LA SEGUNDA

“El Gobierno debería ser honesto, el proyecto de la ministra Maisa Rojas no reactiva el crecimiento”

Entrevista a Bernardo Larraín Matte

Bernardo Larraín

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El presidente de Pivotes valoró el sistema de permisos de Grau, pero criticó la iniciativa de evaluación ambiental 2.0 y entregó sus propuestas.

Una vez que se dieron a conocer los proyectos de ley del Gobierno que prometen reactivar la inversión, quitando las fricciones de la denominada ‘permisología’, el Presidente de Pivotes, Bernardo Larraín Matte estudió los alcances de ambas iniciativas. El empresario y expresidente de la Sofofa, en conversación con La Segunda, comenta que la iniciativa inteligente de permisos, liderada por el ministro Nicolás Grau, cumple su cometido: ‘Es positiva y quirúrgica’. Sin embargo plantea sus dudas en relación a la denominada evaluación ambiental 2.0, liderada por la titular del Medio Ambiente, Maisa Rojas. Larraín, acusa falta de foco.

Su principal crítica recae en el proceso de participación temprana voluntario que tiene el proyecto. Considera que no cierra materias de la evaluación que posteriormente se pueden reabrir, manteniendo el actual loop que existe en este tipo de procesos.

-En teoría ambos proyectos facilitarían la inversión según el Gobierno. ¿Por qué el ambiental no lo hace?

-Este proyecto dice que está abordando los plazos de tramitación y la discrecionalidad, pero tiene muchos objetivos más amplios. Participación ciudadana, más justicia ambiental, incorporar principios que han surgido en la discusión más reciente, como el principio precautorio y preventivo. Tiene diversos instrumentos, qué en función de cómo se terminan diseñando tienen la potencialidad de generar un riesgo al objetivo de reactivar el crecimiento. El proyecto de Grau rasca donde pica, me parece mucho más honesto por parte del gobierno. El Gobierno debería ser honesto, el proyecto de la ministra Rojas no reactiva el crecimiento.

-Vamos al detalle. ¿Qué elemento le gustó y cuál debería ser mejorado?

-Hay cosas que son positivas, por ejemplo si una empresa quiere modificar un proyecto, y muchas veces estas modificaciones no tienen relevancia ambiental, lo reemplazan por una declaración jurada. Eso es positivo. Se eliminan las instancias políticas finales, que también es bueno (…) Se instala el silencio administrativo, eso puede ser un incentivo, pero tal vez hubiera sido mejor que hubiera un silencio administrativo positivo, en caso de qué si no hay un pronunciamiento se da por aprobado el requerimiento.

-¿La falta de certeza se mantiene?

-Ahora se amplía la participación ciudadana (PAC). Antes era sólo para los proyectos que tenían carga ambiental. Se genera una nueva categoría de impactos, por ejemplo una empresa que está evaluando un proyecto no sólo tiene que evaluar los impactos directos del proyecto, sino que también se debe analizar los impactos acumulativos y sinérgicos, por ende se introduce más incertidumbre al titular. También amplía quienes tienen la legitimidad para reclamar contra un proyecto.

Etapa previa: dos fases

De acuerdo a Larraín, el proyecto enviado por el Gobierno no genera efectos si las definiciones en la etapa previa al SEIA no son definitorias y no existe una resolución.

‘Una participación ciudadana temprana, tal como propone el proyecto de ley, es una etapa más. Ya que no participa la institucionalidad, no resuelve nada, simplemente se agrega una etapa de participación. Nosotros proponemos que exista una etapa inicial, formal, de evaluación que básicamente se base en una descripción general del proyecto, pero donde la institucionalidad resuelve ciertas materias’.

-¿Qué materias se deberían sellar?

– Resolver tempranamente si el proyecto es o no compatible con la vocación del territorio, cuál es el área de influencia, cuáles son las partes afectadas, y no se pueden reabrir esas discusiones. Si la participación temprana no termina en ninguna resolución, qué valor tiene.

-y propone una segunda etapa más técnica

-Por eso proponemos dos etapas. Una etapa en el fondo general, donde se presentan materias bien generales del proyecto y se resuelven ahí, no se vuelven a reabrir, y luego una etapa segunda eminentemente técnica.

-¿Con qué resoluciones un proyecto podría encarar una segunda etapa?

-Por ejemplo, el área de influencia, definir un perímetro, cuáles son las personas afectadas, después no puede aparecer otro actor que no participó en la etapa temprana reclamando contra el proyecto. Así se hace en Suiza. Allá se solucionan tempranamente ciertas materias fundamentales. Acá ya tenemos una participación temprana voluntaria qué hacen los titulares de los proyectos con las comunidades vecinas, pero si no hay resolución al final de la etapa temprana, esto no tiene valor.

Elemento político

El presidente de Pivotes valora que la iniciativa liderada por Maisa Rojas haya eliminado el Comité de Ministros y las Comisiones Regionales de Evalaución Ambiental (COEVA), sin embargo considera que en una etapa previa vinculante, perfectamente los actores regionales podrían tener voz.

‘Es positivo que se eliminan las instancias políticas finales. Pero creo que de alguna u otra forma van a tratar de influir, a través de la evaluación ambiental estratégica (EAE) por ejemplo, que se fortalece pero que no se precisa cuáles son los lineamientos de ese proceso. Por eso volviendo nuestra propuesta de división de evaluación ambiental de dos etapas, creemos que por ejemplo se puede llevar a la Coeva a la primera parte de la evaluación.

-Hemos visto proyectos donde autoridades regionales continúan reclamando por las líneas base de los proyectos en etapas judiciales. ¿Se debe evitar eso?

-La idea es que todo eso se cierre con una resolución en una etapa temprana, por ejemplo la linea base del proyecto. Y que cualquier reclamación se realice en ese minuto. Pero que no se mantengan calladitos hasta el año octavo, cuando más daño se hace al proyecto, eso no puede pasar.

-Otra queja es que un mismo servicio público opina con criterios diferentes dependiendo de la región ¿Qué opina que el SEA ahora tenga más poder, un poder rector?

-Es es una buena medida fortalecer la condición rectora del SEA en el sistema y no como un mero buzón de las observaciones de los servicios. Pero el asunto es que como el SEA tiene muchas más atribuciones, yo creo que también al proyecto le faltó fortalecer la condición técnica y autónoma del SEA. Por eso yo me pregunto, será razonable que tenga una dirección unipersonal dependiente del gobierno de turno o mejor tener un cuerpo colegiado, robusto, independiente, tipo Banco Central. Si le demos más atribuciones en una dirección unipersonal, es más factible que sea penetrado por intereses políticos. Una dirección unipersonal también es riesgosa.

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