¿Primer o último capítulo?

Chile lleva doce años creciendo en promedio apenas un 2%. Es el telón de fondo de una década de decisiones esquivas y de una clase política que prefirió el conflicto distributivo a la conversación sobre cómo agrandar la torta. En ese contexto, el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional merece una lectura generosa, pues puede ser el empujón que Chile necesita para marcar un cambio de trayectoria.

Lo primero es reconocer lo que el proyecto es: un muy necesario shock de inversión. La reducción gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, la invariabilidad tributaria y las normas para reducir la complejidad y lentitud del sistema de permisos son señales que Chile no enviaba hace mucho tiempo. A eso se suman normas para darle un empujón a ciertas industrias que lo necesitan. No es poca cosa.

Y sin embargo: la lógica de shock es condición necesaria, pero no suficiente para que ese cambio de trayectoria se mantenga. Si nos limitamos a este impulso inicial, llegaremos a la mitad del camino y en diez años estaremos teniendo la misma conversación. La energía reformista de este gobierno no se puede acabar con la Ley de Reconstrucción.

El primero de los ingredientes faltantes es la calidad del Estado. Hay décadas de evidencia que muestran que la calidad institucional es uno de los principales determinantes del desarrollo. Eso implica revisar quiénes trabajan en el Estado y bajo qué reglas, cómo se produce y evalúa la regulación y su efectividad. Muy relevante es también revisar la salud de los tres poderes: el Legislativo, con un sistema electoral que produce parlamentos fragmentados e ineficaces, y el Judicial, con una credibilidad cada vez más difícil de defender. Sin instituciones que funcionen, el capital que queremos atraer puede no llegar, incluso con buenas condiciones tributarias.

El segundo ingrediente es apostar por los sectores donde Chile tiene ventajas reales: minería, litio, acuicultura, forestal, agro-industria, energía renovable, hidrógeno verde, data centers. Todos lejos de su enorme potencial por trabas regulatorias e incertidumbre jurídica. Algunos elementos del proyecto apuntan en esa dirección, sin embargo se necesita un rediseño más estructural del SEIA, para que, entre otras cosas, entregue certezas tempranas a quien busca invertir en Chile. No basta con hacerse cargo de los permisos, también es fundamental convencernos de nuestro modelo de desarrollo. No hay shock de inversión que resista la ambigüedad permanente sobre si Chile quiere o no crecer sobre la base de sus ventajas en recursos naturales.

El tercer ingrediente es transitar hacia una economía más intensiva en conocimiento. El punto de partida son las referidas industrias donde ya somos buenos (y donde por cierto se está desarrollando mucha innovación): la complejidad no se decreta desde Santiago, se acumula en procesos y equipos que aprenden haciendo. Lo que el Estado puede hacer es crear las condiciones para que ese aprendizaje ocurra. Y esas condiciones tienen nombre: regulación que no asfixie la experimentación y reglas laborales que no castiguen el fracaso. La innovación no florece donde tomar un riesgo y perder tiene un costo desproporcionado, y nuestra rigidez laboral no incentiva la innovación.

El cuarto ingrediente, y quizás el más estructural, es la productividad. Una regulación laboral rígida dificulta la movilidad de trabajadores desde empresas de baja productividad hacia las más dinámicas, frenando el crecimiento de estas últimas. Pero la productividad tiene también una dimensión más profunda: el capital humano. Una economía más productiva necesita trabajadores mejor formados, y eso exige un foco primordial en la educación, con prioridad en la primera infancia y en el nivel escolar. La educación como prioridad, porque esta no es solo una palanca de productividad, es una fuente de legitimidad y justicia social de nuestro modelo de desarrollo, pues hace que el mérito sea un horizonte real, y no solo retórica.

El gobierno tiene un proyecto que puede marcar un punto de quiebre. Pero la pregunta que inevitablemente surge es si este esfuerzo inicial agotará toda la energía legislativa disponible, o si será el primer capítulo de una agenda más larga. Porque la historia reciente de Chile sugiere que cuando se abre una ventana de oportunidad para reformas estructurales, tendemos a cerrarla antes de que entre suficiente luz.