EL LLANQUIHUE DE PUERTO MONTT

"Los gobiernos regionales debieran poder modernizar el régimen de empleo público"

Bernardo Larraín:

Bernardo Larraín

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La modernización del Estado y la descentralización constituyen dos materias relevantes para la Fundación Pivotes, cuyo presidente, Bernardo Larraín, visitó recientemente Puerto Montt, ciudad en la que participó de un seminario en la Universidad San Sebastián, sede De la Patagonia. El ex presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), entre 2017 y 2021, expuso la idea es potenciar la organización en regiones. Para ello considera indispensable reunirse con líderes locales. En esta línea, el surgimiento de Pivotes del Sur es uno de sus anhelos.

-¿Cuál es su diagnóstico del escenario político, en medio del cuestionamiento al trabajo de las fundaciones?

-Democracia Viva y toda la crisis del Caso Convenios, que tiene también una expresión local con la Corporación Kimün, demuestra que el Estado tiene serias falencias.

La región ha estado en el ojo del huracán producto de los convenios, por lo que se requiere de una reflexión con la finalidad de mejorar el proceso de descentralización.

-¿Considera que han existido avances en materia de descentralización?

-Es necesario fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos regionales. Dimos un primer paso con la elección de gobernadores y ahora parece que con la ley de fortalecimiento de las regiones que ingresó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, queremos dar un segundo paso, que se refiere a la descentralización fiscal; es decir, que las regiones puedan endeudarse y recaudar. Pero creo que este paso debiera ser posterior a una reflexión en torno a ver cómo mejoramos las capacidades institucionales, producto de la crisis de los convenios.

-¿El Caso Convenios repercutió en el proceso?

-Un 75% de los recursos públicos de los programas que están siendo investigados por Contraloría o por el Ministerio Público han ocurrido en gobiernos regionales. No podemos ignorar esta crisis, la que puede servir de excusa para los enemigos de la descentralización respecto a parar este proceso. Nuestra mirada es al revés, de transformarlo en una oportunidad para no ir directo al endeudamiento regional y decir antes algo que no hemos realizado, respecto a preguntarnos sobre qué competencias tienen los gobiernos regionales, cuál es el delegado presidencial y qué siguen haciendo los seremis y los municipios y así distribuir las competencias; pero no solo en el papel, puesto que los gobiernos regionales al recibir recursos del nivel central tienen que demostrar que cuentan con las capacidades, mecanismos de control y de rendición de cuentas que les permitan velar por el buen uso de los recursos públicos.

-¿Cuánto impacta, entonces, el Caso Convenios a este proceso?

-El riesgo es que si no hacemos una reflexión y un ajuste de piezas, este proceso se puede transformar en un gran revés y puede ser la excusa perfecta de quienes se oponen; pero nosotros queremos hacer lo contrario. Los gobiernos regionales debieran poder modernizar el régimen de empleo público. Debieran transformarse en referentes en este aspecto, en el sentido de que está bien que un gobernador, que fue electo, arme su equipo con personas de confianza; pero no es razonable, ni aceptable, que sea ese mismo equipo el que ejecute los programas públicos. Debiera existir una separación entre el gobernador, sus funcionarios de confianza y un servicio profesional, público, técnico que no pase por un gobierno de turno. Y así no se correrá el riesgo de que se seleccionen fundaciones cercanas que no tienen la trayectoria, ni las capacidades para ejecutar dicho programas.

-¿La modernización del Estado evitaría que se produzcan situaciones, como los traspasos de recursos de funcionarios que hoy se están investigando?

-Se disminuirían los riesgos, porque al final el comportamiento ético y las virtudes cívicas que todo funcionario público debe cumplir son materias personales. Ahora, por supuesto que en el diseño de los gobiernos regionales es relevante porque puede inhibir o facilitar estas malas prácticas, considerando que estas entidades tienen pesos y contrapesos, lo que hará más difícil que estas situaciones ocurran.

-¿Podría ser materia a debatir en el Consejo Constitucional, para que forme parte de la nueva Carta Magna?

-Presentamos una iniciativa popular de norma, llamada “Por un Estado sin pitutos”, que tuvo 18.700 firmas, la cuarta más votada y por eso logramos que se discutiera. Ahora, propone que limitemos la cancha libre que tienen hoy gobernadores, alcaldes y gobierno central para designar personas cercanas a lo largo y ancho de todo el Estado, en circunstancias que debe ser acotado y excepcional, que signifique que una buena parte del Estado esté conformado por profesionales que realicen un buen servicio público. Que sean seleccionados por su mérito y no por razones políticas, lo que implican concursos abiertos y transparentes, en los cuales distintas personas puedan competir.

-En este escenario, ¿cómo vislumbra a los delegados presidenciales?

-Chile sigue siendo un Estado unitario. Somos partidarios de la descentralización, pero sin romper nuestra condición de un solo Estado y por ello es que el gobierno central tiene que disponer de una representación regional y para que el Gobierno Regional tenga poder y capacidad, no solo tiene que ejecutar todos los programas, pero puede ser un gran articulador en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Articular a los municipios y ese rol debe asumirlo más el gobernador que los delegados.

-¿Cómo analiza el rol de los consejeros regionales en esta polémica?

-Estos programas públicos asignados a fundaciones, como Kimün, pasaron por los consejos regionales; por lo que lo que se tiene que realizar es una autocrítica de parte de todos los actores. Nadie puede mirar el techo.

-Los cores solicitan más atribuciones para fiscalizar…

-En cuanto a fiscalización, uno debiera tener fortalezas institucionales de la Contraloría, del área de auditoría del Estado en las regiones.

No pueden ser entidades centralizadas que no tienen presencia territorial. Por la discusión respecto de quién tiene qué competencias es súper pertinente. La peor respuesta es que no exista una definición clara al respecto.

 

“Debiera existir una separación entre el gobernador, sus funcionarios de confianza y un servicio profesional, público, técnico que no pase por un gobierno de turno. Y así no se correrá el riesgo de que se seleccionen fundaciones cercanas que no tienen la trayectoria”.

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