde 2013, 106 llegaron al menos al Comité de Ministros (es decir, antes de obtener su RCA). En los Tribunales Ambientales, además, el 93% de las reclamaciones fue presentada por terceros y no por los titulares, según registraron desde Pivotes en un estudio.
Para José Antonio Valenzuela, director ejecutivo de Pivotes, la judicialización debe entenderse como un síntoma de un sistema que mantiene abiertas por demasiado tiempo controversias que podrían abordarse en etapas anteriores. «Cuando el propio diseño permite que aspectos que debieran quedar zanjados al inicio se sigan discutiendo durante años en sede administrativa y judicial, la litigación deja de ser una herramienta excepcional de corrección y se transforma en una etapa más -previsible- del ciclo de un proyecto», sostiene.
Uno de los principales efectos está en los plazos. De acuerdo con Pivotes, si un proyecto recorre el Comité de Ministros, los Tribunales Ambientales y la Corte Suprema, puede acumular en promedio cuatro años y dos meses adicionales de tramitación. A su vez, los antecedentes de la CPC muestran que más de la mitad de las sentencias de los Tribunales Ambientales son posteriormente recurridas ante la Corte Suprema, lo que agrega en promedio otros 455 días al proceso.
Decisiones que mayoritariamente se mantienen
Los datos también muestran que el paso por tribunales no necesariamente modifica el resultado de la evaluación ambiental. Según Pivotes, en los Tribunales Ambientales el 65% de los casos confirmó una RCA favorable y solo el 15% terminó anulándola. El 20% restante terminó en resoluciones intermedias. En la Corte Suprema, apenas el 6% de las casaciones consiguió dejar sin efecto una aprobación favorable.
El diagnóstico es consistente con las cifras de la CPC para el período 2013-2025: el 71% de las sentencias rechazó las reclamaciones y mantuvo la decisión original y, una vez agotadas las instancias judiciales, el 80% de las RCA conservó su condición inicial.
«Es, probablemente, el dato más revelador de todo el diagnóstico. La inmensa mayoría de las veces, la justicia termina validando la decisión técnica que ya había tomado la autoridad ambiental», afirma Valenzuela.
La discusión adquiere especial relevancia en momentos en que Chile busca acelerar la inversión y aprovechar las oportunidades vinculadas a sectores estratégicos. Solo en minería, la cartera de proyectos de Cochilco para 2025-2034 alcanza los US$104.549 millones.
Para Pivotes, abordar el problema no implica reducir los estándares ambientales ni restringir el acceso a la justicia. La fundación propone avanzar hacia una evaluación en dos etapas, con mayor participación temprana de las comunidades y autoridades locales, rigor técnico y criterios más claros para resolver las controversias antes de que los proyectos lleguen a instancias judiciales.
«El verdadero adversario del medio ambiente no es el crecimiento: es un sistema que no entrega certezas ni a los inversionistas ni a las comunidades, y que reemplaza la deliberación temprana por la trinchera judicial tardía«, concluye Valenzuela.
