Radiografía

Tenemos un régimen del empleo público con una entrada laxa, sin una correcta evaluación de desempeño en la carrera del funcionario y una salida rígida, que no permite premiar y distinguir a los trabajadores de buen rendimiento y compromiso de los de bajo rendimiento. Este diseño atenta contra un buen servicio público hacia los ciudadanos.

El tamaño, composición y evolución del empleo público en Chile son relevantes. Se estima que 1.208.000 personas trabajan en el sector público, distribuidas principalmente entre el Gobierno Central (650.000), municipalidades (450.000), universidades estatales, empresas públicas y otras instituciones.

Parte del problema que observamos es que no existe un registro único y consolidado de funcionarios, lo que dificulta la gestión, transparencia y fiscalización del aparato estatal.

El empleo público se rige por el Estatuto Administrativo de 1989, que distingue entre funcionarios de planta, a contrata y a honorarios. Aunque el régimen de contrata fue concebido como transitorio, hoy representa la principal forma de contratación y su despido ha sido rigidizado por jurisprudencia de la Contraloría. Esto ha debilitado los incentivos a la evaluación del desempeño y ha limitado la capacidad de gestión de los directivos públicos.

El gasto en personal representa el 20% del presupuesto del Gobierno Central y equivale al 4,9% del PIB en 2024, cifra que asciende a 7,1% si se incluyen las municipalidades. Este gasto ha crecido sostenidamente en los últimos 25 años, duplicándose en la última década, especialmente por el aumento de personal en salud y educación.

El número de funcionarios del Gobierno Central ha aumentado en 180 mil en los últimos 10 años, especialmente en servicios de salud y con la creación de los SLEP. Sin embargo, también se observa un crecimiento persistente en áreas administrativas, lo que plantea desafíos en términos de eficiencia y sostenibilidad fiscal.

Es urgente contar con mejores registros, revisar los incentivos del sistema de contratación, y reforzar la capacidad del Estado para gestionar su personal con criterios de mérito, eficiencia y servicio a la ciudadanía.