"Parte de la política ambiental

El retiro de 43 decretos ambientales por parte del Gobierno reabrió una discusión que en Chile nunca ha terminado de resolverse: cómo equilibrar el desarrollo económico con la protección del medioambiente. La medida generó críticas, pero también puso sobre la mesa una pregunta más profunda sobre la coherencia y efectividad de la política ambiental del país.

Durante los últimos años, Chile ha destacado internacionalmente por el aumento de sus áreas protegidas, especialmente en el océano. Sin embargo, ese avance cuantitativo convive con indicadores de desempeño ambiental que siguen siendo bajos en comparación con países desarrollados. Para algunos expertos, el problema no está en la falta de instrumentos, sino en la forma en que estos se implementan.

José Antonio Valenzuela, abogado de la U. de Chile, máster en políticas públicas (LSE) y director de incidencia de Pivotes, ha estudiado de cerca este escenario. Señala que el sistema de permisos ambientales tiene problemas de diseño que generan incertidumbre, duplicidad de procesos y retrasos que terminan afectando tanto la inversión como la gestión ambiental efectiva.

Valenzuela sostiene que Chile ha evitado enfrentar el conflicto político de fondo que atraviesa la discusión ambiental. A su juicio, mientras ese debate no se haga explícito, el país seguirá avanzando en medidas que muchas ve-
ces son más simbólicas que sustantivas.

‘Hay un problema bastante estructural’

—¿Cómo interpreta la decisión del Gobierno de retirar los decretos ambientales emanados de la administración Boric?

—Creo que lo primero es entender que hay una dimensión administrativa que es bastante normal. Cada vez que llega un nuevo Gobierno, se revisan los decretos y normativas que se heredan, porque finalmente son decisiones de las que después se tiene que hacer cargo. Eso pasa en distintas áreas, no solo en lo ambiental. Ahora, evidentemente el número llama la atención; no es menor hablar de 43 decretos. Pero cuando uno entra al detalle, se da cuenta de que muchos de ellos eran muy recientes, incluso firmados en los últimos días de la administración anterior. Entonces eso hace que la revisión sea más entendible, porque no son políticas consolidadas en eI tiempo, sino decisiones bastante frescas.

Y añade: ‘Dicho eso, también hay un componente político que es importante reconocer. Estamos frente a una nueva administración que tiene una mirada distinta sobre cómo abordar la política ambiental. Y eso es legítimo. Lo relevante hacia adelante no es tanto el retiro en sí, sino qué se va a hacer después: qué decretos se reingresan, con qué enfoque y qué tipo de discusión se abre’.

—¿Qué le parece que algunos decretos se hayan firmado prácticamente a última hora?

—Ahí hay que distinguir. No todos los decretos son iguales ni tienen la misma historia detrás. Hay algunos que vienen de procesos largos, con bastante trabajo técnico, pero hay otros que efectivamente dan la impresión de haber sido apurados. Y eso responde, en parte, a una lógica política bastante conocida: tratar de dejar ciertas cosas instaladas antes de que termine un Gobierno. Aveces es para marcar una señal, otras veces para influir en la agenda del Gobierno siguiente. El problema es que cuando eso se hace sin suficiente profundidad o sin una mirada más integral, termina generando más cuestionamientos que certezas. Y ahí es donde aparece esta idea de que parte de la política ambiental se hace para la galería, para mostrar resultados, más que para construir soluciones duraderas.

—Se habló de una política de Estado ambiental. ¿Comparte esa idea?

—Yo no creo que exista una política de Estado en el sentido estricto. No hay un acuerdo amplio, sostenido y coherente en el tiempo sobre cómo debe ser la política ambiental en Chile. Lo que sí existe es una cierta continuidad en algunas herramientas, como la creación de áreas protegidas. Pero eso no necesariamente responde a una estrategia bien pensada, sino más bien a una forma de hacer política que se ha ido repitiendo. Y por eso creo que este es un buen momento para detenerse y preguntarse si lo que estamos haciendo realmente está dando resultados. Porque una cosa es acumular instrumentos y otra muy distinta es lograr una gestión ambiental efectiva.

—Usted compara a Chile con países como Noruega. ¿Qué revela esa comparación?

—Es una comparación bien ilustrativa, porque rompe con la intuición de que más protección declarada significa mejor desempeño ambiental. Noruega, por ejemplo, tiene cerca del 1% de su océano protegido, mientras que Chile está en torno al 50% o más. Sin embargo, Noruega aparece consistentemente en los primeros lugares de los rankings de desempeño ambiental, mientras que Chile está bastante más atrás.

—¿Qué sería lo diferente que está haciendo Noruega en comparación con Chile?

—Ellos ponen el énfasis en la gestión concreta. Se preocupan de que sus industrias principales —la minería, la madera, los salmones— reduzcan su impacto y sus emisiones en las operaciones que ya tienen, no solo en los proyectos nuevos. Es una política mucho menos ‘sexy’, mucho menos vistosa y da probablemente menos titulares, pero es infinitamente más efectiva. Lograr que las industrias que ya operan reduzcan su impacto es mucho más relevante que decretar el 54% de protección oceánica. Ese es el camino de Noruega: reducir el impacto real en lugar de firmar decretos que después tienen un impacto negativo en sus propias industrias.

—Usted estuvo trabajando con Horizontal en un documento sobre permisos que le entregaron al ministro de Energía en enero. ¿Qué problemas detectaron ahí?

—Lo que encontramos es que hay un problema bastante estructural. Hay permisos que no cumplen los plazos legales, procesos que son excesivamente largos y una carga administrativa que muchas veces no agrega valor real. Esto tiene consecuencias bien concretas. No es solo un problema técnico. Los proyectos se atrasan, se encarecen, se vuelven más inciertos. Y en algunos casos, simplemente dejan de hacerse. Lo más complejo es que muchas veces ese aumento en los costos y en los tiempos no se traduce en una mejor protección ambiental. Entonces terminamos con un sistema que es más exigente en la forma, pero no necesariamente más efectivo en el fondo.

—¿Cuál sería un ejemplo de esos procesos engorrosos?

—Un ejemplo clarísimo son las concesiones marítimas. Es probablemente el permiso con mayor nivel de incumplimiento de plazos legales. Para un proyecto grande, como un puerto o una desatadora, necesitas que el Estado te de permiso para usar despacio costero. Para eso se pide un proceso participativo. El tema es que ese proceso ya ocurrió dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde la comunidad ya se pronunció. Pero cuando vas a sacar la concesión marítima, tienes que volver a hacer otro proceso participativo, no en el SETA, sino en las comisiones regionales (CRUBC). Es una duplicidad de protecciones para el mismo objetivo que agrega muchísimos días al plazo total. Ese es un proceso que se podría eliminar perfectamente.

‘Proteger no es solo firmar un decreto’

—¿Qué significa realmente que Chile proteja el 50% de su océano?

—Significa que hemos avanzado mucho en términos de declaratorias, pero eso no necesariamente equivale a protección efectiva. Porque proteger no es solo firmar un decreto. La protección real implica gestión, recursos, fiscalización, presencia del Estado en el territorio; y ahí es donde muchas veces estamos al debe. Entonces se genera una especie de ilusión: tenemos cifras muy altas de protección, pero eso no se refleja necesariamente en mejores resultados ambientales. Y eso debería llevarnos a cuestionar el enfoque.

—¿Cómo describiría la relación de Chile con su medioambiente?

—Yo diría que es una relación bastante tensa. Hemos operado durante mucho tiempo bajo la idea de que hay un consenso respecto a la sustentabilidad, pero en realidad ese consenso es más aparente que real. Hay visiones muy distintas sobre cómo compatibilizar desarrollo y medioambiente. Hay sectores que creen que son incompatibles y otros que creen que deben ir de la mano. Y ese desacuerdo no se ha abordado de manera frontal. Entonces terminamos con políticas que intentan equilibrar sin resolver, que buscan dejar a todos medianamente conformes, pero que en el fondo no abordan el problema de raíz.

—¿El problema es técnico o político?

—Es ambas cosas, pero en el fondo es político. Definir el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental es una decisión política, no técnica. Tiene que ver con prioridades, con valores, con qué tipo de país queremos construir. Y cuando tratamos de esconder eso detrás de discusiones técnicas, lo único que hacemos es postergar el conflicto. Yo creo que necesitamos transparentar ese debate y darlo de manera más honesta, porque si no, seguimos acumulando tensiones que después se expresan en conflictos más complejos.

—¿El sistema actual desincentiva la inversión?

—Sí, claramente. Hoy día el sistema de permisos es uno de los principales factores que los inversionistas consideran. Y cuando se encuentran con plazos largos, incertidumbre y alta judicialización, muchos optan por no seguir adelante. Eso no significa que haya que eliminar regulaciones, pero sí que hay que revisar si el equilibrio al que llegamos es el adecuado. Porque hoy da la impresión de que ese equilibrio está desajustado.

—¿Qué países le parecen un buen ejemplo de cómo equilibrar protección ambiental y desarrollo económico?

—Si uno mira, por ejemplo, el ranking de Yale que mide la gestión ambiental a nivel global, los países que lideran consistentemente son los nórdicos. Ahí aparece Estonia —que no es estrictamente nórdico, pero sí del norte de Europa— y luego vienen Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Ahora, cuando uno analiza estos casos con más detalle, se da cuenta de que su principal herramienta no es la declaración de áreas protegidas o la protección formal de territorios y océanos. Más bien, el foco está puesto en intervenir directamente en sus industrias principales. Es decir, avanzar hacia procesos productivos más limpios, más eficientes y compatibles con la protección ambiental y la conservación de la biodiversidad. Eso no significa que no existan políticas de protección territorial, pero cuando las hay, suelen ser medidas bien diseñadas, efectivas, y sobre todo, acompañadas de recursos concretos para que realmente funcionen.

—¿Por qué cree que Chile no ha logrado replicar un modelo así?

—Es difícil, porque no hay una sola explicación. Hay factores culturales, pero también diferencias políticas profundas en torno a los temas ambientales. Muchas veces se asume que en Chile existe un amplio consenso sobre el desarrollo sostenible, pero en la práctica ese consenso es más bien aparente. Cuando uno mira con más detención, se da cuenta de que hay sectores que no comparten esa visión. Por un lado, existen organizaciones ambientalistas que cuestionan la idea misma de desarrollo sostenible; y por otro, todavía hay una parte del mundo productivo que ve al medioambiente como un obstáculo.

—¿Cree usted que Chile cuida su medioambiente o solo dice que lo cuida?

—Yo diría que cada vez lo cuida más, pero todavía hay una brecha importante entre lo que declaramos y lo que hacemos. Tenemos una institucionalidad que ha avanzado y que funciona, pero también tenemos muchos espacios donde la política ambiental sigue siendo más declarativa que efectiva. El desafío es justamente cerrar esa brecha: pasar de la lógica de los anuncios y los decretos a una gestión ambiental más concreta, más basada en resultados y menos en símbolos.