Presupuesto 2026:

Propuestas estructurales para retomar la eficacia del Estado

Para Pivotes, dos de estas propuestas son estructurales y habilitantes para retomar la eficacia y eficiencia del Estado: la creación de una Agencia de Calidad de Políticas Públicas, que evalúe y monitoree programas públicos; y un nuevo régimen de empleo público.

La primera es indispensable para que las evaluaciones dejen de ser meros ejercicios técnicos o académicos y tengan consecuencias concretas en su corrección o eliminación. Y la segunda, para evaluar el desempeño y movilidad de cientos de miles de funcionarios en el Estado que hoy ingresan sin control.

Sin embargo, y a pesar de su transversalidad y el haber sido convocada por el propio gobierno, pareciera que la Comisión del Gasto Público (CGP) fue otra de las tantas comisiones de expertos cuyos informes quedarán enterrados en alguna oficina ministerial. Al menos, así lo dio a entender el ministro del Interior el mismo día de conocido el documento, cuando desestimó la implementación de sus recomendaciones.

No obstante, esta vez la historia podría ser distinta. Aunque lejos de ser el espacio más idóneo para discutir y avanzar sobre estas materias, el debate sobre esta Ley de Presupuesto puede constituir la antesala para anticipar algunos cambios urgentes y dejar los contenidos más ambiciosos para proyectos de ley que se discutan en la próxima legislatura.

1. Por una parte, los parlamentarios debieran exigir el cumplimiento de lo anunciado por el gobierno en cuanto al ingreso de una indicación para reactivar la discusión legislativa del proyecto de ley que crea la Agencia, dado que ella tiene entre sus objetivos evaluar políticas, normas, planes, programas y prácticas dentro de la administración del Estado.

Y por otra, el gobierno debiera incorporar en esa indicación normas para fortalecer su autonomía, capacidad técnica e incidencia, de manera que sus recomendaciones sobre qué programas públicos terminar o modificar no puedan ser soslayadas tan ligeramente como lo hizo el ministro Elizalde.

2. Es insostenible que cualquier discusión sobre el presupuesto de la nación siga obviando la forma como ingresan, evalúan, promueven y se desvinculan funcionarios públicos cuyo gasto ya supera el 7% del PIB.

En este caso, los congresistas, además de exigir que el gobierno ingrese el anunciado proyecto de ley con los cambios que propone al régimen que regula el empleo público, debieran también establecer en esta Ley de Presupuesto lineamientos y condiciones para la gestión del empleo público del próximo año.

Por ejemplo, que la próxima evaluación de desempeño se realice con curvas de distribución estandarizadas y obligatorias (hoy un 97% de los empleados públicos reciben evaluación de desempeño máxima), y que todas las designaciones políticas cesen con el término del actual período presidencial.

Reformar el empleo público

Nadie, con meridiana honestidad, podría desconocer que arrastramos una crisis en el Estado, a resultas de la menor eficacia en el cumplimiento de sus propósitos, del derroche o mal uso de los recursos públicos y de la arbitrariedad y falta de transparencia; todo lo cual redunda en su menor legitimidad y en la pérdida de confianza de los ciudadanos.

Reformar el empleo público, cualesquiera sean los obstáculos o intereses que pretenden impedirlo, se ha transformado en una necesidad tan urgente como insoslayable. Esta discusión presupuestaria es una buena oportunidad para comenzar a romper años de inercia y abrir el debate de las reformas sustantivas que deban implementarse en el próximo ciclo político.