EL COMPLEJO BOOM DEL EMPLEO PÚBLICO:

La semana pasada, la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público presentó varias propuestas para contener y disminuir el gasto; medidas solicitadas por Hacienda y la Dirección de Presupuestos de cara al erario 2026. Uno de los aspectos fue el empleo público. Planteó dos cosas claras y urgentes: congelar la cantidad de personas y los salarios. Solo con eso se ahorrarían $856.535 millones. Es que la escalada en números y remuneraciones de los funcionarios públicos ha ido al alza. Según un informe de la Facultad de Negocios de la Universidad San Sebastián, el gasto total en personal del Gobierno Central —que incluye a todos los funcionarios, menos las municipalidades—, asciende a los US$16 mil millones; equivale al 20% de su presupuesto. Si hace 15 años, sus remuneraciones representaban un 2,4% del PIB, en 2024 llegó a 4,9% (ver infografía). En promedio, cada funcionario tiene un costo empresa de unos $2,6 millones. Si se suman las municipalidades, datos de Pivotes aseguran que serían unas 450.000 personas más. Es decir, el gasto en personal subiría de un 4,9% a un 7,1% del PIB.

Esto viene de una necesidad, de una obligación legal, de hacer acciones para volver a la convergencia, entonces uno esperaría una actitud totalmente receptiva, y abierta a incorporar lo que se pueda. Quedan seis meses, medidas administrativas se pueden hacer’, subraya la exdirectora de Presupuestos Cristina Torres. Desde la Dirección de Presupuestos aseguran compartir que el empleo público es una de las principales preocupaciones en términos de la gestión del gasto público. Y adelantan: ‘Estamos ad portas de presentar un proyecto de ley que lo modifique’. Aregan que: ‘Respecto de las propuestas de la comisión, y tal como han explicado diversas autoridades del Ejecutivo, cuando se presente el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 al Congreso, se precisará qué medidas se acogerán’. El martes, los integrantes de la comisión se reunieron con representantes de los candidatos que lideran las encuestas: José Antonio Kast, Jeannette Jara y Evelyn Matthei para socializar estas propuestas.

El empleo que sí crece

Hoy existen unos 461.000 funcionarios públicos. De ellos, 525 son autoridades y cargos de exclusiva confianza presidencial; unos 1.200 son elegidos por Alta Dirección Pública, y 460.000 son funcionarios públicos de planta y contrata. Más de la mitad de ellos están en áreas de Salud y Educación.

Más allá de ello, restando ambos sectores, la dotación ha crecido en 50.000 personas en una década. El informe de la USS asegura que excluyendo a las municipalidades, la cifra creció 57% en los últimos 10 años, sin considerar el traspaso de los Servicios Locales de Educación. ‘De continuar esta tendencia, al año 2030 la cantidad de empleos públicos se habrá duplicado’, se lee en el documento. Y agrega que el dato dista bastante de lo que ha ocurrido en el sector privado, cuyo crecimiento ha sido de 12% en una década. Cristina Torres subraya: ‘El mayor problema, es que hoy día a mayor función del Estado, mayor dotación. Entonces, en vez de preguntarnos primero, ¿podemos hacer esta nueva función con lo mismo?, inmediatamente creamos más empleo’. Lo mismo plantea Galli: ‘Esto no es solo mirar el gasto, sino también mirar cuáles son los incentivos al control de una adecuada gestión de las personas dentro del Estado’. Todo esto, agudizado por las llamadas contratas, contratos a plazo fijo que duran un año. Inicialmente, estos se sumaron como un mecanismo flexible para ingresar al Estado, pero también para salir de él. Pero hace algunos años, ante la solicitud de los funcionarios de mayor protección, empezó la tesis de que las contratas no podían cortarse. Y finalmente el contralor Bermúdez y la Corte Suprema determinaron que contratas renovadas no podrían ser terminadas simplemente por razones de confianza, tenía que haber un procedimiento.

Hasta el 2020, todos los sueldos de los empleados públicos se regían por el estatuto administrativo y la escala única de sueldos. Esta última que venía de fines de los 80, iba constantemente quedando desactualizada, por lo que sucesivas leyes fueron incorporando asignaciones permanentes para ir rectificando los salarios. Tal es así, señala el decano de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber, que personas que tenían un sueldo base de $600.000, podían sumar 27 asignaciones diferentes, más que duplicando el salario inicial. Hace cinco años, una reforma constitucional modificó el artículo 38bis de la Constitución, estableciendo un nuevo mecanismo para fijar las remuneraciones de las autoridades del Poder Ejecutivo y los parlamentarios. Así, las remuneraciones del Presidente, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales, delegados presidenciales, seremis y otros cargos de exclusiva confianza, ya no serían definidas por la escala única de sueldos, sino por la determinación cada cuatro años de una comisión creada para tales efectos. En 2023 surgió la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, que preside el economista y exministro Felipe Larraín. E integran la abogada Patricia Arriagada, el economista Enrique Marshall, el exsubsecretario Alejando Weber y el abogado y expresidente de la Cámara de Diputados Diego Paulsen. Para evitar el sesgo político, esos sueldos deben estar definidos 18 meses antes del inicio del siguiente mandato, por lo que se definieron el año pasado. Y el 11 de marzo del 2026 será la primera vez que se apliquen. Este sistema corrigió varias distorsiones, entre ellas, que los subsecretarios ganen más que los ministros; que algunos jefes de servicio de exclusiva confianza presidencial, como el director de Presupuestos, perciba una remuneración superior a la del ministro de Hacienda e incluso al Presidente, las elevadas rentas de delegados presidenciales regionales y seremis.Según lo que pudo revisar ‘El Mercurio’, por ejemplo, si el Presidente de la República gana hoy $9.168.818, el próximo año recibirá $10.269.076. Los ministros de Hacienda o Interior pasarán de $7.348.983 a $8.451.330; mientras que los subsecretarios respectivos caerán de $8.114.306 a $7.490.083. El director de Presupuestos también verá una baja de 21% en su sueldo: de $10.620.899 a $8.366.817. Y así suma y sigue.

‘Lo definimos en base a varios criterios, revisamos experiencias internacionales, el mercado nacional, costos alternativos, etc.’, señala Weber. Esos salarios que son en torno a 500, solo pueden coincidir con lo que fija esta comisión, subraya el exsubsecretario. El problema es que, además, de esos 500, existen 460.000 que son funcionarios públicos que siguen sujetos al estatuto administrativo y a la escala única de sueldos. Esto hace que hayan funcionarios públicos que ganen más que el Presidente. Además, anualmente las asociaciones de funcionarios negocia el reajuste de los salarios, que es un alza finalmente, ya que tiende a ser más que el IPC. ‘Jurídicamente, tenemos un estatuto administrativo que data de fines de los 80, esa es la regulación que existe y que no está en línea con cómo se ha actualizado el Código del Trabajo’, señala Cristina Torres. Estos no solo tienen las asignaciones adicionales, sino además, los llamados bonos por desempeño establecidos por ley, que se pagan en cuatro cuotas: marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.

¿Los principales? El PMG, Programa de Mejoramiento de la Gestión, que tiene que ver con metas de la institución, y el CDC, Convenio de Desempeño Colectivo, que son metas del equipo en particular. El objetivo de los bonos inicialmente era introducirle mayor gestión a la función público, y generar incentivos para retener a los mejores. Inicialmente, a ellas se sumaron las metas individuales, que rápidamente fueron eliminadas aduciendo que podían generar envidia y conflictividad, recuerdan en el sector. Los indicadores de cumplimiento en el caso de los PMG los determina fundamentalmente la Dipres. Y el Convenio de Desempeño Colectivo son metas que fija cada servicio. ‘Hay un sesgo enorme a poner metas muy bajas que son muy fáciles de cumplir’, señala un economista. ‘Imagínate si un equipo de trabajo no cumple las metas, se le paraliza el servicio al jefe de servicio’, añade. Explica que se llega al absurdo de establecer metas por cantidad de reuniones para difundir tal o cual programa. ‘Tiene un problema de diseño enorme, hay muy pocos indicadores que son de resultados, vinculados a la satisfacción de los usuarios’, destaca. Y en las metas determinadas por Dipres, si bien contactados aseguran que es más exigente, de todas formas el cumplimiento es del orden del 95%. ‘Hoy cerca del 15% de las remuneraciones de los funcionarios públicos corresponden a ‘bonos’ que se cumplen en casi el 100% de los casos. Eso significa que un componente que se supone ‘variable’ es en realidad fijo’, destaca Weber. ‘Los servicios empezaron a crear metas que estaban cumplidas de antes. Entonces, se perdió el objetivo. Los servicios cumplen los objetivos, el problema es que las metas no son desafiantes, se cumple lo que se puede hacer’, subraya la exdirectora de Presupuestos Cristina Torres. Las asignaciones por desempeño llegaron a los US$ 900 millones en 2024, un 6,2% del gasto de planta y contrata. De ese total, unos US$ 600 millones son básicamente por PMG y CDC. ‘La idea original del legislador, respecto a que este fuera un componente variable de renta, se ha transformado un componente fijo, a tal nivel que administraciones previas han pensado sincerar esto y sumarlo a la renta fija’, destaca Weber. ‘El cálculo de remuneraciones en el Estado es un caos, porque cada servicio tiene asignaciones distintas y por lo tanto remuneraciones distintas. La escala única de sueldos está lejos de ser única’, agrega Galli. ‘Cualquier ciudadano que quisiera ver cómo se compone la remuneración de un funcionario público, no tiene cómo hacerlo’, subraya Weber.

No hay dos voces. Todos los contactados coinciden en que se debe replantear la forma en que se determinan los salarios: ya no existe ‘la planta’, los contratos se podrían homologar con los del sector privado, en cuanto a ser indefinidos o a plazo fijo, etc. El congelar las alzas y las contrataciones —como plantea la comisión de gasto— es solo un punto de partida.

Por ello, la comisión de gasto planteó además modificar el estatuto administrativo. En teoría se deben tener remuneraciones que respondan al grado de responsabilidad que tiene cada funcionario. ‘No es lo mismo ser director de Presupuestos que director del Inapi, por lo que no deberían tener remuneraciones equivalentes’, dice un experto. Si bien, políticamente es complejo anunciar que se congelan los salarios, sí es más simple apuntar a congelar las contrataciones. ‘Eso se puede hacer altiro’, dice Torres. ‘No por lo difícil no vas a tener siquiera la conversación, estamos en un momento en que los esfuerzos se tienen que hacer’, añade respecto a congelar los sueldos. Desde Dipres adelantan que el proyecto de ley que se prevé ingresar al Congreso en las próximas semanas contempla diversos temas, como regulación de contratas y de cargos de confianza política. En diciembre, el ejecutivo debe negociar como cada año el reajuste de las remuneraciones del sector público.

‘Las dos acciones se podrían implementar inmediatamente y también sería una tremenda señal avanzar en la modificación al estatuto administrativo, que es donde tenemos la madre de todos los problemas en la eficiencia del Estado’, concluye María José Abud.