Pivotes
La inercia en el empleo público
El Estatuto Administrativo del Gobierno Central tiene una serie de deficiencias que generan una inercia en el empleo público: éste crece continuamente en el tiempo, sin una evaluación de si este crecimiento está alineado con entregar un mejor servicio a los ciudadanos.
En el Gobierno Central coexisten principalmente dos tipos de regímenes laborales:
- Personal de planta: Son trabajadores que requieren un concurso público para su contratación y su desvinculación es rígida, para garantizar una entrega continua de los servicios públicos.
- Personal a contrata: No requieren un concurso público para ingresar y su contrato termina cada año, con posibilidad de renovarlo. Están pensados en la necesidad de dar flexibilidad al Estado para desarrollar tareas específicas y por un tiempo definido.
El Estatuto Administrativo establece que el número de funcionarios a contrata de una institución no pueden superar el 20% de los de planta. Pero en la práctica esta norma no se cumplió. Desde 1995 el número de funcionarios de planta se ha mantenido casi constante y los a contrata ha ido en aumento.
Hoy un 68% de los funcionarios son a contrata: entraron al Gobierno Central sin necesariamente pasar por un concurso público y, debido al dictamen de Contraloría en el 2016 que asimiló sus reglas del despido a los de planta, la mayoría de los funcionarios sólo pueden ser despedidos bajo causales estrictas.
Además, no existe una evaluación de desempeño exigente: en los últimos 5 años, el 98% de los servicios evaluados recibieron el bono por desempeño completo.
De esta forma, tenemos un régimen del empleo público con entrada laxa de los funcionarios, sin una correcta evaluación de su desempeño y con una salida rígida de éstos.
Esto ha generado que el número y el gasto en funcionarios crece año a año. En los últimos 10 años, el número de funcionarios ha crecido sobre los 10.000 puestos anuales, y hoy el Estado está gastando $4.078.295 millones anuales más que en el 2014 en pagar sueldos.
Por último, la percepción de calidad de los chilenos hacia los servicios prestados por los funcionarios no es buena. Según la Encuesta de Confianza de la OECD 2023 en la que participan 30 países:
- Chile es el país de la OECD con el menor nivel de confianza hacia los funcionarios públicos
- Forma parte de los únicos siete países en que los ciudadanos confían menos en los funcionarios públicos que en el gobierno nacional.
En Pivotes proponemos un nuevo estatuto de empleo público que permite terminar con esta inercia, aumentando la exigencia en la contratación, implementando un sistema de evaluación de desempeño exigente y ampliando las causales de desvinculación.
