Advierten que solicitudes de Ley Lafkenche

Como una herramienta de bloqueo de inversiones que genera incertidumbre jurídica y frena el crecimiento económico local, es considerado el impacto de la Ley 20.249 (Lafkenche) en actividades productivas de la Región de Los Lagos, según un estudio realizado por el centro de incidencia pública Pivotes, titulado ‘Ley Lafkenche: impactos en la inversión y el desarrollo territorial’.

Entre otras materias, el documento concluye que fallas en el diseño de esa ley mantienen paralizadas cientos de solicitudes de concesiones marítimas, acuícolas y áreas de manejo.

Sostiene que el efecto suspensivo automático al ser declarada admisible una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (Ecmpo) y las demoras de su tramitación en la Conadi generan una parálisis regulatoria que amenaza el empleo formal y las inversiones en el sur de Chile.

Los Lagos es la zona del país donde se observa en mayor medida este impacto. Según el documento, un 61% de la costa regional está sujeta a solicitudes pendientes de Ecmpo, lo que -al mismo tiempo- da cuenta de una alta incidencia en zonas donde se paralizan emprendimientos y desarrollo de inversiones, con especial énfasis en el negocio de la salmonicultura, que representa el 19% del PIB de esta región.

El estudio de Pivotes expone los casos extremos en la región, como la solicitud de Ecmpo Isla Desertores en la costa de Chaitén, donde una solicitud de 57 personas abarca más de 248 mil hectáreas y mantiene bloqueados 21 proyectos de inversión de terceros desde hace más de tres años.

Aunque el documento no detalla la cifra del impacto económico en Los Lagos, establece que -a nivel general- la inversión paralizada en salmonicultura es de cerca de US$ 200 millones, correspondiente a 33 solicitudes de concesiones acuícolas suspendidas.

Además, apunta que ese monto es una parte del problema, ya que en la zona sur-austral existen 791 solicitudes de terceros congeladas (100 de acuicultura, 405 marítimas y 110 áreas de manejo), cuya inversión no logró estimarse.

REFORMA EN EL SENADO

Asimismo, hace hincapié en que la reforma en trámite en el Senado (Boletín N° 15.862-20) interviene en la dirección correcta, pero es insuficiente.

Expone que persiste una brecha. ‘No se modifica el silencio administrativo positivo de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (Crubc), la última instancia para aprobar o rechazar un Ecmpo’.

El senador por la Región de Los Lagos, Fidel Espinoza (PS), quien en abril de 2023 presentó esa moción junto sus pares Álvaro Elizalde, Carlos Ignacio Kuschel, Gastón Saavedra y David Sandoval, aclaró que no está en contra de esta ley, ni busca derogarla, pero que es necesario mejorarla, ‘porque hoy día se paralizan todas las actividades económicas cuando se solicita un Ecmpo. Queremos que sus planes de administración sean solicitados al momento de presentar esa solicitud, y no al final de 7 años, cuando ya se ha otorgado. Queremos que sean sancionados gravemente los delitos de coimas para acceder a desinfectar áreas de manejo por parte de algunos grupos de dirigentes que se han aprovechado del sistema para entregar espacios que dependen de ellos’, especificó el parlamentario.

Espinoza precisó que ‘tal como está, se transforma en una traba para el desarrollo productivo de nuestra región y para la generación de empleo’.

De su lado, la diputada por el Distrito 26, Claudia Reyes (Rep.), añadió que esta ley ‘nació con un objetivo legítimo, pero su mal diseño está frenando el desarrollo de nuestras regiones. Hoy, basta presentar una solicitud de Ecmpo para paralizar por años inversiones, empleos y proyectos de pescadores artesanales, sin que antes se compruebe el uso consuetudinario‘.

La legisladora también se mostró partidaria de modificar esa normativa. ‘No podemos seguir aceptando que la burocracia mantenga congelado el borde costero. Es urgente reformar esta ley con plazos claros, solicitudes proporcionadas, más capacidad para Conadi y reglas justas. Debemos proteger los derechos de los pueblos originarios, pero también el trabajo y el futuro de las familias del sur’, sentenció.

COINCIDE CON SUBPESCA

El delegado presidencial regional, Cristián Palma, reconoció que el informe de Pivotes ‘formula propuestas de mejora en línea con el debate legislativo actual’.

Afirmó que respalda ‘decididamente’ el proceso de indicaciones de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), y que coincide en que se requiere una modernización integral de esa ley ‘que elimine las distorsiones de la parálisis automática, refuerce los exámenes de admisibilidad y optimice la coordinación de instancias regionales como la Crubc y Conadi’.

El delegado presidencial aseveró que el objetivo del Gobierno ‘es clave: equilibrar la protección del uso consuetudinario legítimo, con la reactivación económica y la creación de empleo’.

Palma también resaltó que el estudio coincide con lo que se concluyó en los diálogos convocados por Subpesca en Puerto Montt, en los que se definió que ‘la sola presentación de una solicitud no puede convertirse en un semáforo en rojo indefinido. Respaldamos el trabajo de Subpesca para presentar indicaciones que modifiquen este mecanismo, asegurando que resguardemos los derechos de los pueblos originarios con resguardo técnico, pero sin paralizar la inversión, el empleo y las oportunidades de nuestras regiones’.

Dijo coincidir con lo planteado por el subsecretario de Subpesca, Oswaldo Urrutia, en cuanto a que ‘la solución pasa por adecuar la ley para garantizar la buena convivencia de todos los usos del borde costero, terminando con la incertidumbre’. Añadió que con demoras de 6 a 7 años, el sistema falla para todos, por lo que urgió aplicar proporcionalidad territorial y agilizar los trámites, ya que -afirmó- se necesitan respuestas oportunas, previsibles y con rigor técnico.

VISIÓN GREMIAL

Consultada respecto de este informe, Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, expuso que el estudio evidencia que más allá del objetivo de la ley, de resguardar usos y tradiciones de pueblos indígenas, ‘las deficiencias en su diseño han terminado por convertirla en una fuente de incertidumbre y parálisis para las regiones del sur de Chile’.

La ejecutiva especificó que cuando una solicitud de Ecmpo mantiene detenidos proyectos e inversiones durante años, ‘no sólo se ve afectada una industria: también pierden las comunidades, los trabajadores, los proveedores y las economías regionales‘.

Seguel opinó que para que el uso del borde costero deje de mantenerse bajo incertidumbre y vuelva a ser una plataforma para el desarrollo ‘es indispensable avanzar hacia un marco normativo que compatibilice el reconocimiento y la protección de los derechos y tradiciones de los pueblos originarios con la certeza jurídica, la inversión y las oportunidades para las regiones. Solo así podremos aprovechar el enorme potencial de nuestro borde costero’.

De su lado, Tomás Monge, gerente general de SalmonChile, dijo que como gremio valoran que existan estudios y propuestas que contribuyan al debate sobre el perfeccionamiento de la Ley Lafkenche.

Precisó que ‘más allá de las conclusiones específicas de cada informe, creemos que existe una oportunidad para avanzar en mejoras que permitan compatibilizar el pleno respeto a los derechos de los pueblos originarios con un desarrollo sostenible del borde costero‘.

En ese sentido, Monge consideró importante ‘fortalecer la certeza jurídica, contar con procesos más ágiles, criterios y reglas claras que permitan la convivencia de distintos intereses, y que permitan el desarrollo de diversas actividades relevantes como la acuicultura, pesca artesanal y sector marítimo portuario entre otras’.

MALOS RESULTADOS

En tanto, Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Puerto Montt, quien encabeza el Plan Salmón 2090 que impulsa el municipio junto al Gobierno Regional (Gore), expuso que las conclusiones de ese estudio están en línea con lo que se ha planteado a través de ese plan.

‘Presentamos propuestas de modificación a la ley y su reglamento, para avanzar en medidas que permitan a la industria contar con certeza jurídica, impulsar un desarrollo sustentable y resguardar el uso consuetudinario real del territorio‘.

El jefe comunal porteño coincidió en que ‘la Ley Lafkenche nació con buenas intenciones, pero en la práctica ha tenido malos resultados, ya que afecta no sólo a la acuicultura, sino también a los astilleros, puertos y el desarrollo del borde costero; y ralentiza los proyectos en seis años‘.

Por lo anterior, Wainraihgt expuso que ‘se hace necesario más que nunca modificarla, toda vez que en la Región de Los Lagos teníamos pleno empleo y ahora la cesantía ha aumentado a un 7,2%. En especial se debe modificar que los proyectos deban paralizarse mientras se tramita la solicitud. Para ello es necesario que esa decisión esté en los tribunales de Justicia, a través de un procedimiento no-contentioso‘, postuló.