Los diaguitas

Señor Director:

En mayo de 2011, Quillota se movilizó para pedir que volviera el tren a su comuna. Más de 30 mil firmas se recolectaron en demanda de un medio de transporte más seguro y limpio que uniera a los miles de habitantes de la zona con la ciudad de Valparaíso. Tuvieron que pasar varios años para que en 2018 se iniciaran licitaciones para estudiar la extensión del Merval a Quillota y La Calera. Sin embargo, a fines de 2024 el proyecto sufrió una demora importante debido a una sorpresiva oposición: la comunidad diaguita Araya-Araya.

Pese a que la antigua línea de tren que sería utilizada para el proyecto había sido construida a fines del siglo XIX, una comunidad indígena de 41 personas que llegó a la zona desde Caimanes en 1978, señaló que utilizaba la vía férrea para el ejercicio de prácticas ceremoniales, las que se verían seriamente alteradas por la habilitación del ferrocarril.

En nomenclatura ambiental, esto constituía un impacto significativo, por lo que eventualmente podría requerir una consulta indígena conforme al Convenio OIT N°169.

Afortunadamente, la empresa logró llegar a un acuerdo con la comunidad, la que a cambio de un usufructo gratuito por 30 años de un predio de casi tres hectáreas (30 mil metros cuadrados) accedió a modificar el impacto cultural que el proyecto le causaba, el que pasó a ser no significativo.

Este caso grafica el efecto que tienen las reglas institucionales cuando son disfuncionales. El actual funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) permite que un grupo de 40 personas pueda detener un proyecto que beneficia a miles de habitantes de Quillota y La Calera por la potencial afectación que tiene hacia ellos. Sin embargo, el resultado deja claro que su objetivo no es la protección de presuntos patrimonios culturales ancestrales, sino la entrega gratuita de un predio, fácilmente traducible a un valor económico.

Si las reglas que tenemos no funcionan, este nuevo ciclo político abre una oportunidad para cambiarlas.