Los “amarres” y el ingreso

Tras conocerse el acuerdo al que llegó el Ejecutivo con los funcionarios públicos, aparecieron las primeras diferencias entre el gobierno y la administración de republicanos.

Uno de los primeros roces políticos entre la administración actual y la entrante la generó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que es quien lleva las negociaciones de reajuste del sector público junto con su par de Trabajo. La molestia la generó la incorporación de puntos respecto a la manera en que se podrán despedir a funcionarios del Estado y también una norma expresa respecto a las futuras contrataciones que podrá hacer el presidente electo José Antonio Kast. El senador electo Arturo Squella ya levantó la alerta ayer y dijo en este diario que «si el Gobierno sigue con los amarres, estaría dinamitando nuestra relación», en relación a los nudos ciegos que quedaron en evidencia. Y hoy advirtió que podrían votar en contra. La molestia es aún mayor, pues esos puntos no están en el pliego original de peticiones de las asociaciones de funcionarios públicos. La situación podría ser más tensa si se considera, de acuerdo a una solicitud reciente de Transparencia a la Dirección de Presupuesto, que actualmente existen 26.303 funcionarios que ingresaron en los últimos 4 años.

Los amarres entre gallos y medianoche

Dentro de las 19 páginas del acuerdo, que deberá llevarse al Congreso la primera semana de enero para su votación, existen dos puntos que han sido cuestionados por los republicanos: el primero respecto a la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas y que se debe hacer «únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico». También se podrán reclamar vicios de legalidad, entre otras condiciones. El segundo y más delicado, según economistas y expertos consultados, tiene relación con una norma que pretende regular a las personas que presten asesoría directa en «el gabinete del Presidente de la República, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales, delegados presidenciales, seremi y jefes superiores de servicios designados por el Presidente; respecto a su modalidad de contratación, causales de cese, límites a su número y remuneraciones, inhabilidades y mecanismo de transparencia».

El economista José Ignacio Llodrá plantea que «si fuera por dotación de servicios, en Presidencia solo se podrían contratar 3 asesores porque la dotación es de 375 personas. Según transparencia, en la Subsecretaría de Hacienda existen 119 personas con contratos de honorarios con descripción de asesoría, eso es el 66% de la dotación por ley de la Subsecretaría de Hacienda. Presidencia y la Subsecretaría de Hacienda son servicios públicos donde los asesores representan la mayoría de su personal, dada la naturaleza de sus funciones. Mientras que en ministerios que entregan servicios directos a la ciudadanía, como Salud y Educación, la cantidad relativa de asesores es ínfima. Para hacer una reforma así es importante entender la naturaleza de cada servicio y de cada ministerio y eso requiere una reforma más detallada».

Las cifras de las contrataciones con Boric

José Antonio Valenzuela, director de Incidencia de Pivotes, va más allá y plantea que respecto al primer acuerdo, vale decir, las restricciones para sacar a funcionarios, «es en la práctica la legalización del principio de confianza legítima en su peor versión, pues reconoce el derecho a no ser desvinculados a funcionarios con tan solo 2 años en el Estado. Esto viene a agravar el problema de un sistema con incentivos perversos, y con una clara finalidad de dificultar el margen de acción de un futuro gobierno que no es afín al actual». Si se desagregan y se excluyen reparticiones como Salud, Educación, Poder Judicial, Congreso, Servel, Contraloría y Ministerio Público, pues no todos esos cargos llegan por «confianza» a la administración pública, alcanzan los 15.795 funcionarios con dos o menos años de antigüedad y 10.508 los con más de dos años y hasta cuatro de antigüedad. Todos en la era Boric.

Respecto a eso, Valenzuela argumenta que:

«Si bien es necesario avanzar a una adecuada regulación de los asesores de confianza política, esto tiene que ser parte de una reforma más profunda e integral al Estatuto Administrativo, que profesionalice y despolitice el Servicio Civil. Es problemático usar políticamente las reglas del empleo en el Estado para restringir el margen de acción de un futuro gobierno, más aún cuando esto proviene del signo político opuesto».

Por su parte, Llodrá agrega que «una propuesta de creación de un nuevo estatuto de asesores es una reforma muy compleja para hacerla de forma tan rápida en una ley de trámite especial como la ley de reajuste. Además este tema no estaba en el petitorio de la ANEF y no es parte de las ideas matrices de la ley». Y añade: «La información que aparece en la minuta del Gobierno deja varias dudas. Dice que los asesores estarán limitados a un 1% de la dotación global. ¿Por qué se eligió ese porcentaje? ¿Cuántos asesores existen? ¿Cuál es la dotación relevante, para calcular el número? ¿La planta y la contrata, se incluirán a los honorarios?».

Acuerdo alcanzado por Grau se caería en el Congreso

En el Ejecutivo defienden las normas, pues indican que esto tiene que ver con las conversaciones que llevan adelante con el sector público y lo que intentan estas normas es regular y diferenciar a funcionarios de planta o de carrera que llevan años en el Estado de los asesores políticos que llegan con cada administración. El presidente de la ANEF, José Pérez, ha defendido los “amarres” de la negociación que encabezó y ha dicho que «somos nosotros los que atendemos a la ciudadanía en momentos de catástrofe, incendios, terremoto, pandemia. Somos los primeros en atender a esa ciudadanía que es más demandante. Y nosotros rendimos cuenta». El mayor temor para ellos es que se cumpla con una promesa de campaña de Kast que es reducir el número de funcionarios en el caso a quienes ha calificado como “operadores políticos”. El asunto se zanjará la primera semana de enero cuando llegue al Congreso y se debate, sin embargo, algunos parlamentarios ya han adelantado que rechazarán la propuesta como viene.