La paradoja del amarre

Señor director:

En los años 90, tres de cada cuatro funcionarios públicos pertenecían a la planta; hoy, esa proporción se invirtió y solo uno de cada cuatro está en ella.

La planta estaba diseñada como un régimen extremadamente rígido: solo se podía ingresar por el grado más bajo (el de peor remuneración), lo que hacía muy difícil atraer profesionales calificados. La desvinculación era casi imposible y cualquier ajuste de personal era una verdadera hazaña administrativa.

La solución vino por dos vías. Primero, se optó por dejar morir las plantas, reduciéndolas a su mínima expresión en los nuevos servicios públicos. Segundo, se recurrió masivamente al régimen de contrata, que era de fácil contratación y desvinculación. Esto permitió que entraran más profesionales al Estado: en los años 90, solo el 25% de la dotación correspondía al estamento profesional, hoy son el 54%.

En los sucesivos gobiernos de la Concertación, nadie era despedido por razones políticas. Pero los problemas surgieron en 2010, cuando la coalición gobernante cambió. El temor de los funcionarios a ser desvinculados llevó a una serie de negociaciones que culminaron con la consagración del principio de confianza legítima, en 2016, que introdujo rigidez al despido.

El Gobierno actual y los sindicatos del sector público, ante un nuevo cambio de coalición política en el Ejecutivo, pretenden ahora consagrar ese principio en la ley de reajuste del sector público, sin mayor discusión y en su versión más radical: a los dos años de servicio no se puede terminar el contrato.

Resulta paradójico que el sistema creado para evadir la rigidez heredada por el Presidente Aylwin en los 90, se pretenda solucionar amarrando a los funcionarios que ingresaron durante el período del Presidente Boric. Más que tratar de hacer arreglos de última hora, lo responsable es hacer lo que ya resulta impostergable: reformar el empleo público para asegurar el mérito al ingreso, la movilidad necesaria en la carrera y un sistema de despido que garantice que quienes le fallen a Chile no sigan en el Estado.