Derecho a la educación suspendido por unos pocos

El Instituto Nacional tiene casi 213 años de historia. Ha formado presidentes, intelectuales y miles de jóvenes. Pero esta semana, overoles blancos lanzaron artefactos incendiarios y agredieron a funcionarios. No es un hecho aislado. En 2024, el establecimiento acumuló 35 interrupciones de clases, equivalentes a un mes y medio: 20% del año escolar perdido. Según indica su propia rectoría, 7 de cada 10 estudiantes son vulnerables, quienes además de adquirir conocimientos, encuentran ahí contención socioemocional y acceso a alimentación. Cada suspensión los perjudica sobre todo a ellos. Y esto está pasando en muchos liceos emblemáticos.

El problema es estructural: no existe ninguna norma que haga de la continuidad educativa una prioridad jurídicamente exigible. Por eso, es clave declarar la educación como servicio esencial y establecer que su suspensión sea siempre una medida muy excepcional. Mientras esa reforma espera en el Congreso, los estudiantes más vulnerables del país siguen pagando el costo.