José Antonio Valenzuela y rechazo al “amarre”:

-Pivotes fue una de las organizaciones que se opuso públicamente a la norma de “amarre”. ¿Por qué considera que su rechazo es una buena noticia para el Estado?

-Porque mientras lo que necesita el país es un Estado más profesional y meritocrático, esta norma avanzaba en la dirección contraria. La contralora Dorothy Pérez fue especialmente clara: amarrar funcionarios a contrata cuya selección tuvo componentes políticos relevantes va en contra de los funcionarios de carrera, dificulta la gestión de las nuevas autoridades y sienta un precedente negativo para una ciudadanía que ya percibe que el Estado se utiliza por la política como una agencia de empleo.

-¿Qué problema concreto generaba esta norma en la administración pública?

-Consagraba por ley la versión más radical de la llamada “doctrina de la confianza legítima”, que se origina durante la gestión de Jorge Bermúdez. Esa doctrina sostiene que los funcionarios a contrata -que por definición legal son cargos transitorios-, luego de dos renovaciones, pasan a ser considerados permanentes. Asignarles esa condición genera mayores restricciones para las desvinculaciones y rigideces adicionales para las autoridades entrantes en la gestión de sus equipos.

-¿Qué riesgos implicaba aprobar una norma que limitaba la capacidad del próximo gobierno para gestionar sus equipos?

-Que se habría dificultado la no renovación de funcionarios contratados por este gobierno en cargos de confianza política. En su exposición en el Senado, la contralora mostró que existe un número muy relevante de funcionarios a contrata que ingresaron durante esta administración —tal como ha ocurrido en gobiernos anteriores— en cargos altos de la administración del Estado y sin concursos públicos. De haberse aprobado la ley tal como la presentó el Ejecutivo, esos funcionarios no habrían estado obligados a dejar sus cargos. No corresponde tratar a ese tipo de funcionarios como trabajadores permanentes del Estado.

-¿Cómo debería equilibrarse la estabilidad laboral con la evaluación de desempeño en el sector público?

-El rechazo de la norma de amarre está muy lejos de resolver los problemas estructurales del empleo público. La figura de las contratas se ha transformado en un obstáculo para su adecuado funcionamiento y hoy no tiene sentido mantenerla. Debiésemos avanzar hacia un sistema que exija concursos para todos los cargos públicos y evaluaciones que entreguen información relevante para la toma de decisiones, permitiendo ordenar de mejor a peor a los funcionarios de un servicio. Para que eso ocurra, es necesario otorgar un mayor margen de gestión a los jefes de servicio, de modo que la desvinculación de los funcionarios peor evaluados no sea una obligación automática, sino una atribución de la autoridad.

-¿El sistema actual de contratas sigue siendo funcional o requiere una revisión de fondo?

-Requiere una revisión profunda. Esta figura se creó como un mecanismo transitorio, pensado para no superar el 20% de los cargos. Hoy ocurre exactamente lo contrario: la gran mayoría de los funcionarios del Estado está bajo esta modalidad laboral. Eso genera distorsiones muy grandes en el sistema, precisamente porque nunca fue diseñado para operar de esta forma. Se hace urgente una reforma integral al Estatuto Administrativo.

-Usted ha planteado la necesidad de modernizar el Estatuto Administrativo. ¿Qué cambios son hoy ineludibles?

-Primero, eliminar la distinción entre plantas y contratas, creando una única categoría de funcionario público permanente. Segundo, regular de mejor manera el ingreso, estableciendo concursos como regla general y exigiendo mejores justificaciones para la creación de nuevos cargos. Tercero, fortalecer los sistemas de evaluación, con curvas estandarizadas que permitan identificar con claridad a los mejores y peores trabajadores de un servicio. Cuarto, modificar las causales de desvinculación, entregando un mayor espacio de gestión de equipos, pero manteniendo el principio de estabilidad funcionaria. Además, es clave incorporar algún tipo de protección social frente a la cesantía del funcionario público, que hoy enfrenta una mayor precariedad en comparación con el resto de los trabajadores.

-¿Dónde están, a su juicio, las principales rigideces que afectan la eficiencia del Estado?

-Nuestro Estado tiene rigideces muy relevantes en materia de empleo público, asociadas a un Estatuto Administrativo que no se modifica sustancialmente desde hace casi 40 años. Esa obsolescencia ha ido generando incentivos perversos. Además, el Estado ha sido incapaz de desarrollar mecanismos de autoevaluación que permitan mejorar los procesos de creación de leyes y reglamentos, revisar qué cosas no están funcionando y corregirlas oportunamente. Eso se traduce en la ausencia de un proceso regulatorio bien pensado, tanto para mejorar las reglas con las que opera el propio Estado como las que aplica a los privados en su rol de regulador y fiscalizador.

-¿Es posible avanzar hacia un sistema más meritocrático sin precarizar el empleo público?

-Sí, creo que es perfectamente posible. De hecho, gran parte de los cambios que requiere el sistema de empleo público apuntan justamente a proteger a los funcionarios de carrera de la influencia de la política y de personas nombradas a dedo, que muchas veces ocupan espacios que deberían estar reservados para trabajadores que han hecho carrera en el Estado.

-¿Ve voluntad política real para una reforma estructural al empleo público?

-Lamentablemente, no. La voluntad política aparece solo tras escándalos específicos. Algo de eso se vio luego del caso de las licencias médicas que destapó la Contraloría. Hubiera sido ideal que el ministro Grau cumpliera con la promesa de ingresar una reforma al empleo público, como anunció públicamente. Sin embargo, cuando estos casos pierden protagonismo mediático, la inercia vuelve con facilidad y los cambios que se impulsan terminan protegiendo a grupos de poder más que mejorando el funcionamiento de las instituciones. La llamada “ley de amarre” fue un ejemplo claro de eso.

-¿Qué debería hacer el próximo gobierno en sus primeros meses respecto del Estatuto Administrativo?

-Impulsar cambios inmediatos y potentes en la gestión del empleo público y, al mismo tiempo, presentar reformas que se hagan cargo del problema de fondo en el largo plazo. Hay aspectos muy relevantes que no requieren cambios legislativos, como hacer de los concursos la regla general, evitar el nepotismo o modificar la forma de evaluar a los funcionarios. Eso se puede hacer con fuerza desde el primer día. Pero si se quieren cambios que realmente muevan la aguja y perduren en el tiempo, la audacia debe ser mayor y requiere la intervención del Congreso Nacional mediante una reforma al Estatuto Administrativo.