Agenda Legislativa Económica-fiscal

Hace bien Luis Eugenio García Huidobro en su columna del miércoles pasado en desafiar a nuestros parlamentarios preguntándoles, ¿qué estamos esperando para avanzar con decisión en el acuerdo entre los presidentes de ambas cámaras y el gobierno que priorizó 21 proyectos de ley que son parte del Pacto Fiscal por el Crecimiento?  

Lo primero que debieran hacer los parlamentarios es escoger de ese largo catálogo de reformas unas pocas pero sustantivas que ataquen la raíz de los problemas de ralentización económica e ineficacia estatal, pues diluir la escasa energía política en tantos esfuerzos arriesga diluir los esfuerzos y no ser capaces de avanzar en ninguna. ¿Cuáles son esos proyectos que se debiesen priorizar?

En el pilar de modernización del Estado, el Gobierno ha dado un paso correcto al empujar la creación de una Agencia de Calidad de Políticas Públicas, que en Pivotes hemos propuesto desde nuestra creación y que es una deuda de hace décadas. El desafío será dotar a este órgano de herramientas que permitan que las recomendaciones que este órgano autónomo realice redunden en la eliminación o adecuación de políticas públicas ineficaces. Sin embargo, la modernización del Estado quedará siempre corta si no damos también los primeros pasos de una reforma sustantiva al régimen de empleo público. Limitar los nombramientos políticos en el Estado y fomentar una adecuada carrera funcionaria que premie el buen desempeño castigue el malo son necesidades urgentes para contar con mejores instituciones públicas.

En el pilar de crecimiento, corresponde reducir la complejidad kafkiana del proceso de permisos para invertir. Para ello creemos necesario re-orientar el proyecto de ley que reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental para que contemple un proceso de dos etapas. Una etapa temprana de screening que, en base a una descripción general del proyecto sometida a participación ciudadana, resuelva tempranamente cuestiones relevantes como su compatibilidad con la vocación del territorio, cuáles son las comunidades afectadas, la línea base a levantar y los impactos principales a evaluar, entre otras materias.  Y una segunda etapa de carácter técnico que evalúe la suficiencia de las medidas de reparación, compensación o mitigación. Junto con esto, urge reactivar el otorgamiento de concesiones en plazos ciertos para sectores como la acuicultura o la desalación, frenados hace ya varios años. A estos debería sumarse el litio, que producto de una regulación obsoleta ha quedado vedado de un modelo de concesión que existe en Chile respecto de otros minerales, y en aquellos otros países que son potencias mineras. 

Finalmente, mientras se discuten estas reformas de carácter general, tanto el gobierno como el parlamento debieran dar un paso decidido y audaz para reactivar la inversión. Desde Pivotes, por ejemplo, hemos planteado la posibilidad de establecer un régimen regulatorio especial en sectores que -como el litio, la desalación, el hidrógeno verde y la acuicultura- representen al mismo tiempo oportunidades de crecimiento para Chile y de solución a los desafíos medio ambientales del planeta. Un régimen que integre en un instrumento contractual único con el Estado, provisiones transitorias de invariabilidad regulatoria; concesiones para utilizar recursos que le pertenecen al Estado; estándares medio ambientales a cumplir; y, finalmente, el compromiso del Estado de un plazo cierto para empezar a construir y operar, podría transformarse en una herramienta que incentive realmente la inversión en estos sectores estratégicos.

La próxima cuenta pública del presidente representa una oportunidad para ponerle más foco y ambición a la agenda legislativa por el crecimiento y la modernización del Estado. Los diagnósticos y los consensos técnicos ya están. Toca priorizar, arremangarse y trabajar para sacar estas reformas adelante.