Judicialización ambiental

Qué observar. Un reciente informe elaborado por Pivotes revela que los proyectos de inversión que enfrentan impugnaciones en el sistema de evaluación ambiental pueden tardar más de cuatro años adicionales en trámites judiciales antes de concretarse, aun cuando en la gran mayoría de los casos las resoluciones ambientales favorables no cambian.

• El hallazgo refuerza la discusión sobre la necesidad de superar las trabas regulatorias como condición indispensable para retomar el crecimiento.

La tramitación interminable. Desde la creación de los Tribunales Ambientales en 2013, 614 proyectos han ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). De ellos, un 17% fueron impugnados al menos en el Comité de Ministros, lo que equivale a 106 proyectos. No es un número menor si se considera que esos proyectos representan un 19% de la inversión total sometida al sistema en este período.

• El problema no es solo la cantidad de proyectos impugnados, sino el tiempo que toman los procesos. Según el análisis, las reclamaciones ante el Comité de Ministros tardan en promedio un año y siete meses en resolverse. Si la causa escala a los Tribunales Ambientales, el trámite agrega un año y tres meses adicionales. Y si finalmente llega a la Corte Suprema, la demora promedio es de un año y dos meses más.
• El resultado es que un proyecto puede quedar detenido 4 años, 2 meses y 2 días adicionales a la evaluación inicial antes de tener la luz verde definitiva.

Un mecanismo que rara vez cambia algo. Uno de los descubrimientos del estudios es que esa judicialización casi nunca altera el resultado de fondo. De los 106 proyectos impugnados en el Comité de Ministros, solo en dos casos se revirtió una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. En los Tribunales Ambientales, la cifra de proyectos cuya RCA fue anulada llega al 15%, y en la Corte Suprema se reduce a apenas 6%.

• La conclusión es clara: en más del 90% de los casos los proyectos con RCA favorable terminan confirmados, pero tras años de litigios que encarecen la inversión, aumentan la incertidumbre y en no pocos casos empujan a las empresas a desistir de sus planes.
• Para Pivotes, esto demuestra que el sistema se ha convertido en un obstáculo que, más que mejorar la calidad ambiental de los proyectos, genera un costo oculto para el desarrollo económico.

Judicialización como herramienta de bloqueo. Otro dato que refuerza esa tesis es la composición de las reclamaciones. En el 83% de los casos administrativos y en el 93% de los judiciales, las acciones fueron presentadas por terceros: observantes de los procesos de participación ciudadana u otros actores ajenos al titular del proyecto. En contraste, los titulares solo iniciaron el 7% de las reclamaciones ante tribunales ambientales y un 13% de los recursos de casación en la Corte Suprema.

• Esto refleja, según el informe, que el sistema actual permite que la judicialización se utilice como una herramienta de bloqueo de proyectos, más que como un mecanismo efectivo para corregir eventuales falencias. De hecho, la mayoría de las impugnaciones no agregan valor ambiental, pero sí suman meses y años de tramitación.

El impacto en el crecimiento. El diagnóstico coincide con una de las preocupaciones centrales del sector privado: la permisología se ha transformado en un freno estructural a la inversión. En un contexto en que la economía chilena enfrenta bajos niveles de dinamismo, con caídas en la formación bruta de capital fijo y un rezago en sectores como la construcción y la energía, las trabas regulatorias pueden ser tan determinantes como la falta de financiamiento o la incertidumbre política.

• El informe de Pivotes enfatiza que la judicialización ambiental rara vez deriva en una modificación relevante de las resoluciones, pero sí retrasa la ejecución de proyectos que cumplen con la normativa. En la práctica, se traduce en un escenario de menor competitividad, donde los plazos inciertos y los costos asociados desincentivan nuevas inversiones.

La propuesta. Para enfrentar el problema, el centro de estudios plantea un rediseño del proceso de evaluación ambiental hacia un sistema de dos etapas.

• La primera sería una fase temprana, en la que los titulares puedan presentar información general de los proyectos para definir compatibilidad territorial, impactos preliminares y preocupaciones de la comunidad. Esa etapa, además, permitiría acotar qué organismos públicos participarían en la evaluación posterior, reduciendo la discrecionalidad en las observaciones.
• La segunda etapa se centraría en un análisis técnico más acotado, con reglas claras sobre el alcance de las observaciones. Según Pivotes, esto aumentaría la predictibilidad y reduciría los espacios para controversias que luego se traducen en impugnaciones judiciales.
• A ello se suman otras propuestas: acotar la legitimación activa para impugnar, de manera que no cualquier actor pueda retrasar un proyecto indefinidamente; y trasladar los costos de las impugnaciones al evaluador y no al titular, como ocurre en otros países. De esta manera, se generarían incentivos más alineados para limitar la judicialización innecesaria.