No basta con cambiar gobiernos,

En política, no toda contradicción es un error. Cambiar de opinión puede ser sensato para administrar los desacuerdos. Pero cuando las contradicciones se acumulan sin explicación ni propósito, dejan de ser ajustes tácticos y se desnaturaliza la democracia, impidiendo a la ciudadanía poder anticipar las decisiones de sus gobernantes. Eso es lo que ha mostrado el gobierno durante las últimas semanas.

Un veto sin precedentes

Primero fue el “autoveto” presidencial al proyecto de simplificación regulatoria. El Ejecutivo vetó artículos clave de una iniciativa elaborada, defendida y acordada con la oposición por sus propios ministerios. El hecho es inédito desde el retorno a la democracia: un gobierno que se desautoriza a sí mismo, abusando del desbalance entre poderes del Estado que tanto criticó y evadiendo el sano debate democrático que se da en la discusión legislativa.

Antes había sido la promesa presidencial de un impulso pro inversión. Ya en 2024 el ministro Mario Marcel había acordado un fast-track pro inversión con el Congreso en el contexto del Pacto por el Crecimiento Económico.

Este año, los objetivos se redujeron sustantivamente, muchos proyectos antes priorizados salieron de la agenda legislativa. La última esperanza fue el anuncio del ministro Marcel en el Chile Day que se presentaría un proyecto para agilizar y reducir la incertidumbre en los proyectos de inversión en descarbonización, que incluía una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que alcanzaría US$7.500 millones.

Finalmente, en su cuenta pública, el Presidente aguó el anuncio, comprometiéndolo para el fin del gobierno y solo para acelerar el fin de las termoeléctricas. De reformas al SEIA, ni una palabra. Probablemente, las presiones internas fueron insoportables.

Por último, un caso igual de grave: 42 diputados oficialistas presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra una ley promovida por su propio gobierno. Se trata del proyecto de “permisología”, pieza central de la agenda del ejecutivo para promover la inversión. Que los parlamentarios oficialistas busquen frenar en tribunales lo que su coalición impulsa desde el gobierno no es solo una señal de desorden: es una muestra explícita de que el Ejecutivo no controla su propia base legislativa.

Los tres hechos revelan una coalición sin prioridades compartidas y partidos políticos en permanente contradicción interna.

Urge una reforma al sistema político chileno

Pero el problema es aún más grave y profundo que la falta de voluntad o impericia de los liderazgos del gobierno de turno. Lo que estamos viendo es el reflejo de un sistema político que permite -e incluso fomenta- que estas situaciones ocurran.

Por eso no es posible, justo, ni útil, limitarse a identificar ganadores o perdedores entre izquierdas y derechas, para sacar algún provecho político corto. Lo que estamos erosionando día a día con estas prácticas, cada vez más gravemente, es la legitimidad de todo el sistema político para responder a las necesidades sociales de chilenas y chilenos.

La pregunta relevante entonces es: ¿cuántos gobiernos más podemos soportar con libertad para vetarse a sí mismos, denunciarse por inconstitucionalidad o prometer y priorizar para después solo defraudar? En Pivotes creemos que no da para más. La profundidad del daño al país que hemos permitido por no ajustar nuestro sistema político es enorme.

Los tres casos comentados dan cuenta de que medidas como establecer mecanismos que permitan ordenar el comportamiento de los parlamentarios dentro de una coalición de gobierno, incluyendo sanciones drásticas para quienes actúan en contra del programa que comprometieron respaldar; limitar la fragmentación de los bloques legislativos mediante un umbral mínimo de representación para los partidos políticos, que incentive la formación de colectividades con responsabilidad programática; son hoy impostergables.