Gobernar (liderar) es explicar

“Gobernar es explicar” dijo el ex presidente español Felipe González. El arte de gobernar no es sólo tomar decisiones y administrar el aparato público, sino que también lograr que esas decisiones sean comprendidas, asumidas y sostenidas por la ciudadanía, en su condición de sujeto activo del proceso democrático.

El arte de liderar pasa también por explicar, por mucho que no resuene en nuestra escena política. Sobran actores preocupados de reaccionar y listar medidas frente a cada contingencia; faltan aquellos abocados a explicar las razones subyacentes a los problemas sociales y a proponer reglas orientadas a resolverlos. Reformas duraderas, que trasciendan un ciclo de gobierno. Veamos.

Frente a las deficiencias en la administración del Estado —viajes, licencias, ausentismo, asignaciones directas, paralizaciones ilegales— abundan medidas ad-hoc que solo abordan síntomas: sumarios, sanciones, despidos y cambios de jefaturas. Como si solo pasara por las personas y no fuera necesario explicar las fallas en los diseños institucionales y las reformas necesarias. Así ocurre con el estatuto administrativo de 1989, laxo en la entrada, flojo en la evaluación de desempeño y rígido en la salida. El resultado es una cultura de impunidad donde los abusos son más probables.

Un fenómeno similar se repite con la permisología que ahoga la economía. Se suele culpar al criterio de los funcionarios, o a la voluntad política (o falta de) de quienes gobiernan, para luego proponer enérgicas medidas administrativas y de gestión. Pero rara vez se explican las fallas institucionales subyacentes. Por ejemplo, que se mantengan abiertas durante todo el proceso de evaluación ambiental cuestiones fundamentales como el área de influencia o quiénes participan y en qué, amplificando la incertidumbre, la conflictividad y la judicialización.

Ante los déficits educacionales, la respuesta es plantear intervenciones en la sala, como si no fuera evidente la necesidad de explicar las restricciones regulatorias para una colaboración público-privada, donde cada cual ejerce su rol. Una alianza donde el Estado podría dejar de idealizarse como el arquitecto y prestador exclusivo del sistema público, para pasar a definir y fiscalizar estándares de calidad, acceso y competencia exigibles a instituciones, públicas o privadas, dispuestas a contribuir a aumentar, adecuar, diversificar y mejorar la oferta.

Frente a la pérdida de liderazgo en el litio (pese a las mejores reservas del mundo), tampoco parece haber ánimo para explicar que recuperar el liderazgo exige abrir la cancha para que sean muchas las empresas que exploren, piloteen tecnologías y las lleven a escala comercial. Y que para ello necesitamos un instrumento —concesiones mineras o CEOLES asignados en licitaciones competitivas— que brinden seguridad jurídica de largo plazo.

A quienes desde distintas veredas —medios, academia, sociedad civil y empresa— nos interesa la cosa pública, tenemos el deber de contribuir a que, sobre todo en tiempos electorales, el debate aborde las fallas institucionales subyacentes, y a contrastar las propuestas para corregirlas con visión de largo plazo. Chile no resiste otro ciclo electoral plagado de reacciones contingentes y medidas efectistas, pues lo que no se explica hoy, difícilmente será parte de una agenda reformista mañana.