Reformas educacionales en Chile:

‘La reforma en marcha’ fue el eslogan del Mineduc, durante el segundo gobierno de Bachelet. El mensaje presidencial de 2014 afirmaó que la reforma buscaba ‘un sistema educativo moderno y de calidad’. Casi una década después, la realidad dista mucho de esa promesa.

Uno de los pilares de la reforma fue la Ley de Inclusión, que impuso fuertes regulaciones a los colegios subvencionados argumentando que ciertos ‘incentivos estructurales’ obstaculizaban la calidad. Con su frase ‘bajar de los patines’, el exministro Eyzaguirre intentó transmitir la creencia de que, con estas nuevas reglas, el sistema público se beneficiaría en términos de calidad. Sin embargo, hoy no existen pruebas de que el sistema sea menos segregado, ni se han observado mejoras en el rendimiento de la educación pública. Lejos del diagnóstico inicial, se ha evidenciado que las familias de menores recursos tienen brechas de información: desconocen la oferta educativa, el rendimiento de las escuelas o los beneficios a los que podrían acceder. Esto lleva a tomar decisiones subóptimas, como postular a escuelas de peor desempeño. Este ejemplo demuestra que la segregación tiene causas complejas que no necesariamente se deben a las —supuestas— malas intenciones de los sostenedores y directores. Así, las premisas de la Ley de Inclusión eran incorrectas y, naturalmente, los avances en calidad derivados de ella son inexistentes.

Otro pilar de la reforma fue la implementación de la gratuidad en la educación superior, cuyo mensaje presidencial afirmaba que promovería la equidad e inclusión. Sin embargo, la política de gratuidad no ha aumentado la inclusión de estudiantes de bajos ingresos, ya que las principales barreras para acceder a la educación superior en Chile no están relacionadas con los mecanismos de financiamiento, sino con la calidad de la educación en los niveles escolar e inicial. ¿De qué sirve la gratuidad a un estudiante de escasos recursos si no logra ser admitido? La gratuidad sí ha aumentado el gasto público en educación superior, triplicando su presupuesto entre 2014 y 2023.

Así, en la última década se han implementado regulaciones que no han mejorado la calidad de la educación escolar y se han realizado enormes inversiones en educación superior sin aumentar la inclusión. Actualmente, la principal promesa educativa del Presidente Boric es la condonación del CAE, que costaría unos US$ 9.000 millones. O sea, las prioridades siguen lejos de la calidad de la educación que reciben niños y niñas chilenos.

Es urgente que la agenda educativa se enfoque en lo que la evidencia indica: el mayor retorno social a la inversión en educación ocurre en los niveles iniciales, donde existe el potencial de cerrar brechas e impulsar sociedades más equitativas. Sin una revolución de calidad, por más ambiciosas que parezcan las reformas, continuaremos lamentando que nuestro sistema educativo perpetúa la desigualdad no solo en los próximos años, sino en las próximas décadas.