Con críticas a Ley Lafkenche y Conadi:

Este martes, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Aysén rechazó dos solicitudes de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO).

• Se trata de los ECMPO Islas Huichas y Cisnes, ingresados por las comunidades indígenas Antunen Rain y Pu Wapi, respectivamente.
• Ambas solicitudes sumaban 621 mil hectáreas de territorio marítimo y fueron rechazadas por unanimidad, con 34 votos a favor.
• Según la industria salmonera, de haber sido aprobadas, las solicitudes se habrían superpuesto a más de 300 concesiones acuícolas de la zona.
• Distintos integrantes de la CRUBC apuntaron contra el proceso de elaboración del Informe de Uso Consuetudinario, elaborado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y contra las deficiencias de la Ley Lafkenche.

Nueve años de tramitación. El ECMPO de Cisnes fue ingresado en 2016, mientras que el de Islas Huichas en 2017. En febrero de 2024, la CRUBC había rechazado ambas solicitudes.

• Pero, un fallo de la Corte Suprema en noviembre de 2025 ordenó retrotraer el proceso, tras acoger dos recursos de protección presentados por las comunidades solicitantes.
• La sentencia estableció que el organismo colegiado actuó de forma discriminatoria al rechazar las solicitudes sin fundamentos técnicos suficientes, incumpliendo el deber legal de justificación y afectando el principio de igualdad.

“Deficiente implementación”. Según fuentes de la industria salmonera, la principal problemática con la ejecución de la Ley Lafkenche es la incertidumbre que genera. Cuando una comunidad indígena ingresa una solicitud de ECMPO, las solicitudes de uso marino de terceros en la misma zona —como concesiones de acuicultura, marítimas y áreas de manejo— quedan suspendidas.

• Esta paralización se mantiene mientras se tramite la solicitud y solo pueden retomar su curso si es rechazada.
• De acuerdo con el reglamento de la Ley, los plazos de tramitación de un ECMPO deberían bordear un año. Pero, según un estudio de Pivotes de junio de 2024, los procesos están tardando en promedio 5,9 años.
• Tomás Monge, gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile, expresó que “es urgente revisar los efectos que ha generado la deficiente implementación de la Ley Lafkenche, paralizando tramitaciones públicas y privadas durante décadas”.
• Agregó que “reafirmamos la importancia de avanzar hacia un ordenamiento territorial moderno y robusto (…) que permita retomar la competitividad de los sectores productivos y las regiones”.
• Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, indicó que es necesario mejorar la Ley Lafkenche, debido a que “está generando un alto nivel de conflictividad en nuestro país; hace que comunidades indígenas peleen entre ellas”.
• Esto, porque diversas organizaciones indígenas de las Islas Huichas se opusieron a la ECMPO, argumentando que no se les permitió participar en el proceso; además, la comunidad solicitante solo tenía 38 integrantes y no trabajaba recursos del mar.
• Sobre la ley, el alcalde de Aysén, Luis Martínez, detalló: “Sigue presentando serias deficiencias. En particular, no establece un sistema de gestión integral que permita a las comunidades, al gobierno regional y a los sectores productivos contar con información clara, actualizada y precisa ante la solicitud de un ECMPO”.

Críticas a la Conadi. Otro de los puntos cuestionados durante la votación de este martes fue el rol de la Conadi, organismo encargado de elaborar el Informe de Uso Consuetudinario que acredita las prácticas tradicionales de una comunidad indígena en un territorio determinado.

• El alcalde de Cisnes, Francisco Roncagliolo, fue el primero en apuntar contra la institución, señalando que existía un vicio en el informe emitido.
• “Existe un conflicto de interés porque este organismo incursionó en una embarcación de propiedad de la comunidad para delimitar y definir los espacios que podían ser considerados como consuetudinarios”, afirmó.
• Seguel atribuyó los retrasos en estas tramitaciones a la Conadi y a la Subsecretaría de Pesca, ya que recién en enero de 2024 presentaron las carpetas correspondientes para que la comisión pudiese votar.
• “Ambas instituciones tienen un rol muy relevante; eso hay que fortalecer. La capacidad técnica de la Conadi es muy importante para el futuro de la aplicación de la Ley Lafkenche”, explicó.
• Fuentes ligadas a la CRUBC detallaron que el informe de la Conadi estaba mal elaborado, ya que no acreditó el uso de los bordes costeros, no incorporó georreferenciación y no incluyó evidencia suficiente.