Estudio propone

Siete reformas agrupadas en dos ejes estratégicos orientados a suprimir frenos administrativos, superar obstáculos regulatorios y avanzar hacia un marco normativo que permita desarrollar el potencial de la salmonicultura nacional, propuso un reciente análisis del centro de estudios Pivotes.

La propuesta plantea realizar reformas prioritarias, a través de concursos abiertos en los que las empresas ofrezcan un pago al Estado para obtener ese permiso.

José Antonio Valenzuela, director ejecutivo de la entidad, comentó que «para que la acuicultura vuelva a crecer, necesitamos nuevas concesiones abiertas a la competencia. Proponemos adjudicarlas mediante licitaciones a quienes ofrezcan el mayor pago al Estado, después de cumplir las exigencias técnicas y ambientales. Así pueden ingresar más empresas y el país recibe ingresos por el uso del espacio público».

Además se plantea terminar las moratorias que desde 2020 impiden presentar nuevas solicitudes salmoneras. A juicio de Valenzuela, esa medida «abriría la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos y aumentar la producción acuícola. Hoy ese ingreso está cerrado en las principales regiones productoras. Proponemos reabrirlo con reglas técnicas claras, para que las inversiones puedan evaluarse por sus méritos y bajo las exigencias ambientales vigentes».

Otra idea es crear áreas de uso preferente para la acuicultura, en las que tenga prioridad y conviva con la pesca o el turismo, a fin de ofrecer mayores certezas para la inversión, al no tener actividades que bloqueen esa planificación.

Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de Pivotes, explicó que llevar a la práctica esa propuesta «daría certeza para invertir y aumentar la producción, evitando que decisiones posteriores sobre el mismo espacio impidan desarrollar los proyectos».

Asimismo, el informe expone la necesidad de reformar la Ley Lafkenche, mediante la acotación del efecto suspensivo por la tramitación de una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO), lo que detiene la tramitación de concesiones. Ello con la finalidad de tener reglas más previsibles.

El documento «Pivotes Propone: Reforma a la Acuicultura Chilena«, también plantea medidas complementarias, como fijar y hacer cumplir plazos obligatorios para cada etapa de una solicitud de concesión de acuicultura, además de coordinar a los servicios públicos y hacer públicas las razones de las demoras, para saber dónde se detiene cada trámite y exigir respuestas.

Además, apunta a definir plazos y metas para resolver tanto las solicitudes de nuevas concesiones ingresadas antes de las moratorias, como las solicitudes para trasladar concesiones existentes a otros lugares, lo que permitiría destrabar proyectos que llevan años esperando una decisión.

Por último, plantea ajustar la producción a las condiciones ambientales y definir con ello cuánto se puede cultivar en cada zona, lo que permitiría aumentar la producción donde haya condiciones para ello, y reducirla donde sea necesario.

Consultada Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, dijo valorar esta iniciativa, por cuanto «Chile tiene condiciones naturales, capital humano y capacidades productivas para consolidar su liderazgo mundial en acuicultura. Aprovechar esa oportunidad requiere una política de Estado que reconozca el valor estratégico de la salmonicultura y proyecte su desarrollo a largo plazo, con responsabilidad ambiental, compromiso con las comunidades y respeto por los territorios».

Seguel coincidió en que la salmonicultura necesita reglas claras, certeza jurídica y una regulación que permita convertir ese potencial en nuevas oportunidades de empleo, inversión y desarrollo para las regiones del sur austral.

Por eso expuso que «es necesario avanzar en las reformas que permitan superar las barreras que hoy enfrenta la industria, como destrabar las solicitudes que llevan años en tramitación, revisar el proceso de micro localizaciones para que permita efectivamente trasladar centros hacia sitios con mejores condiciones, y avanzar en modificaciones a la Ley Lafkenche, resguardando los derechos de los pueblos originarios, eviten paralizaciones prolongadas en el borde costero».

Para la ejecutiva esas reformas deben contribuir a un ordenamiento territorial y compatibilizar las actividades y usos de ese espacio. «El desafío es contar con un marco regulatorio moderno, eficiente y predecible, que permita a la industria crecer de manera sostenible mediante la innovación y una mayor eficiencia productiva. Avanzar en esa dirección es una oportunidad para Chile y para las familias cuyo futuro está vinculado a esta actividad».

Mientras que desde SalmonChile declinaron hacer comentarios respecto a lo que plantea este estudio elaborado por Pivotes.

FRENO DE MANO

De su lado, el diputado por el Distrito 26, Mauro González (RN), aseveró que «la actividad acuícola está congelada por culpa de la burocracia y la permisología«.

El legislador fresiano consideró que el estudio de Pivotes «es clarísimo: la salmonicultura y la mitilicultura no crecen porque el Estado les pone un freno de mano a los emprendedores y a la inversión».

Para el diputado González, tras los datos y cifras que expone en el documento «hay familias de Los Lagos, de Aysén y de Magallanes que necesitan trabajar. No podemos permitir que un trámite que debería demorar meses, termine tardando siete años».

Sostuvo que «lo que pedimos es simple: reglas claras, que se termine el papeleo inútil y que dejen trabajar al sur».

MARCO REGULATORIO

En sus conclusiones, Pivotes define que «Chile no está aprovechando cabalmente una de sus principales ventajas competitivas» y que «lo que falta es un marco regulatorio efectivo«.

Asevera que «la relevancia económica de esta parálisis es concreta: 86.000 empleos en las zonas más aisladas del país dependen de un sector cuya renovación y expansión están prácticamente paralizadas».

Proyectan que «bajo un escenario de crecimiento sostenido de la producción, estimaciones recientes sitúan el PIB de Aysén al año 2034 en torno a un 28%, el de Los Lagos un 21% y el de Magallanes un 11%».

Al destacar las reformas propuestas, menciona la necesidad de «suprimir los frenos que mantienen cerrado el ingreso al sector y ordenar la asignación del borde costero«.

Asevera que ninguna de ellas requiere una ley nueva y que se ejecutan sin pasar por el Congreso. «Lo que se requiere es voluntad política coordinada. La opinión pública otorga una ventana de oportunidad real. El apoyo a expandir la salmonicultura es equivalente al de la minería del cobre. La mayoría de quienes no lo respaldan son detractores activos», subraya.

En la parte final definieron que «ese apoyo, eso sí, es frágil en lo medioambiental. Una reforma inteligente no puede ignorar ese déficit. Crecer sin gobernar mejor el impacto ambiental sería cambiar un problema por otro».

Proporcionalidad de la Ley Lafkenche

Con motivo de la sesión extraordinaria de la Comisión de Uso del Borde Costero (CRUBC), el gobernador regional, Alejandro Santana, propuso revisar los criterios de proporcionalidad en la Ley Lafkenche. «Hay un ejemplo: toda la industria del salmón opera en 12 mil hectáreas, y las solicitudes ECMPO que han existido en la macrozona sur de Chile llegaron a 4 millones de hectáreas«, manifestó Santana, quien admitió que el Gobierno y el Congreso deben analizar eventuales modificaciones legales o reglamentarias para otorgar mayor certeza y compatibilizar las actividades que se desarrollan en el borde costero. «No soy ni Gobierno ni soy parlamentario; por lo tanto, yo espero que se busque el camino que permita generar certeza», aseveró.