La burocracia que ahoga

El liderazgo pedagógico es fundamental para mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, incluso el mejor equipo directivo tiene escasas posibilidades de impulsar mejoras profundas si no dispone del tiempo y la autonomía necesarios para ejercerlo. En la práctica, muchos equipos deben dedicar largas horas al cumplimiento de un conjunto muy amplio de obligaciones normativas, reduciendo el tiempo disponible para orientar los procesos de aprendizaje, desarrollo e inclusión de sus estudiantes.

Dos factores explican la magnitud de esta carga: por un lado, la complejidad y falta de claridad de un volumen excesivo de normas; por otro, la exigencia de numerosos procedimientos administrativos destinados a fiscalizar su cumplimiento. Ambas dimensiones se ven agravadas por la ausencia de evaluación regulatoria, la presión por respuestas inmediatas y la inercia institucional y política, que dificultan cualquier ajuste.

Muchas normas continúan vigentes simplemente por lo que podríamos llamar una “inercia burocrática”, o la respuesta más común en el Estado: “siempre se ha hecho así”. Paralelamente, se siguen incorporando nuevas exigencias que aisladas pueden tener sentido, pero que no se evalúan en el contexto del marco regulatorio existente ni consideran la capacidad real de los establecimientos para cumplirlas. A esto se suma la producción de regulación “reactiva a coyunturas”, menos reflexiva y a menudo redundante, que puede terminar atentando contra los mismos fines que busca proteger.

El resultado es un sistema normativo que afecta directamente la labor pedagógica de los equipos directivos y erosiona la legitimidad de la regulación educacional en su función de garantizar el derecho a la educación.

En este punto es necesario transparentar una premisa fundamental: este documento no es neutral. Parte de la convicción de que la autonomía de los establecimientos educacionales, como colaboradores del Estado en la concreción del derecho a la educación, es un bien público que debe ser preservado y fortalecido. Esta autonomía no es una concesión por gracia del Estado. Se trata de una condición indispensable para que las comunidades educativas desarrollen sus proyectos educativos, respondan oportunamente a las necesidades de sus estudiantes y aporten diversidad, innovación y propósito al sistema. Una regulación excesivamente densa o procedimientos fiscalizadores desproporcionados no solo generan carga administrativa, sino que también erosionan un componente esencial del sistema educativo chileno: la capacidad de cada comunidad para organizarse, deliberar y actuar de acuerdo con el proyecto educativo que los une.

Por eso, en Pivotes entendemos que el análisis del impacto regulatorio y la simplificación normativa no son consignas abstractas, sino herramientas concretas de política pública. Revisar, simplificar y coordinar mejor las obligaciones vigentes y los procedimientos asociados a su cumplimiento permite liberar tiempo y energía de equipos directivos, docentes y asistentes de la educación, fortaleciendo así su autonomía y la capacidad del sistema para garantizar efectivamente el derecho a la educación.

Luego de presentar un diagnóstico más detallado sobre las causas que originan la carga administrativa, en este documento proponemos siete medidas orientadas a avanzar hacia un sistema regulatorio más simple, coherente y pertinente, que permita fortalecer la autonomía de los establecimientos y liberar tiempo para el liderazgo pedagógico.

Estas medidas se pueden agrupar en dos:

1. Diseñar un mecanismo permanente de revisión y simplificación normativa, que reduzca duplicidades, elimine disposiciones inaplicables y mejore la calidad del marco regulatorio.
2. Ordenar, limitar y reducir los procedimientos administrativos de fiscalización, promoviendo un enfoque más eficiente y centrado en la colaboración, la pertinencia y el resguardo efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en general de quienes integran las comunidades educativas.

No buscamos elaborar un catálogo exhaustivo, sino demostrar, mediante ejemplos concretos, que la racionalización de las potestades normativas y fiscalizadoras del sistema educacional chileno no solo es necesaria, sino perfectamente posible.