Amarres

Señor director:

Mucho se ha hablado de amarres en el último tiempo, sin embargo, no siempre la palabra ha tenido un mismo significado. La discusión surgió con la ley de reajuste del sector público, que buscaba dejar fija en piedra la doctrina del excontralor Bermúdez de la “confianza legítima”. Ello implicaba que quienes llevaran en el Estado dos años o más no podrían ser desvinculados salvo por causales estrictas, lo que contravenía el Estatuto Administrativo. Finalmente, el Congreso descartó la norma.

Luego surgió otro tipo de amarre. El subsecretario para las FF.AA. realizó un concurso de última hora para proveer un cargo de planta —de carácter permanente— en el que misteriosamente fue seleccionada una ex asesora suya, cercana al Partido Comunista. Diputados opositores apuntaron a que se estaría “amarrando” en cargos fijos a personas con perfil político, sin competencias específicas para el cargo.

En ambos casos, la institucionalidad del empleo público está dando muestras de obsolescencia e ineficacia. Los funcionarios a contrata, que por ley son transitorios, están transformándose en permanentes sin que sus derechos ni la función que cumplen esté adecuadamente abordada. En el segundo caso, los cargos técnicos permanentes en altos escalafones están siendo ocupados por personas con perfil político y no técnico.

El problema es que, pasada la polémica, el Estado seguirá siendo percibido como ineficaz si no abordamos la raíz: separar definitivamente las funciones de gobierno, que cambian con el presidente de turno, de las propias de la administración del Estado, que son permanentes y deben seguir funcionando sin interrupción.

Para ello, es necesario afrontar el desafío de reformar nuestro régimen de empleo público y avanzar hacia un Estado moderno y eficaz.