El Llanquihue
El bloqueo del borde costero
Un reporte de Pivotes muestra el impacto económico por fallas normativas, que asfixia a la industria pesquera y acuícola del sur.
Un 61 por ciento de la costa en la Región de Los Lagos permanece bajo un bloqueo administrativo que frena el desarrollo de sus habitantes, una cifra alarmante que grafica cómo la Ley Lafkenche sufrió una metamorfosis profunda, pasando desde un legítimo espíritu reparatorio hacia un candado burocrático que asfixia el dinamismo territorial. La evidencia expuesta por el centro Pivotes confirma una pérdida de rumbo especialmente dolorosa para quienes habitan zonas dependientes del mar, desde pescadores artesanales de Calbuco hasta operarios acuícolas en Quellón o Puerto Montt, quienes observan con impotencia cómo las fallas de diseño normativo mantienen inmovilizados cientos de proyectos productivos. El núcleo de esta crisis radica en el efecto suspensivo automático, un mecanismo que congela cualquier tramitación paralela apenas se presenta una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, originando una incerteza jurídica brutal que paraliza inversiones formales.
El conflicto de Isla Desertores resulta decidor respecto a esta enorme desproporción, considerando que una demanda levantada por 57 personas inmoviliza 248 mil hectáreas e impide el avance de una veintena de iniciativas de terceros desde hace más de tres años. La industria salmonera, motor económico indispensable para el sur de Chile, resiente con particular dureza este cerrojo acumulando millones de dólares en inversiones paralizadas, un escenario crítico que motivó a la diputada Claudia Reyes a advertir que ‘no podemos seguir aceptando que la burocracia mantenga congelado el borde costero’.
Frente a este estancamiento crónico, el Congreso Nacional debe asumir la urgencia de despachar una reforma estructural que elimine la suspensión automática y el silencio administrativo positivo, dotando de plazos racionales al actuar estatal. El resguardo de las tradiciones ancestrales constituye un imperativo ético indiscutible para la sociedad, pero dicho cuidado jamás debe operar como un ancla para el progreso de miles de familias sureñas, exigiendo hoy un equilibrio legislativo sensato que devuelva la operatividad al mar que sostiene económicamente a toda la región.
