José Antonio Valenzuela

Abogado y miembro de Pivotes, José Antonio Valenzuela analiza el fin de la doctrina de confianza legítima, que impedía despedir a los funcionarios a contrata del Estado. La contralora Dorothy Pérez ya había dado señales en ese sentido.
-La Corte Suprema descartó el principio de confianza legítima de los funcionarios a contrata del Estado. ¿Qué consecuencias puede tener esto?
-El fallo rompe con una doctrina que desde hace casi 10 años ha venido restringiendo la posibilidad de desvincular personal a contrata en el Estado. La regla que establece el Estatuto Administrativo es que este tipo de personal se renueva año a año. Pero lo que sucedió es que el superior no podía no renovar la contrata. Porque existía esta confianza de que se iba a renovar. Lo que hizo la Corte Suprema fue decir que esta doctrina no tiene valor jurídico, que es incompatible con nuestras leyes.
-La tercera sala de la Corte Suprema ratificó un veredicto de la Corte de Apelaciones de Talca, que fue invocado por un trabajador de Curicó que tenía 10 años de empleo. La Corte dice que la confianza legítima carece de consagración normativa. ¿Esto abre la puerta a que los despidos en el aparato público sean más fáciles y masivos?
-Así es. Permite que una persona que maneja un equipo pueda simplemente no renovar esas contratas y por lo tanto echar a buena parte de su personal.
-¿Hay “parásitos” en el Estado de Chile?
-Hay en muchas partes del Estado, pero al mismo tiempo está repleto de gente que hace bien la pega.
-En los hechos, eliminar la confianza legítima es un regreso a la interpretación histórica que había en el empleo de contrata. ¿Es así?
-Exacto. La ley dice que las contratas son cargos flexibles que duran un año. Asimismo la gente de planta hace toda su carrera en el Estado. Eso tampoco es recomendable. La ley dice que un 20% máximo van a ser funcionarios de contrata y el resto tienen que ser funcionarios de planta. Los gobiernos de la Concertación, en la ley de presupuesto, desde 2000, generaban excepciones y permitían ir metiendo más personal de contrata.
En la práctica, cuando llegamos al año 2010, la proporción estaba al revés. Teníamos casi un 70% u 80% de gente a contrata y las plantas eran una minoría. Pero las personas a contrata estaban muy desprotegidas. Eso cambió con el concepto de confianza legítima. La sentencia es importante, pero nos pone en una situación que también es complicada.
-¿Por qué?
-Hay dos polos que son igualmente indeseables. Uno es la lógica del pituto, donde cambia el gobierno y cambia todo el personal del Estado. Pongo a mi gente. El otro polo es que el Estado sea rígido. No se puede hacer absolutamente nada, no se puede gestionar el Estado. Que era un poco en lo que estamos ahora. Los que no hacen la pega no hay cómo reemplazarlos por gente que sí trabaja. Pero este cambio de eliminar la confianza legítima no nos va a dejar con un buen sistema. Porque vamos a volver a un contexto donde es muy fácil echar a todos para reemplazarlos por los operadores.
-¿La izquierda tiende a ser más permisiva en este ámbito o no tiene color político?
-Tradicionalmente a las personas de izquierda les cuesta más tomarse en serio este problema.
-¿Cuál es el rol de Dorothy Pérez, que fue ovacionada en ENADE?
-Ella ha tenido un rol muy importante.
-Pérez en 2024 se desligó de la confianza legítima e inició este tema que ahora llega a una decisión de la Corte Suprema. ¿Se adelantó?
-Ella saca a la Contraloría de este debate de la confianza legítima. Y dice que esto se tiene que resolver en los tribunales. La confianza fue una doctrina que partió con Jorge Bermúdez. Y a mí me parece que el cambio está bien. Pérez entendió que se estaba desvirtuando lo que señala explícitamente la ley. Y eso es lo que ahora reconocen los tribunales.
Y en segundo lugar, yo creo que ella está haciendo algo muy importante al subirle el costo a quienes hacen mal su pega y no cumplen las obligaciones de los empleados públicos. Lo hizo también con las licencias médicas. Pérez ha tenido un rol en poner en la lupa a las malas prácticas.
-¿Qué cambios son necesarios al estatuto administrativo?
-En primer lugar, la distinción entre planta y contrata no se sostiene. Necesitamos un estatuto único para todos los trabajadores públicos sin perjuicio de que puede haber subsistemas para los que trabajan en las universidades, en los municipios, en hospitales. Pero planta y contrata, hay que eliminar esa distinción.
Hay que generar un sistema más restrictivo para el ingreso. Todos los cargos debieran ser concursados. Hoy las contratas no tienen esa limitación. Además, prácticamente todos los funcionarios y todas las instituciones tienen la máxima evaluación. Así como se tiene que hacer más restrictiva la entrada de trabajadores al Estado, pienso que se tiene que hacer un poco más simple la remoción.
-La CUT dijo que el fallo vulnera los derechos de los trabajadores y reduce el Estado. ¿Qué te parece esta declaración?
-No creo que los funcionarios a contrata tengan un derecho a permanecer en el Estado. La confianza legítima desvirtuó lo que dice la ley. Me parece que tanto la lógica de la CUT de combatir la “reducción del Estado”, como la de otros sectores de combatir el “crecimiento del Estado” son equivocadas. Acá la preocupación debiese estar por combatir el mal funcionamiento del Estado, y eso va a seguir ocurriendo si la ley pone los incentivos incorrectos.