LA SEGUNDA

Presidente de Pivotes promociona su Iniciativa Popular de Norma y pide que pacto fiscal cambie lógica de cargos de confianza

Entrevista a Bernardo Larraín

Bernardo Larraín

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El empresario y presidente de la Fundación Pivotes, Bernardo Larraín, lideró la iniciativa “Estado sin pitutos”, propuesta de norma constitucional que busca cambiar los criterios de asignación de confianza en el Estado, algo a su juicio, clave para terminar con malas prácticas en la gestión de recursos públicos.

“Estado sin pitutos” obtuvo más de 18 mil firmas, posicionándose entre las iniciativas populares más votadas de las que serán discutidas por el Consejo Constitucional. Ahora, el empresario contextualiza la propuesta en el marco del polémico caso fundaciones que comenzó con “Democracia Viva”.

—¿Considera que el caso de Democracia Viva genera una nueva crisis de credibilidad?

—Si bien el foco que hasta ahora se le ha dado es revisar los mecanismos de transferencia directa a las fundaciones, mejorar los estándares de gobernanza y de rendición de cuentas de esas organizaciones, hay además fallas estructurales del Estado que posibilitan que esto ocurra: una diputada cuyo exjefe de gabinete toma el rol de Seremi, su pareja es parte de la fundación que recibe los recursos y al mismo tiempo es asesor de un ministerio. ¿A qué me refiero? Demuestra la cancha libre que tienen los gobiernos para designar a personas cercanas en cargos que son relevantes y administran recursos públicos.

—El cuoteo político en cargos públicos es histórico. ¿Bastaría regularlo para evitar el mal uso de recursos?

—Si bien no se evitaría del todo, porque siempre en cualquier institución pública o privada existe el riesgo de que existan malas prácticas, si hubiera un régimen de empleo público donde prevalecieran competencias técnicas, la experiencia y la meritocracia para designar cargos, y que limitara el ámbito que tienen los gobiernos para designar personas cercanas, sería un cambio fundamental para inhibir estas malas prácticas.

“En muchos países, el subsecretario es un funcionario técnico”
—¿Qué otros controles mejorar?

—Hay que establecer un régimen de entrega de recursos al mundo de la sociedad civil, minimizar las designaciones directas y aprovechar de mejorar los estándares de gobierno corporativo y de transparencia de las fundaciones. Pero a mi juicio, la condición habilitante fundamental es cambiar el régimen de empleo público.

—Pero no es fácil de modificar.

—Es difícil cambiar el régimen de empleo público o el estatuto administrativo, porque hay actores que se benefician de él. Pero desde el punto de vista técnico está altamente consensuado. Lo han dicho de manera conjunta Libertad y Desarrollo, el CEP, la Fundación Chile 21: hay que delimitar las designaciones de confianza en los gobiernos de turno. El trabajo está hecho, y falta la voluntad política de ingresar un proyecto de ley. Por eso, si bien este tema no se debe acabar en la discusión constitucional, puede habilitarse.

—De ahí que ustedes como organización ingresaron la propuesta ciudadana del “Estado sin pitutos”.

—Fue la cuarta norma más votada de 1.300 que ingresaron. Básicamente tiene el propósito de que se limite el chipe libre de los gobiernos de designar personal de confianza que no necesariamente tienen las competencias y mejorar ese régimen. Pero eso no se agota en la constitución, en paralelo se puede avanzar a nivel legislativo y esa necesidad la abre, además, el caso de Democracia Viva.

—Los detractores podrían decir que esas designaciones de confianza son necesarias, más aun habiendo una enemistad política muy evidente en algunos sectores.

—Esta ha sido una práctica que usan todos los sectores políticos. Todos los gobiernos cuando llegan cambian a miles de personas, incluso aquellas designadas por Alta Dirección Pública (ADP). Estadísticas indican que dos tercios de esas personas a los dos años del aterrizaje de un gobierno la autoridad las cambia por personas más cercanas y eso es una mala práctica que requiere un cambio. Está bien que un gobierno llegue con personas que adhieren a su programa, para eso están los ministros de Estado y sus equipos, pero ¿por qué tiene que extenderse más allá de eso?

—¿En qué espacios debería limitarse?

—En muchos países que admiramos, el subsecretario es un funcionario técnico. Lo dijo Oscar Landerretche: ¿por qué los subsecretarios no son designados por Alta Dirección Pública y solamente que el ministro sea designación política? Son las cosas que hay que regular.

—¿Se debe establecer este cambio en la Constitución?

—Debe estar en las dos avenidas. Sería bueno que el consejo lo precise y tenga algún gesto con la iniciativa popular de norma que presentamos. Eso no implica dejar de impulsar que también ingrese un proyecto de ley al parlamento para estar en paralelo en el área legislativa. Pero el espacio más propicio para eso es el pacto fiscal. El mismo ministro lo ha dicho: el pacto fiscal no solo tiene el fin de cambiar la estructura tributaria, sino que también un pilar de proyección del Estado, bueno, entonces llenémoslo de contenido ese pilar.

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