La educación

No se trata solo de gastar menos, sino de priorizar bien y de evaluar lo existente para gastar mejor. Y, sobre todo, hay que recordar que, en todos los países, la prioridad deben ser los niños, niñas y adolescentes y es imperativo no retroceder en la garantía de su derecho a la educación.
El Presupuesto de Educación 2026, que inicia su tramitación, vuelve a dejar en último lugar a los niños, niñas y adolescentes. No es novedad: ya se ha vuelto costumbre que mientras las nuevas inversiones se concentran en educación superior -con un alza de 7,1% en gratuidad universitaria-, la básica y media se estanca o retrocede. Se propone reducir en un 18,5% los recursos de los Liceos Bicentenario, en un 26% los del plan de reactivación educativa, en un 31,5% las becas TIC, que ahora solo beneficiarán a colegios estatales, y eliminar el Plan Nacional de Tutorías. El recorte en educación parvularia es aún más dramático.
Se nos olvida que cuando los recursos son escasos, las prioridades son relevantes. Si no queremos creerle a los múltiples expertos que enfatizan la importancia de la educación escolar, especialmente en los primeros años, quizás el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales puede constituir un buen referente. Éste fija un orden de prioridad claro: la enseñanza primaria es obligatoria y debe ser asequible a todos gratuitamente; la enseñanza secundaria debe ser generalizada y hacerse accesible a todos por cuantos medios sean apropiados; y la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible y progresivamente gratuita, pero sobre la base de la capacidad de cada Estado. Es decir, los niños, niñas y adolescentes más pequeños deben ser la prioridad. Y tiene mucho sentido: la educación escolar es la base de una igualdad de oportunidades real.
Por eso, cuando tenemos estrechez fiscal, el problema no es solo gastar menos, sino fundamentalmente a quiénes ponemos primero y cómo gastamos mejor.
Sobre lo primero, aunque los niños, niñas y adolescentes no voten, es legítimo preguntarse si es razonable retroceder en los recursos para los Liceos Bicentenarios, en el Plan de Reactivación, en las Becas TIC o en las tutorías, para priorizar la educación superior. Y también lo es cuestionar si existen otras inversiones pendientes que deberían priorizarse en el contexto actual. ¿Estamos controlando efectivamente la deserción escolar y el ausentismo crónico? ¿Contamos con una subvención de reingreso que permita a quienes salieron del sistema retomar su proceso formativo? ¿Tenemos capacidad para enfrentar los desafíos del cambio demográfico y la migración, o seguiremos forzando salas con más de 45 estudiantes en algunos lugares mientras mantenemos tres colegios donde bastaría uno en otros? Y, no menos importante, ¿hay establecimientos de buena calidad en enseñanza básica y media en todas las regiones del país?
Sobre lo segundo, también deberíamos preguntarnos si estamos gastando bien. ¿Cuánto le ha costado a Chile la postergación reiterada del traspaso del servicio educativo a los SLEP por ineficiencia? ¿Cuánto nos cuesta rechazarle a un sostenedor el pago de un sueldo de profesor con subvención preferencial mientras pasamos por alto otros desvíos de recursos más sofisticados? ¿Qué tan razonable es que sostenedores que no quieren administrar colegios sigan haciéndolo solo para mantener sus contratos de arriendo, y cuánto nos cuesta esto?
En Pivotes creemos que las respuestas son claras: en la educación escolar no es razonable retroceder en presupuestos que contribuyen a garantizar el derecho a la educación, existen inversiones imprescindibles que están pendientes y muchas de las que estamos realizando podrían mejorarse.
Para cumplir con los mínimos en educación básica y media es imperativo aprobar e incrementar la subvención de reingreso. Donde no existan vacantes, es fundamental habilitar mecanismos de colaboración entre colegios, promover el trabajo en red y permitir que sostenedores de buen desempeño abran nuevos colegios, asegurando el acceso efectivo a educación de calidad.
Por otra parte, para usar mejor los recursos existentes, es esencial exigir que los municipios asuman su responsabilidad en la transición a los SLEP, flexibilizar las restricciones en el uso de subvenciones -dando mayor autonomía a las comunidades para decidir sus prioridades- y enfocar la acción de la Superintendencia en fiscalizar y sancionar los gastos desproporcionados o no educativos. Asimismo, en zonas con sobreoferta o colegios de baja calidad, se deben habilitar opciones como fusiones entre sostenedores distintos o la entrega de la administración de establecimientos a sostenedores de buen desempeño, para poner el foco de las inversiones en la calidad educativa y no simplemente en gestionar la inercia.
La buena gestión requiere audacia. No se trata solo de gastar menos, sino de priorizar bien y de evaluar lo existente para gastar mejor. Y, sobre todo, hay que recordar que, en todos los países, la prioridad deben ser los niños, niñas y adolescentes y es imperativo no retroceder en la garantía de su derecho a la educación.