¿Reactivación en 2027?

En 2026 han ingresado a evaluación proyectos por US$ 45.000 millones.

Las autoridades han aumentado la agilidad para aprobar grandes montos de inversión, pero los expertos ven difícil que sus efectos puedan materializar un impacto relevante sobre la economía a corto plazo.

En un período marcado por los malos resultados económicos, el discurso de las autoridades se ha centrado cada vez con mayor énfasis en la posibilidad de ver un repunte a partir del próximo año. En los mensajes del Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz —como el que entregaron en Enade la semana pasada—, esa hipótesis se basa principalmente en un factor: los efectos en inversión que podrían empezar a notarse, fruto de su agenda de reformas.

Esa mirada tiene un cierto correlato en los datos: en lo que va del año, han ingresado a evaluación ambiental nuevos proyectos de inversión por US$ 45.852 millones, algo por encima de lo observado en el mismo período de 2025, y los tiempos promedio de tramitación han ido bajando levemente, según el análisis del Observatorio Económico de Permisos (OEP), fundado por el economista Jorge Valverde, sobre la base de datos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Sin embargo, no está del todo claro que dichos proyectos que recién empiezan el camino de la «permisología» tengan un efecto concreto en la economía, tan pronto como el próximo año. En sus casi ocho meses de gestión, el Gobierno se ha enfocado principalmente en destrabar proyectos de gran envergadura, y por eso los montos de inversión resueltos (calificados) en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) han sido los más altos de la serie en los últimos dos trimestres, con entre US$ 16.000 y US$ 19.000 millones, respectivamente.

Con todo, las estadísticas muestran que la ruta crítica de las inversiones no termina ahí. Entre la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y el inicio de la construcción, un proyecto debe atravesar también por la eventual judicialización de sus autorizaciones, y también la obtención de permisos sectoriales, en un proceso que puede tomar hasta 500 días adicionales (ver gráfico).

Inciertos plazos para construcción

Las autoridades se han enfocado en evaluaciones ambientales más ágiles, especialmente en proyectos de gran envergadura como los que requieren un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Es el caso del proyecto minero Tovaku, que esta semana fue destacado por el Ejecutivo como una de las aprobaciones más expeditas desde 2018, con un tiempo de 1,2 años de revisión. También han destrabado proyectos por unos US$ 17.000 millones en el Comité de Ministros.

Sin embargo, en el contexto del complejo momento económico a nivel nacional, lo más relevante es la etapa posterior: sumando todos los proyectos que cuentan con una RCA, pero no han podido empezar su construcción, hay 120.000 puestos de trabajo en espera. En el caso de los grandes proyectos, las demoras promedio entre la calificación ambiental y el proceso de construcción alcanzó un máximo de 1.800 días en 2024 y ha ido consistentemente a la baja, pero es pronto para hablar de un «cambio de mano» con esta administración, según Valverde, del OEP.

«El segundo trimestre del 2026 es el (tiempo) mínimo, y ahora sube marginalmente. Eso podría ser una buena noticia, pero es una tendencia que viene cayendo fuerte hace rato», plantea.

Para José Antonio Valenzuela, director ejecutivo de Pivotes, lo más probable es que haya que esperar para ver los efectos más concretos del proceso de inversión. «Es probable que se vean los primeros brotes verdes, pero es difícil pensar que podamos ver en 2027 un impacto asociado a los proyectos ingresados durante esta administración, que son muchos y por montos muy altos. Por otra parte, los niveles de inversión aprobada en el SEIA aumentaron fuertemente en 2025, y eso sí puede empezar a sentirse», sostiene.

Normativa pendiente

Marcela Klein, exjefa de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (precursora de la actual OASI) en el Ministerio de Economía, advierte que «los permisos sectoriales son, en la realidad concreta, aquellos que más contribuyen a demorar la implementación de un proyecto de inversión. Si bien la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental es un hito relevante dadas sus complejidades inherentes, transitar por el sistema de permisos sectoriales es demoroso, engorroso, inorgánico e ineficiente».

Desde la óptica de los expertos, una de las principales medidas que deberían tomar las autoridades para agilizar la etapa «posambiental» de los proyectos de inversión y acelerar su construcción es implementar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS). Hasta ahora, este cuerpo legal aprobado en el gobierno anterior no ha logrado desplegar todos los reglamentos complementarios que ponen en marcha su operación, con varios de ellos trabados en Contraloría. Uno de los más atrasados es el que define la categoría de «proyectos estratégicos», que por su condición pueden acceder a plazos de tramitación más rápidos, cuyo contenido está todavía en las últimas etapas de definición, según han informado recientemente las autoridades a cargo de su implementación.

Para Valverde, este es uno de los puntos que podrían marcar diferencias. «La implementación todavía está en pañales, entonces no veo cambios significativos, a menos que se apuren y entren en vigencia rápido un par de decretos (…). Hasta el minuto, el Gobierno no ha implementado nada de la reforma que uno pueda decir: mira, esto está siendo más rápido», opina.

Valenzuela sostiene que «la completa implementación de la ley va a ser central para acotar plazos de permisos sectoriales que están en la ruta crítica de la gran inversión minera, energética o en infraestructura. Sin embargo, creo que todavía sigue siendo la evaluación ambiental y la RCA el principal disuasivo a la inversión en Chile y donde se percibe la mayor incertidumbre y demora».

Klein, en tanto, plantea que «es clave la emisión de los reglamentos pendientes y la definición, en ese marco, de aquellos permisos que pasarán a constituirse en técnicas habilitantes (declaraciones y avisos). Parte importante de la eficacia de esta ley pasa por lograr una implementación exitosa de este aspecto».