Ex-Ante
Acuicultura:
dejemos de hacer como si nada ocurriese
La regulación acuícola chilena es un enredo. En plena emergencia laboral, Chile mantiene prácticamente detenido el crecimiento de su mayor exportación no minera, y el tema sigue siendo un elefante en la habitación que nadie quiere mirar. Nos espantamos con el alto desempleo y los pésimos datos de crecimiento, pero nadie quiere ponerle el cascabel al gato en los sectores donde tenemos más ventajas comparativas.
Entre 2020 y 2024 se aprobaron apenas tres concesiones de salmones, frente a 416 entre 2000 y 2004. En el mismo período, Noruega, con estándares ambientales comparables a los nuestros, sumó más de 180 licencias. Desde 2019, nuestra producción crece a un exiguo 0,6% anual. La parálisis también afecta al cultivo de choritos, ya que desde 2020 no pueden solicitarse nuevas concesiones en Los Lagos, su principal región productora.
Mirar para el lado no resolverá el problema, y ser alarmistas selectivos tampoco. Que algo sea difícil de cambiar o poco popular no lo hace menos urgente. Pero cuando el problema es así de profundo, no basta con paracetamol: lo que se requiere es una cirugía mayor.
En el documento «Pivotes Propone: Reforma a la Acuicultura Chilena» documentamos la mejora ambiental de la salmonicultura tras la crisis del virus ISA. Los escapes cayeron de 3,25 a 0,05 peces por tonelada producida entre 2004 y 2023, y su huella de carbono es de 5,1 kg de CO₂e por kilo comestible, frente a 39 del vacuno.
Sin embargo, sobre un mismo metro cuadrado de borde costero pueden recaer siete instrumentos dictados por cinco autoridades distintas, lo que deja a las solicitudes de concesión acuícola en tramitación a la cola de las prioridades. Y un hallazgo que parece broma: SERNAPESCA perdió sus registros históricos de inspección en una falla de servidor, según constatamos mediante solicitudes de transparencia. El abandono es a todo nivel.
Chile no puede dejar a su suerte a una industria que sostiene 86.000 empleos directos e indirectos, además de uno de cada cuatro trabajadores formales entre Los Lagos y Magallanes. El impacto social es indiscutible: entre 1992 y 2002, la llegada de centros salmonicultores explicó dos tercios de la caída de la pobreza rural en Los Lagos.
Frente al statu quo que ha marcado nuestra política pública en la materia durante más de quince años, desde Pivotes proponemos una agenda reformista. La prioridad es reabrir el ingreso de solicitudes y asignar nuevas concesiones de salmones mediante licitaciones competitivas. Además, planteamos fijar plazos vinculantes con un registro público de paralizaciones, pues hoy la tramitación de una concesión demora 7,4 años frente a un plazo legal de tres.
También proponemos que la Ley Lafkenche suspenda la tramitación de concesiones solo una vez verificado el uso consuetudinario, y no desde la mera solicitud. Hoy esa verificación tarda 2,3 años, pese a un plazo legal de un mes, y mantiene paralizadas 309 solicitudes; solo 33 de ellas congelan cerca de US$200 millones en inversión. Por último, planteamos reemplazar las Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura por Áreas de Uso Preferente, donde la acuicultura tenga prioridad y no puedan superponerse después instrumentos incompatibles.
Se trata de reformas quirúrgicas pero de alto impacto. La mayoría requiere ajustes acotados a leyes vigentes, y dos pueden ejecutarse por vía administrativa, sin pasar por el Congreso. Y, ¿quién sabe? Al implementarlas, quizás descubramos que este enredo no era tan difícil de arreglar como creíamos.