Gobernar por Decreto:

El rector Carlos Peña advirtió sobre la grave amenaza que para las democracias liberales supone prescindir del Congreso y gobernar por decreto. Hoy, la Superintendencia de Educación intenta hacerlo por la vía administrativa.

Mediante un reciente dictamen, podría dar el golpe final al financiamiento compartido: obliga a cerca de 700 colegios particulares subvencionados, aún con copago y elegidos por miles de familias, a renovar la matrícula de alumnos que no pagan. En la práctica, el pago se vuelve voluntario.

Para hacerlo de manera sutil el dictamen ofrece una mala salida: que los colegios evalúen la situación socioeconómica de sus comunidades —sin herramienta alguna— o judicialicen el cobro. Olvida que no son casas comerciales cobrando una tarjeta de crédito, sino comunidades que deben garantizar la educación a niños, niñas y adolescentes. El quiebre de esas comunidades no importa; que decidan los tribunales.

El problema central es la forma. Resolver por dictamen, como advierte Peña, implica saltarse al Congreso e imponer por vía administrativa una idea discutida y descartada en la tramitación de la Ley de Inclusión Escolar. En ese momento se acordó eliminar gradualmente el copago a medida que aumentara la subvención estatal.

En la actual decisión no hubo participación ciudadana, deliberación, reserva legal, regla de mayorías ni informe financiero. Bastó la firma de una superintendenta para poner en jaque un modelo de acceso a la educación que —guste o no— la ley permite y muchas familias siguen eligiendo. Como enfatiza Peña, gobernar así es una grave amenaza. Quienes valoran el debate democrático debiesen compartir la preocupación por el proceder de la Superintendencia, incluso si coinciden con el fondo de lo que plantea.

José Manuel Astorga, Pivotes