Urgencia educativa

La Cámara de Diputados acaba de pasar los últimos 23 días discutiendo una acusación constitucional, finalmente rechazada, contra el ministro de Educación. Hace dos años, durante el gobierno anterior, el mismo cuerpo gastó exactos 23 días en otra acusación constitucional rechazada, presentada también contra el entonces titular de Educación, con argumentaciones que apuntaban -entre otros puntos- a la insistencia de éste por volver a clases durante la pandemia.

Vale la pena preguntarse si no sería mejor haber invertido ese mes y medio de agenda educacional paralizada en impulsar, desde el Congreso, acuerdos que permitan avanzar en materias vitales para nuestros estudiantes. Por ejemplo, la discusión sobre la modernización de la ley SEP, que permite flexibilizar los recursos para que cada establecimiento pueda decidir cómo enfrentar sus problemas más urgentes.

No es sólo una sensación de urgencia, son los datos que lo respaldan. Gobierno y oposición tienen una responsabilidad en avanzar en conjunto para combatir esta catástrofe educativa. Es el momento de que, guiados por los datos, nos centremos en lo importante.