Dar lecciones con el Estado a favor

En una entrevista hace algunos días, una alta ejecutiva de la empresa que se adjudicó uno de los proyectos energéticos más importantes del último tiempo —la línea de transmisión de Kimal-Lo Aguirre— destacaba lo bien que había funcionado la institucionalidad ambiental y permisológica de nuestro país. Entre otras cosas, consideró que haber negociado con más de 500 organizaciones, a lo largo de 28 comunas, no era una dificultad, bastaba con no llevar la negociación por la prensa y seguir las normas de sostenibilidad del Banco Mundial. Señaló que la tramitación de 5 mil permisos no solo no era irracional, sino que estaba plenamente justificada, mirando lo que calificó como «el lado positivo del permiso». Incluso dijo que, por la urgencia del proyecto, la empresa no podía quedarse en las quejas o en el reclamo por la permisología, sino que debía actuar.

El mensaje resulta contrario a la posición que han tenido todos los gremios empresariales e incluso la Comisión Nacional de Productividad, que consideran que el volumen de permisos y la discrecionalidad administrativa son una traba para generar mayor inversión en Chile. ¿Qué pasó aquí entonces? Dos factores que pueden ser determinantes.

Primero, el origen del proyecto Kimal-Lo Aguirre está en una licitación realizada por el propio Estado, que se comprometió a construir la línea para que esté operando en 2029. En este caso, no sólo se eximió a la empresa de un proceso crítico como es el estudio de franjas, que podía significar dos años adicionales de tramitación, sino que el propio Ministerio de Energía apoyó al SEA con capacidades para una expedita revisión del proyecto. El resultado: una evaluación en tiempo récord para un proyecto de esta envergadura.

En segundo lugar, la empresa ha hecho bien las cosas, sin duda, pero además la línea de transmisión constituye un activo crítico para que Chile pueda cumplir sus compromisos de descarbonización, permitiendo que se inyecte al sistema eléctrico energía proveniente de centrales eólicas y solares ubicadas en el norte de nuestro país.

Lo que es claro es que las ventajas de que gozó este proyecto no la tienen otros de igual, mayor o menor magnitud. Por el contrario, generalmente la actitud de los servicios públicos es de escepticismo y de mucha atención a las observaciones de actores interesados. Creer que se pueden dar lecciones y sacar conclusiones para el sistema de permisos y evaluación ambiental de un caso como Kimal–Lo Aguirre es realmente no percibir la excepcionalidad del trato que el Estado le dio a este proyecto.

Quienes abogan por un sistema de evaluación que pondere adecuadamente los riesgos y potencie la inversión, deben partir de la base que los incentivos actuales están puestos en ralentizar y no acelerar los proyectos de inversión. Eso es precisamente lo que hay que cambiar, y no transmitir autocomplacencia basada en la excepcionalidad.